Más de 1.000 víctimas de abusos y pederastia en dos décadas en el deporte español

El deporte español no conoce el verdadero alcance de los abusos en sus competiciones, tanto profesionales como de categorías inferiores. El impacto del caso de Luis Rubiales, este verano, puso la cuestión sobre la mesa, pero la realidad que hay más allá de ese episodio es aún desconocida. Para arrojar luz sobre ello, EL PAÍS ha enviado un cuestionario sobre los abusos en el deporte, tanto sexuales como de poder o psicológicos, a 152 instituciones deportivas que comprenden todas las federaciones, centros de alto rendimiento y tecnificación y algunos de los principales clubes masculinos y femeninos de los deportes más destacados. El resultado, tras más de un mes de espera en la mayoría de los casos, es que solo han respondido 52 entidades, y ocho de forma incompleta. De ellas, únicamente 17 admiten conocer casos. La ausencia de datos sobre el problema es absoluta.

Por esa razón, al igual que ha hecho con la pederastia en la Iglesia católica española, este diario también ha emprendido un análisis de denuncias, sentencias y casos publicados. Y un rastreo mínimo del fenómeno ya arroja cifras esclarecedoras: al menos 1.055 víctimas en 187 casos que han salido a la luz en las últimas dos décadas, aunque los hechos en muchos casos se remontan a años anteriores, hasta 1962. Sin embargo, en las respuestas al cuestionario de este diario, el deporte español solo admite saber de 61 víctimas, y casi la mitad son de dos de las pocas federaciones que han respondido de forma exhaustiva: gimnasia (20 víctimas) y atletismo (10). En todo caso, como las respuestas no han dado detalles de los casos no se han podido cruzar con los obtenidos por este diario para obtener una suma total.

En la mayoría de los casos contabilizados por EL PAÍS, un 82%, las víctimas eran menores de edad. En cuanto al sexo, 661 son hombres (63%) y 312 mujeres (30%), y de 82 víctimas no hay información sobre su sexo. Contribuye al mayor número de hombres el caso reciente de un entrenador de Sevilla, detenido en agosto y aún bajo investigación, acusado de mantener contactos virtuales con 200 niños, jugadores a los que conocía por el fútbol. Solo seis casos del total son de maltrato, vejaciones o abuso de poder.

En todo caso, un millar de víctimas “es la punta del iceberg, la mayoría ni se denuncia”, opina Iñaki Alonso, director de la consultora sobre derechos de la infancia Kunina Consulting y experto del Consejo de Europa en protección contra la violencia en el deporte, uno de los especialistas de referencia en España. “La mayoría de los casos se resuelven y se tapan con soluciones informales: quitan al entrenador, lo mueven... Muy pocos se materializan en una denuncia”, asegura una experta de protección de menores con más de 10 años de experiencia en instituciones deportivas. Además, advierte, en muchos casos quien acusa se expone a represalias, a ser apartado del equipo, a no ser convocado a una selección: se castiga la denuncia. Este periódico pone a disposición un correo electrónico para investigar casos de abusos en el deporte que no hayan salido a a luz: abusos@elpais.es

Según el reciente informe del Defensor del Pueblo sobre pederastia en la Iglesia, que incluye el sondeo más completo hasta la fecha con un cuestionario a más de 8.000 personas, el 0,28% de los encuestados sufrió abusos en ámbito deportivo. Este porcentaje equivale a unas 116.000 personas adultas residentes en España, con un margen de error entre 70.000 y 163.000, decenas de miles en todo caso. La mitad, un 0,14%, acusa a un entrenador.

