El Congreso aprueba con gran mayoría la comisión que investigará la pederastia en la Iglesia

El PP se suma al apoyo a la iniciativa de una comisión coordinada por el Defensor del Pueblo, que solo recibe el rechazo de Vox

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, y la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Sofía Castañón, este miércoles en el Congreso.
El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, y la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Sofía Castañón, este miércoles en el Congreso.Alberto Ortega (Europa Press)

La primera investigación oficial que se abrirá en España sobre la pederastia en la Iglesia católica nace con un gran acuerdo político. Frente a la única oposición de Vox, el Congreso de los Diputados aprobó este jueves por una amplísima mayoría la propuesta de PSOE y PNV de encomendar la indagación a una comisión de expertos que coordinará el Defensor del Pueblo. El giro del PP, que hasta hace poco mantenía una rotunda negativa, y el principio de acuerdo entre el PSOE y sus socios de izquierda, que pretendían que la investigación se llevase a cabo en el Parlamento, propiciaron un respaldo abrumador a la iniciativa: 286 síes, 51 noes y dos abstenciones, las de los dos diputados expulsados de Unión del Pueblo Navarro (UPN).

El PP ya había deslizado el pasado martes, cuando se debatió la iniciativa, que no se iba a oponer y finalmente votó a favor. También lo hicieron Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, las tres formaciones que en su día habían abierto el debate al proponer que se crease una comisión en el Congreso para investigar los abusos sexuales en la Iglesia. Tras días de negociaciones, las tres fuerzas alcanzaron un “principio de acuerdo” con el PSOE y dieron su apoyo a la propuesta alternativa pactada por los socialistas y el PNV para encomendar el trabajo a una comisión de expertos supervisada por el Defensor del Pueblo.

El PSOE y los nacionalistas vascos se oponían a que la investigación se desarrollase en el Congreso alegando su temor a que derivase en un “espectáculo” y dejase una cuestión tan delicada al albur de la lucha partidista. Por el contrario, los grupos más a la izquierda apelaban al deseo de algunas asociaciones de víctimas de que la indagación fuese pública y en sede parlamentaria. Estas formaciones argumentaban además que solo el Congreso tiene fuerza legal para obligar a comparecer a las personas cuyo testimonio se decidiese recabar.

Lo cierto es que el “principio de acuerdo”· entre el PSOE y sus socios de izquierda es aún muy nebuloso y ni siquiera las dos partes ofrecen la misma versión. En principio se trataría de que el Parlamento pueda intervenir de alguna forma al final del proceso. Una vez concluidas las investigaciones en el Defensor del Pueblo, y que este haya elaborado una lista de recomendaciones, el Congreso podría escuchar también el testimonio de las víctimas que deseen comparecer. Los impulsores de la iniciativa prevén que los trabajos estén finalizados a finales de año y se expongan luego en el Parlamento a comienzos de 2023. Sería el Defensor, Ángel Gabilondo, el encargado de exponerlo a la Cámara.

Una de las demandas de UP, ERC y EH Bildu que, según sus portavoces, han aceptado estudiar los socialistas es la de acometer una reforma legal urgente para que el Defensor tenga la potestad de obligar a comparecer a un testigo si este se resiste. El PSOE, sin embargo, no tardó en rebajar las expectativas sobre esta cuestión. La diputada socialista Carmen Calvo indicó que la propuesta aprobada no contempla esa modificación legal y descartó que se vaya a llevar a cabo. La exvicepresidenta del Gobierno también matizó a sus socios de izquierda sobre la posibilidad de que el Congreso acoja testimonios de víctimas. Solo al final de los trabajos de la comisión de expertos y del Defensor se valorará si conviene recabar otras declaraciones en la Comisión de Justicia de la Cámara, apuntó Calvo. Fuentes de Unidas Podemos replicaron que los acuerdos están recogidos en un documento suscrito con el ministro de la Presidencia, el socialista Félix Bolaños.

Para añadir aún más confusión, el PNV, el grupo que promovía la iniciativa junto al PSOE, mostró su desagrado por el anuncio de un acuerdo que dijo desconocer. “No tengo ni idea, con nosotros no han comentado nada, no sé si han negociado por su cuenta”, se quejó el portavoz del PNV, Aitor Esteban.

Representantes de UP, ERC y EH Bildu habían comparecido conjuntamente en el Congreso, antes de la votación en el pleno, para anunciar su “principio de acuerdo” con el PSOE. El presidente del grupo parlamentario de UP, Jaume Asens, afirmó que los socialistas se han comprometido a que la investigación “no sea opaca”, uno de los temores que había expresado su formación ante la propuesta de dejar el asunto en manos del Defensor del Pueblo. “Habrá un protagonismo del Congreso, no será un mero parche”, aseguró Asens. “Por un lado, habrá comparecencias con luz y taquígrafos de aquellas víctimas que quieran y, por otro lado, habrá una auténtica comisión de la verdad. La comisión de expertos tendrá poderes para obligar, si hace falta, a la Iglesia a cooperar”. Carolina Telechea, de ERC, agradeció el trabajo de los medios de comunicación para desvelar los abusos cometidos durante años en entornos religiosos, “sobre todo el diario EL PAÍS, que inició y abrió la investigación para poder dar respuesta a esa necesidad de las víctimas de sentirse reparadas”. Bel Pozueta, de EH Bildu, celebró: “Se va a abrir el camino para la reparación, algo que nos han demandado todas las víctimas”.

Ante la ausencia de datos oficiales o de la Iglesia, EL PAÍS ha documentado hasta ahora 611 casos de pederastia en templos y colegios de órdenes religiosas, con 1.246 víctimas. El único grupo que se ha opuesto a la iniciativa, Vox, ha argumentado que solo los tribunales deberían ser competentes para aclarar los casos denunciados.

Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es

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