Un miembro del Opus Dei y funcionario municipal finge ser una víctima para atacar la investigación de la pederastia en la Iglesia

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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Un miembro del Opus Dei que es periodista y funcionario en el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Madrid, se ha inventado un caso de pederastia en la Iglesia que envió al correo electrónico abierto por EL PAÍS para investigar esta lacra, y también a la unidad de atención a las víctimas del Defensor del Pueblo. Se llama Alfredo Fernández y lo ha admitido él mismo en conversación con este diario. Explica que lo hizo para intentar desacreditar la investigación de este periódico, por considerar que “denigra” a la Iglesia. “Como periodista no me ha generado ninguna duda ética”, afirma. El trabajo de este diario, iniciado en 2018, ha revelado cientos de casos y llevó el año pasado a que el Congreso encargara una investigación al Defensor del Pueblo, y a que la propia Iglesia pidiera una auditoría a un despacho de abogados. En este momento, la base de datos de este diario que reúne todos los casos de abusos en la Iglesia conocidos en España, la única existente, contabiliza 1.378 acusados y 2.504 víctimas.

Fernández apareció la semana pasada en el diario Abc, con una foto en la que ocultaba su identidad, contando cómo, según él, había engañado tanto a este diario como a la institución que dirige Ángel Gabilondo. EL PAÍS recibió un mensaje suyo en julio de 2022 en el que el remitente advertía de que no quería hablar por teléfono ni en persona, por lo doloroso que era para él contar su caso. El diario intercambió mensajes con él durante seis meses y finalmente incluyó su relato, muy detallado y que ocupaba cinco páginas, en el tercer informe de casos que este periódico entregó a la Iglesia, en diciembre de 2022, para que pudiera investigarlo. Otros seis meses más tarde, ya en julio de 2023, el periódico publicó un artículo sobre 44 casos que estaban investigando los escolapios, entre ellos este, y preguntó a la orden por todos ellos. Sobre este caso concreto la congregación dijo que aún no había podido averiguar nada. Se mencionó en el texto en el décimo párrafo. El Defensor, por su parte, sumó el testimonio a todos los recabados, un total de 487. A las dos semanas de la presentación del informe de Gabilondo, Fernández se jactó en el Abc de haber “colado” su mentira.

Fernández asegura que no actuó solo, sino con “un grupo de católicos”. Precisa que no es un grupo del Opus Dei ni de una parroquia, sino “un grupo de amigos”. Sostiene que lo hizo a título individual, y que tampoco ha informado a la Obra. “El Opus Dei no tiene nada que ver y no sabe nada de esto, ninguna de las otras personas es del Opus Dei. Es una iniciativa meramente personal”. A la pregunta de si cree que a la Obra le parecen bien este tipo de iniciativas y las aprueba, ha contestado: “No lo sé. No he preguntado, porque tenemos bastante libertad para tomar nuestras propias decisiones”.

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La Obra, al ser informada por este diario del caso, hizo esta declaración: “Nos hemos enterado por EL PAÍS de quién ha sido el autor de esa ficción. Desconocemos tanto la génesis, como la gestión de esa iniciativa. En el Opus Dei las personas actúan libremente y bajo su responsabilidad personal. Desde la oficina de Comunicación del Opus Dei, queremos subrayar que rechazamos cualquier acción que pueda aumentar el dolor de las verdaderas víctimas o cuestionar su credibilidad”. Ante la pregunta de si cree que ha obrado bien y ha sido respetuoso con las víctimas, Fernández responde: “Sí, si no no lo hubiera hecho”.

La falsa víctima señala que tampoco el Ayuntamiento, donde trabaja en el gabinete de prensa, estaba al corriente de su iniciativa: “No lo sé, pero me da igual, no incurre en incompatibilidades, ni por temática, ni por sueldo, porque lo he hecho gratis, soy un ciudadano corriente que puedo hacer lo que quiera fuera de mi trabajo”. Sostiene que no ha enviado los correos en horario de trabajo: “A lo mejor sí, a lo mejor no, pero en cualquier caso todos tenemos derecho a media hora para desayunar y por tanto podemos hacer lo que nos dé la gana”. El Ayuntamiento de Pozuelo, gobernado por el PP, no ha querido hacer valoraciones, pues se trata de las actividades particulares de un funcionario, que no es de nombramiento personal de la alcaldía.

Tres fuentes municipales de Pozuelo coinciden en señalar que toda la impostura de Fernández, que lleva muchos años en el Ayuntamiento, “es muy de su estilo”, pues afirman que durante años ha emprendido campañas de desprestigio contra sus adversarios desde medios locales donde ha trabajado. Fernández admite que fundó el Diario de Pozuelo, pero asegura que ya no escribe en él y que no hay ninguna incompatibilidad con su puesto en el gabinete de prensa municipal.

Muchas víctimas con las que ha hablado este diario están indignadas con lo ocurrido. Miguel Hurtado, que destapó en EL PAÍS los abusos en la abadía de Montserrat, opina que “este caso confirma lo que se ha dicho muchas veces, que el número de denuncias falsas en los abusos en la Iglesia es muy limitado”. “Los estudios dicen que, si acaso, a veces las víctimas no recuerdan bien y pueden confundirse de persona. Lo que ha pasado refuerza la investigación, porque si llevamos más de mil víctimas y hay uno que se la ha inventado, es uno de cada mil”, señala.

Hurtado incide además en que la impostura ofende a las víctimas en otro aspecto: “El comportamiento de esta persona demuestra mala fe, e intenta descalificar a quienes lo hemos hecho de buena fe. Hace una denuncia falsa a sabiendas, y como acusa a alguien que no existe se ha cuidado de no cometer un delito, y esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando yo denuncié en Montserrat a mi agresor por abusos y al abad por encubrimiento, me arriesgaba a que ellos me denunciaran por injurias y calumnias, y EL PAÍS, que lo publicó, también. Este señor no denuncia a una persona con nombres y apellidos, porque se arriesga a una demanda”. Para Hurtado, es un argumento más a favor de que estos delitos no prescriban: “Si fuera así todo esto se podría dirimir en los juzgados. Esta persona no se habría atrevido a ir a un juzgado”.

Juan Cuatrecasas, presidente de Infancia Robada, cree que es una historia “repugnante”. “Es una falta de respeto al trabajo de EL PAÍS y a las víctimas”, acusa. “Intentan causar un daño a una empresa y a una institución pública mediante un caso falso. Y eso es muy grave. Están atacando a las víctimas. Que alguien cometa la osadía de falsear un caso de abusos con el fin de engañar debería ser casi un delito, y la Fiscalía debería tomar nota, porque falsear un testimonio es un fraude. Y se ha acabado la broma. Es una vez más la estrategia de poner en duda la credibilidad de las víctimas”. Cuatrecasas es padre de un menor que sufrió abusos en el colegio Gaztelueta del Opus Dei en Leioa, Bizkaia, cuya denuncia terminó con la condena de un profesor. Es muy crítico con la Obra: “Este es un ejemplo más de cómo reacciona, negando, tergiversando”.

En realidad, la cuestión de los posibles testimonios falsos en los abusos de menores en la Iglesia, sobre todo a la hora de gestionar indemnizaciones, es un debate superado entre los expertos: “Hay un consenso total en una idea: es mejor reparar por error a alguien que no sea víctima, que dejar a una sola víctima sin reparar. No se puede desconfiar de ningún testimonio, sino todo lo contrario”, ha explicado Jorge Cardona, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valencia y que ha sido miembro del Comité de Derechos del Niño de la ONU.