Los clubes de fútbol son el lugar donde se ha registrado mayor número de abusos en la contabilidad realizada por EL PAÍS: 71, sin incluir el fútbol sala, con otros 9 casos. Le sigue muy lejos el baloncesto, con 15, y la natación con 12 (la federación no aportó cifras a pregunta de este periódico aduciendo que son datos que quedan “registrados exclusivamente a requerimiento de la autoridad competente”). En total, al menos 37 deportes diferentes registran casos, reflejo de que es un problema extendido a toda la actividad deportiva. Todos los denunciados eran hombres, salvo en cuatro casos donde las acusaciones no eran de abusos sexuales, sino de maltrato y vejaciones (dos en gimnasia rítmica y una en natación sincronizada). En un cuarto caso, una jugadora de fútbol era cómplice del entrenador, su novio, para hacer fotos a escondidas en los vestuarios.

Por comunidades autónomas, la que más casos registra es Cataluña, con 36. Madrid solo figura con 15. La Rioja, con un solo caso, cierra la lista. Por provincias, Barcelona destaca con 31 denuncias. Le sigue Alicante con 11. En Cuenca, Guadalajara o Segovia no se ha localizado ninguna. El 86% ha salido a la luz en los últimos 10 años, aunque en casi la mitad de los casos los agresores abusaron de sus víctimas durante años, y en algunos clubes, de varias generaciones.

El sistema, en cambio, no está pensado para conocer el problema, para que afloren y se registren los casos de abusos. Es un mundo fragmentado, incomunicado, sin reglas claras, y que no ha dado ninguna prioridad a detectar y radiografiar realmente esta lacra. Lo cierto es que los casos contabilizados por este diario muestran un goteo constante, aunque invisible, de denuncias. No trascienden porque aparecen en medios locales, o suceden en pequeños clubes, y sobre todo en categorías infantiles y juveniles no profesionales. Y desde luego nadie se preocupa de sumarlos. Es la realidad que se ha encontrado un abogado que trabaja para varias federaciones: “Los protocolos, los delegados, todo se hace por cumplir y recibir la subvención que te dan por ellos, pero no hay una preocupación real, no interesa”.

En realidad nadie sabe nada. Agustín Martín Santos, presidente de la Federación de voleibol, dice haberse enterado por la prensa de dos de los casos más sonados en su deporte. Uno, el de D. V., entrenador detenido en Madrid en mayo de 2022 por abusar de menores con amenazas; el otro, el de Cosme Prenafeta, exjugador internacional y después entrenador condenado a dos años de cárcel por abusos sexuales. En el cuestionario enviado por el EL PAÍS, la federación notificó que no tenía constancia de ningún caso, pero este periódico ha contabilizado seis. ¿A qué se debe ese desfase? ¿Por qué las federaciones no tienen conocimiento? Así lo explica Martín: “Porque se confunde deporte con federación, pero los casos no guardan relación con ella. El hecho de que nosotros no tengamos casos, no significa que no se den. Se producen la mayoría de las veces en clubes, en categorías inferiores y nosotros no tenemos competencias sobre ellas. Las tienen las federaciones territoriales y de las comunidades autónomas”. Y añade: “Los padres o los deportistas acuden a la Policía, no a la federación; y la Policía no va a informar a la federación. Otra cosa es si ocurriera en la casa o con la selección. Ya me gustaría a mí poder estar al tanto, tener competencias y actuar, pero no podemos porque no tenemos responsabilidad directa”.

Es lo mismo que explica una fuente autorizada de la Federación de Fútbol. Asegura que es la institución que rige el fútbol, pero que los clubes son entidades autónomas y no les tienen que comunicar nada. “Si se da un caso de abuso allí es muy difícil que nos llegue a nosotros, ni somos registro de casos ni somos sancionadores. A no ser que, ante una denuncia en en club, este no haga caso y entonces lo eleven a la federación”. En temas de racismo, sin embargo, sí tienen canales de comunicación, notificación y actuación específicos.

Una fuente del Consejo Superior de Deportes (CSD) —organismo público adscrito al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes— asegura que este asunto es algo que tiene que trabajarse con seriedad. “Para que no se escapen cifras ni a escala nacional ni autonómica, porque las cifras son las que nos ayudan a sensibilizar el problema. Es un proceso que tiene que abarcar no solo la parte sancionadora, sino la concienciación y la prevención en las que todo el sector deportivo tiene que ser contundente. Tenemos que actuar en todos los ámbitos, si descuidamos uno, estamos perdiendo una parte de la foto global”. Sobre las 1.055 víctimas contabilizadas por este periódico dice que, aunque solo fuera una, “hay que ser igual de implacables en este tipo de políticas”.

