Unidas Podemos, ERC y Bildu piden en el Congreso una comisión de investigación de la pederastia en la Iglesia: “Ha acabado el tiempo de la impunidad”

Es la primera vez en España que se toma la iniciativa en una institución nacional para seguir el ejemplo de otros países y abordar el escándalo

Desde la izquierda, Pilar Vallugera (ERC); Bel Pozueta (EH Bildu); Sofía Fernández Castañón y Jaume Asens (Unidas Podemos), este miércoles antes de registrar la petición de una comisión de investigación sobre los abusos en la Iglesia católica.
Desde la izquierda, Pilar Vallugera (ERC); Bel Pozueta (EH Bildu); Sofía Fernández Castañón y Jaume Asens (Unidas Podemos), este miércoles antes de registrar la petición de una comisión de investigación sobre los abusos en la Iglesia católica.A. Pérez Meca (Europa Press)

Unidas Podemos (UP), ERC y EH Bildu han presentado este miércoles en el Congreso una petición para la creación de una comisión de investigación de la pederastia en la Iglesia católica española. UP había ya anunciado su intención de dar este paso en octubre, en una ronda de consultas de este periódico a los principales partidos sobre la cuestión, y era el único dispuesto a hacerlo. Desde entonces, UP ha hablado con otras fuerzas y finalmente ha tomado la iniciativa con las formaciones catalana y vasca para “investigar las agresiones sexuales en la infancia y la adolescencia cometidas por miembros de la Iglesia católica” y con el propósito de conseguir “información necesaria para poder planificar políticas públicas de reparación, prevención y la atención a las víctimas de esta lacra”, según la petición de la proposición. De acuerdo con el reglamento de la Cámara, las comisiones de investigación pueden ser “sobre cualquier asunto de interés público”.

La comisión, según palabras de Sofía Castañón, portavoz del grupo de UP, parte de la investigación que EL PAÍS lleva desarrollando desde 2018 sobre los abusos en la Iglesia española y, concretamente, del dosier con 251 casos inéditos que este diario entregó al Papa y a la Conferencia Episcopal el pasado mes de diciembre. “Esta investigación no puede quedar dentro de las puertas y de los muros de la Iglesia. Para que estemos hablando de una verdad, justicia y reparación para las víctimas, que en su infancia o adolescencia sufrieron estos abusos y estas agresiones, lo necesario es una que interpele al ámbito legislativo”, ha declarado la portavoz tras registrar la petición. “Es una deuda pendiente en nuestro país. No es una cuestión de ideologías, sino de proteger nuestra infancia”, ha añadido.

La comisión, que para ser propuesta requiere de al menos dos grupos, aún deberá ser aprobada por mayoría para hacerse realidad y, en la práctica, queda en manos del PSOE. Sobre esto, la diputada de EH Bildu Bel Pozueta ha subrayado que “la pelota está en el tejado” del grupo socialista, al que le pide que “se atreva” y lleve adelante esta tramitación. Fuentes del PSOE han declarado este miércoles a EL PAÍS que tienen que analizar la propuesta antes de pronunciarse.

De prosperar, sería la primera vez que una institución de alcance nacional emprendiera medidas para aclarar el escándalo de los abusos en el clero. De este modo, España rompería su inacción ante la cuestión y seguiría el ejemplo de países como Irlanda o Australia, donde el Estado asumió la investigación de los casos del pasado. Hasta ahora, solo han surgido iniciativas a nivel regional, en el Gobierno de Navarra o del Síndic de Greuges, el defensor del pueblo, en Cataluña.

“Ha acabado el tiempo de la impunidad”, ha subrayado con contundencia Pilar Vallugera, de Esquerra Republicana de Catalunya. Otro de los puntos en los que insiste, y que aparece también en el documento que han presentado, es la importancia de esclarecer “si ha habido también algún tipo de responsabilidad política en la ocultación de estos hechos que, más o menos, se conocían”. De aprobarse, la comisión investigará, entre otras cuestiones, el alcance del encubrimiento de dichos delitos en el seno de la Iglesia, el grado de conocimiento en organismos públicos de la existencia de estas prácticas y el número aproximado de víctimas y abusadores.

