Ninguna institución investiga en España la pederastia del clero en el pasado pese a la inacción de la Iglesia

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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Ninguna institución en España se siente aludida o competente para afrontar la investigación de los casos de pederastia del pasado en la Iglesia católica, dado que la jerarquía eclesiástica se niega a hacerlo. EL PAÍS ha preguntado al Gobierno, a tres ministerios (Justicia, Presidencia y Derechos Sociales), a la Fiscalía General del Estado, al Defensor del Pueblo y a los principales partidos políticos del Congreso: PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, Ciudadanos, ERC y PNV. Pero la respuesta general es el silencio o alegar la falta de competencias adecuadas para hacerlo. Solo Unidas Podemos se ha mostrado a favor de instaurar una comisión de la verdad desde el propio Estado, al estilo de las instituidas en muchos países, para ponerse a disposición de las víctimas y obtener cifras del fenómeno. Afirma que como primer paso pedirá la creación de una comisión de investigación parlamentaria. “Por dignidad y derechos humanos esto debería contar con el apoyo del resto de grupos parlamentarios. Nuestra postura es que si la Fiscalía no inicia las investigaciones, el Estado tendría que abrir un procedimiento para las víctimas. Porque mantener y apuntalar el silencio es una merma democrática importante”, afirma Sofía Castañón, portavoz adjunta del grupo parlamentario. También señala la posibilidad de “abrir una oficina por parte de la Fiscalía General del Estado para recoger denuncias anónimas de víctimas”.

La publicación este martes en Francia de un informe sobre los abusos sexuales a menores y su encubrimiento en la Iglesia de este país, con 330.000 víctimas en las últimas siete décadas, ha vuelto a poner sobre la mesa el problema de cómo abordar la cuestión en España. En Francia este demoledor estudio había sido encargado por la Conferencia Episcopal a una comisión independiente, pero los obispos españoles ya han repetido varias veces que no piensan abrir ninguna investigación. La semana pasada admitieron que no tienen una disposición “proactiva”. Ante esta actitud, en otros países ha sido el Estado quien ha tomado la iniciativa para que la magnitud de lo ocurrido saliera a la luz, bien el Gobierno (Irlanda), el Parlamento (Bélgica), o la Fiscalía (Chile). ¿Quién podría hacerlo en España? Nadie, afirman todas las instituciones consultadas.

Para las víctimas es desesperante. “Son los Gobiernos los que tienen que enfrentarse y perseguir un delito estratosférico. No puede ser que nadie haga nada, alguien tiene que tomar la iniciativa”, lamenta Manuel Barbero, padre de un alumno de maristas en Cataluña que fue víctima de abusos. Fue quien se movilizó para encontrar a otros afectados, llevó el caso a los tribunales y obtuvo una indemnización de 400.000 euros para 25 personas. “No puede ser que yo haya tenido que perseguir solo a esta gente, con un desgaste personal y emocional terrible. Si no, no hubiera ocurrido nada. ¿Por qué tienen que ser personas individuales cuando es el Estado el que tiene que pegar un puñetazo en la mesa? Para investigar, hacer públicos los hechos y reconocer a las víctimas”.

Miguel Hurtado, la víctima que destapó el caso de la abadía de Montserrat, cree que el mejor modelo sería una comisión de investigación estatal y que no se limite solo a la Iglesia católica, sino que indague en el abuso de menores en todas las instituciones, como ocurrió en Australia. “Pero el problema en España también es la nula credibilidad de las instituciones para las víctimas en este asunto. ¿Qué político ha alzado la voz contra la pederastia en la Iglesia en los últimos años? Por eso podría ser una comisión avalada por un organismo externo, como el Consejo de Europa o Naciones Unidas”, reflexiona. Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia de Save The Children, cree que “no hay voluntad política” para afrontar una investigación desde las instituciones, pero que en todo caso es cierto que no está nada claro quién tendría competencia para hacerlo. “Debería ser la Iglesia”, opina.

Fuentes de La Moncloa admiten que en España no hay ninguna iniciativa en ese sentido. Se remiten al principio de separación de poderes y a la independencia del poder judicial. El Ministerio de Justicia repite el mismo argumento: “En virtud del principio de separación de poderes y por respeto a la independencia del poder judicial, el poder ejecutivo debe abstenerse de investigar los delitos, para cuyo conocimiento son competentes de forma exclusiva y excluyente los juzgados y tribunales. Según se establece en el artículo 124 de nuestra Constitución, corresponde al ministerio fiscal promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad (...). Y, por tanto, habrá de ser esta institución, junto con los tribunales, quien, cuando tenga conocimiento de la existencia de posibles hechos delictivos, promueva el inicio de las investigaciones pertinentes”. No obstante, este razonamiento no responde a la clave del problema: cómo conocer los casos del pasado que ya están prescritos y ningún tribunal va a investigar. Fuentes de la Fiscalía reiteran que su ámbito de actuación es el procesal, “sin perjuicio de que haya una investigación más allá de lo procesal, pero eso cae fuera de nuestras competencias”.