Las federaciones afirman no tener competencias, las ligas aseguran que ellas tampoco, porque se limitan a organizar competiciones. El CSD ejerce las competencias estatales en el ámbito deportivo, y es, además, el que concede las subvenciones a las Federaciones, pero, al ser estas entidades privadas, no tiene poder sobre ellas. El organismo responde y actúa en casos de abusos que sucedan en sus centros de alto rendimiento o tecnificación, pero no tiene poder sancionador si pasa en una federación o un club. Una segunda fuente del CSD admite que facilitaría las cosas que hubiese un organismo deportivo único sancionador y asegura que es un asunto que está previsto que se retome en esta legislatura precisamente para “velar por los deportistas”.

En los últimos años han surgido algunos casos de eco mediático, como el de Miguel Ángel Millán,. un respetado entrenador de atletismo que preparó, entre otros, al medallista olímpico de decatlón Antonio Peñalver, una de sus víctimas. Fue finalmente condenado en 2019 a 15 años y medio de cárcel, pena ratificada por el Supremo, por abuso de dos menores cuando era su técnico en el club Tenerife Caja Canarias. Peñalver y otros seis antiguos pupilos suyos que sufrieron abusos, de tres generaciones de atletas, acudieron a testificar. La sentencia consideró responsable civil subsidiaria a la federación española de atletismo del pago de los 35.000 euros de indemnización

Antes, en 2013, fue paradigmático el caso de Jesús Carballo, seleccionador nacional de gimnasia artística femenina desde hacía más de 30 años, por cómo explica el miedo a denunciar. Una gimnasta le acusó de abusos en el pasado y el caso había prescrito, pero Carballo la denunció, junto a dos testigos, por atentar contra su honor. La justicia los condenó en un principio a pagar un total de 30.000 euros por vulnerar su honor, hasta que el Supremo lo rechazó en 2018. El alto tribunal, en una sentencia que ha marcado un hito a la hora de denunciar en prensa casos ya prescritos, consideró que el fallo anterior exigía a la gimnasta una prueba de veracidad de sus declaraciones igual o superior a la exigida para dictar una condena penal: “Una exigencia de prueba de la veracidad de tal rigor supone impedir que ese tipo de conductas puedan ser denunciadas públicamente y cargar a las víctimas y testigos que los denuncian con el grave riesgo de sufrir condena por su actuación de denuncia, lo que en la práctica supone una disuasión para la denuncia pública de estos hechos”.

Al margen de los casos que a veces tienen impacto, hay muchos otros que pasan más inadvertidos. Solo este año han surgido varios casos graves. En Huelva fue detenido en enero por abusos el entrenador F. M. L. A., que llevaba 30 años en el club de fútbol femenino Amigos 80 y era técnico deportivo en el campus del Carmen de la Universidad de Huelva. Hay al menos 20 denunciantes, en un equipo cuyas jugadoras ya hicieron una carta en la temporada 2017-2018 para protestar porque se quedaba en las duchas para mirarlas. Tras su arresto, la Policía encontró en su despacho 27 bragas y un conjunto de lencería.

En La Rioja fue detenido en mayo un ojeador de Osasuna, G. S., de 38 años, que entrenaba al Club Deportivo Varea, en Logroño, acusado de abusar de al menos ocho menores, a quienes prometía un futuro profesional en el fútbol. Hay un dato significativo: ya en 2015 y 2021 se presentaron denuncias contra ese entrenador, pero fueron archivadas. Hay más casos donde aparecen agresores reincidentes. Julio Mendiolea, presidente del club de fútbol Churra, de Murcia, que en diciembre de 2022 echó y denunció a un entrenador por presuntos abusos de cinco menores cuenta lo que se encontró en comisaría: “Cuando fui a denunciar me contaron que el técnico ya había intentado abusar de dos chavales en el anterior club en el que había estado cuatro años, el Plus Ultra. El presidente le echó, igual que hice yo, pero ni denunció, con lo cual su certificado de penales quedó limpio, ni tampoco me llamó para alertarme cuando le fichamos”.