Hasta ahora, en este proceso la Iglesia española se está investigando a sí misma, sin ninguna transparencia y de forma fragmentada, no centralizada. Entre diócesis y órdenes, hay unas 70 entidades distintas que están investigando sus propios casos, cada una con sus criterios. La Iglesia española siempre se ha negado a revisar el pasado, revelar los casos que conoce y crear una comisión independiente que haga este trabajo, como han hecho los obispos de Francia o Alemania. La única contabilidad de casos existente en España es la que lleva este periódico, suma de sus investigaciones y de las sentencias e informaciones de otros medios, y asciende ya a más de 600 casos con más de 1.300 víctimas desde los años cuarenta.

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Manifestación contra la pederastia en Barcelona en 2017.
Manifestación contra la pederastia en Barcelona en 2017. ALBERT GARCÍA

Por otro lado, la actitud de la cúpula eclesial, señala el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha sido “obstruccionista”, razón que ha empujado a estos grupos a poner en marcha la iniciativa de la comisión. “Son hechos abominables que no solo interpelan a las víctimas, sino que también nos interpelan al resto como sociedad”, ha dicho Asens. El grupo parlamentario Unidas Podemos fue el único del Congreso que, preguntado por este diario en octubre, se mostró a favor de instaurar una comisión de la verdad desde el propio Estado, al estilo de las instituidas hace años en países como Australia. “Por dignidad y derechos humanos esto debería contar con el apoyo del resto de grupos parlamentarios. Nuestra postura es que, si la Fiscalía no inicia las investigaciones, el Estado tendría que abrir un procedimiento para las víctimas. Porque mantener y apuntalar el silencio es una merma democrática importante”, afirmó Castañón. Entonces, el resto de los principales partidos del Congreso (PSOE, PP, Ciudadanos, PNV, Vox y ERC) guardaron silencio. Consultados al respecto, también el Gobierno y los ministerios de Justicia, Presidencia y Derechos sociales, la Fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo alegaron no ser competentes para abordar la cuestión.

Exalumnos del Colegio El Pilar de los Maristas en Vigo, delante del centro educativo donde denuncian que sufrieron abusos sexuales por parte de profesores religiosos.Foto: îscar Corral | Vídeo: EPV

Los precedentes de Australia e Irlanda

Muchos países han ensayado distintas fórmulas para conocer la magnitud del fenómeno de la pederastia en la Iglesia católica. Australia es uno de los ejemplos de referencia. Por petición de la primera ministra Julia Gilliard, el gobernador general de la Commonwealth de Australia creó en 2013 una comisión real. En 2017, presentó un informe donde señaló casi 5.000 casos cometidos por 1.800 clérigos. El Gobierno destinó 40 millones de dólares (unos 34,5 millones de euros) y la Iglesia se comprometió a reparar a las víctimas con indemnizaciones de hasta 150.000 dólares australianos (algo más de 94.000 euros).

En Irlanda, uno de los primeros Estados en actuar, el Gobierno formó una comisión en 1999. En total, más de 1.300 sacerdotes irlandeses han sido acusados de abusos de menores. En Alemania, el Gobierno puso en marcha en 2010 una comisión independiente para apoyar a las víctimas de pederastia de cualquier institución, recopilar información y dialogar con los políticos sobre posibles reformas. En Bélgica, el Parlamento creó la Comisión para el Tratamiento de las Quejas por Abusos Sexuales en la Relación Pastoral de Bélgica, un ente independiente fundado en 2001 y presidido por el psiquiatra infantil Peter Adriaenssens, que recopiló los casos de 475 víctimas de pederastia desde 1960, de las que 13 acabaron suicidándose. Durante la investigación, las autoridades belgas registraron la sede episcopal de Malinas (Amberes) para confiscar archivos relevantes para la investigación, aunque al poco tiempo un tribunal belga lo declaró ilegal.

En Estados Unidos, en cambio, fue la Universidad de Justicia Criminal John Jay de Nueva York la que abrió una investigación en 2004 que concluyó que, entre 1950 y 2002, al menos 4.392 clérigos habían abusado de más de 10.600 personas. Más de una década después, en agosto de 2018, un informe de un gran jurado de Pensilvania reveló que 300 sacerdotes abusaron de unos 10.000 niños en las últimas siete décadas. El fiscal general del Estado, Josh Shapiro, concluyó que hubo “un encubrimiento sistemático por parte de altos funcionarios de la Iglesia en Pensilvania y en el Vaticano”.

Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es

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