También se declara incompetente el Ministerio de Presidencia, donde fue a parar la Dirección General de Asuntos Religiosos que hasta 2020 estaba adscrita al de Justicia. Y lo mismo señala el de Derechos Sociales, que incluye la Dirección General de Infancia. No obstante, en este ministerio, dirigido por Ione Belarra, de Unidas Podemos, reivindican la ley de protección de la infancia, aprobada este año y que retrasó los plazos de prescripción del delito, una de las principales exigencias de las víctimas.

En realidad, el Ministerio de Justicia sí hizo algo en 2019, cuando estaba al frente Dolores Delgado. Ha sido el único intento hasta ahora en España de encarar la cuestión. Ante la alarma social por la continua sucesión de casos en la prensa, Justicia solicitó a los obispos españoles los datos que tuvieran sobre los abusos en la Iglesia, pero la Conferencia Episcopal (CEE) simplemente se negó a dárselos. El ministerio pidió entonces un informe a la Fiscalía General del Estado, un documento que en junio de 2019 diagnosticó que, ante la “opacidad” de la Iglesia, el Estado debía intervenir de algún modo. Sugirió crear una comisión nacional de investigación y puso como ejemplo las formadas en Holanda y Australia. En estos países, como en otros, se crearon comisiones independientes que investigaron los casos durante años, abrieron canales para que las víctimas pudieran aportar su testimonio, realizaron miles de entrevistas y entregaron un informe final exhaustivo. Después, las víctimas fueron indemnizadas. Es más, la Fiscalía apuntó en el informe su compromiso para “colaborar e implicarse en las iniciativas que pudieran desarrollarse en nuestro país para obtener un conocimiento histórico” del problema. Pero ese informe ha acabado en un cajón. Ni en el Ministerio de Justicia ni en la Fiscalía General del Estado, donde ahora está la propia exministra de Justicia, saben nada. Han pasado más de dos años y la única contabilidad sobre los abusos en la Iglesia en España es la que lleva EL PAÍS, una base de datos que se hizo pública el pasado mes de abril, actualizada periódicamente y que en este momento registra 358 casos con 908 víctimas.

Ejemplos internacionales

En cuanto al Defensor del Pueblo, señala que su labor es “supervisar a las administraciones, no está entre sus funciones investigar delitos o supervisar a instituciones privadas”. En todo caso, valora la iniciativa de la Conferencia Episcopal en Francia de crear una comisión independiente y “ve con buenos ojos las vías iniciadas en otros países europeos de crear comisiones en sus parlamentos”. Recuerda que “una sociedad justa tiene que apoyar el esclarecimiento de cualquier delito”.

Muchos países han ensayado distintas fórmulas para conocer la magnitud del fenómeno de la pederastia en la Iglesia católica. Australia es uno de los ejemplos de referencia. Por petición de la primera ministra Julia Gilliard, el gobernador general de la Commonwealth de Australia creó en 2013 una comisión real. En 2017, presentó un informe donde señaló casi 5.000 casos cometidos por 1.800 clérigos. El Gobierno destinó 40 millones de dólares (unos 34,5 millones de euros) y la Iglesia se comprometió a reparar a las víctimas con indemnizaciones de hasta 150.000 dólares australianos (algo más de 94.000 euros).

En Irlanda, uno de los primeros Estados en actuar, el Gobierno creó una comisión en 1999. En total, más de 1.300 sacerdotes irlandeses han sido acusados de abusos de menores. En Alemania, el Gobierno creó en 2010 una comisión independiente para apoyar a las víctimas de pederastia de cualquier institución, recopilar información y dialogar con los políticos sobre posibles reformas. En Bélgica, el Parlamento creó la Comisión para el Tratamiento de las Quejas por Abusos Sexuales en la Relación Pastoral de Bélgica, un ente independiente fundado en 2001 y presidido por el psiquiatra infantil Peter Adriaenssens, que recopiló los casos de 475 víctimas de pederastia desde 1960, de las que 13 acabaron suicidándose. Durante la investigación, las autoridades belgas realizaron un registro en la sede episcopal de Malinas (Amberes) para confiscar archivos relevantes para la investigación, aunque al poco tiempo un tribunal belga lo declaró ilegal.

En EE UU, en cambio, fue la Universidad de Justicia Criminal John Jay de Nueva York la que abrió una investigación en 2004 que concluyó que, entre 1950 y 2002, al menos 4.392 clérigos habían abusado de más de 10.600 personas. Más de una década después, en agosto de 2018, un informe de un gran jurado de Pensilvania reveló que 300 sacerdotes abusaron de unos 10.000 niños en las últimas siete décadas. El fiscal general del Estado, Josh Shapiro, concluyó que hubo “un encubrimiento sistemático por parte de altos funcionarios de la Iglesia en Pensilvania y en el Vaticano”.