Hay condenas muy elevadas, como la de Fernando Torres Baena, profesor de kárate en Las Palmas, condenado a 302 años de cárcel en 2014, con 61 víctimas, o el caso de José Vicente C. F., entrenador en un club de fútbol de l’Horta, en Valencia, que en 2020 recibió una condena de 223 años por abusos a 26 chicos. Pero muchas otras sentencias son de escasa entidad, el acusado no llega a ingresar en prisión y las indemnizaciones son de poco importe. La máxima localizada es de 90.000 euros, una excepción, de una sentencia en Murcia en 2010, y las mínimas, de 500 y 1.000 euros. Un caso llamativo es el del entrenador de natación Leo Armentano, que ha pasado por Las Palmas, Asturias y Cataluña: acumulaba hasta cuatro condenas y nunca entró en prisión, porque siempre eran de menos de dos años, hasta que lo hizo en la cuarta ocasión, en 2022, por reincidencia, pero solo 16 meses.

Este mismo mes ha emergido el caso de J. C. O. C., entrenador de fútbol de benjamines y alevines en el club Barcino, del barrio de Sant Martí, Barcelona, y en el Club de Fútbol Sistrells de Badalona. La Fiscalía de Barcelona ha presentado una querella contra él por la presunta agresión sexual, entre 2014 y 2015, de cuatro jugadores menores. Fue descubierto en 2015 por el presidente del equipo mientras abusaba de las víctimas en los vestuarios y despedido de inmediato. Los padres de las víctimas fueron informados, y la Federación Catalana de Fútbol, pero nadie interpuso denuncia. Poco después, fue descubierto con pornografía infantil en su ordenador, y en 2020, condenado a tres meses de prisión e inhabilitado para trabajar con menores. A pesar de eso, entrenó después al club de Badalona, donde, según las investigaciones, supuestamente abusó de otros dos menores en diciembre de 2022.

Todos estos casos no aparecen en el radar de federaciones e instituciones deportivas. En teoría, cualquier federación tiene que comunicar los casos que conoce en el plazo de un mes al Consejo Superior de Deportes (CSD), que tiene únicamente competencias de vigilancia y no tiene potestad sancionadora. Pero en la práctica la información no llega. “La estructura competencial que tenemos deja muchos casos fuera”, señalan fuentes del CSD. Algunos expertos opinan que, con un desarrollo reglamentario, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), el órgano disciplinario de las entidades deportivas españolas, podría tener mayores competencias en este ámbito e imponer sanciones.

Ninguna entidad tiene registros de casos anteriores a 2010, la de baloncesto tiene desde 2014; pero las demás solo contabilizan datos a partir de 2017 o, en el mejor de los casos, 2020. No hay datos oficiales en España y sin datos es imposible abordar el problema. Solo existe un estudio de prevalencia entre deportistas ―de seis países europeos― y la muestra española es de 1.472 personas, el 78% de las cuales ha declarado haber sufrido violencia interpersonal o abuso dentro del deporte al menos una vez antes de los 18 años. Montserrat Martín, profesora titular de Sociología del Deporte y la Actividad Física de la Universidad de Vic (Universidad Central de Catalunya), que ha participado en el estudio, cuenta que cada vez que ha llamado a la puerta de las federaciones para proponer un estudio de prevalencia se ha encontrado con la misma respuesta. “Si quieres te proporcionamos algo de dinero para que trabajes la prevención, para que hagas cursos y formaciones”. No para estudios de prevalencia. “No quieren cuantificarlo, no quieren saberlo”, opina una dirigente deportiva que trabaja en protección de menores.

Las entidades que no han respondido al cuestionario han dado explicaciones de todo tipo, como falta de tiempo o ausencia de la persona adecuada. El Valencia F. C. objetó que solo respondería si no se publicaba el nombre del club. Un expresidente de esta entidad, Pedro Cortés, presidente del Valencia CF entre 1997 y 2001, y delegado de la Selección Española de Fútbol hasta 2021, fue condenado en marzo a un año y 10 meses de prisión por abusar de un futbolista menor de la cantera del club. Los equipos de fútbol más importantes, como Real Madrid y Barcelona, así como la Federación Española de Fútbol, se han escudado en cuestiones de confidencialidad para no responder sobre el número de denuncias recibidas.

En el Barcelona surgió en 2021 el caso de Albert Benaiges, coordinador del fútbol base del Barça durante 20 años, acusado de pederastia en otros países y contra el que una investigación del diario Ara encontró 60 testimonios en la capital catalana. Finalmente denunciaron 19 personas, aunque el caso estaba prescrito. En el Atlético de Madrid, EL PAÍS destapó en 2019 el caso de Luis Briñas, hermano marianista que había sido responsable de su cantera y fue acusado de abusos en colegios de la orden. El club abrió una investigación, pero no ha informado de su resultado, aunque contesta que no le consta ningún caso. El Athletic de Bilbao remitió a estadísticas del deporte en general. “Sabemos que la violencia en el deporte es una realidad y podemos concluir que no se trata del número de denuncias recibidas, sino de las ocultas”, dice el club, sin aportar sus propios datos.

En el extremo contrario, las federaciones que han aportado información más completa, además de las de gimnasia y atletismo, son baloncesto y balonmano, entre los deportes mayoritarios, junto a otras disciplinas más minoritarias como salvamento y socorrismo, patinaje, tiro olímpico, taekwondo y baile deportivo. Este último deporte, donde hay cuatro casos, siendo poco representativo, es precisamente la prueba de que todo depende de la gestión del problema: “Casos hay, cómo no va a haber, los detectamos porque intentamos hacer las cosas bien”, explica la delegada de protección de la entidad, María Teresa Olmedo. La federación de taekwondo, que contabiliza un caso, cuenta que la denuncia ―por abuso sexual y psicológico― llegó de una deportista ahora mayor de edad que los sufrió cuando era menor. Se decidió a denunciar después del beso no consentido de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso. Entre los clubes, el Levante UD, de fútbol femenino, también ha respondido con detalle y admite dos casos. En baloncesto, el Estudiantes, que no registra ninguna denuncia, es el único club que ha contestado de forma clara.

Todas las entidades, en cualquier caso, pese a callar mayoritariamente sobre lo que saben, se consideran pioneras en temas de protección de menores y presumen de protocolos. La ley de protección del menor de 2020 obliga a federaciones y clubes a tener protocolos de actuación ante estos casos y un responsable dedicado a esta tarea. “Han pasado tres años y muchos clubes y federaciones no tienen delegado de protección”, señala una responsable de protección con más de diez años de experiencia en instituciones deportivas. Esta era una de las preguntas incluidas en el cuestionario de EL PAÍS, si la entidad tenía un delegado de protección, con qué formación y desde cuándo: 48 de las 52 que contestaron han respondido afirmativamente, y la mayoría son personas con estudios en derecho. Esta experta asegura que hay casos en los que tienen un delegado de protección simplemente para cumplir el expediente y que no tienen la formación adecuada. “Falta información, preparación, concienciación, hay mucho por hacer. La ley está hecha, pero hasta que se interiorice pasará tiempo”, reflexiona. Iñaki Alonso dice que hay que tomarse más en serio la protección. “Es muy importante que esa tarea y la de la prevención contra la violencia a la infancia en el deporte no sea simplemente dar charlas y cumplir con el expediente para poder acceder a subvenciones”.

Si conoce algún caso de abusos en el deporte español que no haya visto la luz, puede escribir a: abusos@elpais.es