El PP rectifica y se abre a que el Defensor del Pueblo investigue la pederastia en la Iglesia

Los nuevos aires en el PP han llegado al debate sobre la investigación de los abusos sexuales cometidos en el ámbito de la Iglesia. Los populares han rectificado el rotundo rechazo que mantenía la anterior dirección del partido y se han abierto a apoyar la propuesta de PSOE y PNV para encargar esa indagación al Defensor del Pueblo, con el asesoramiento de una comisión de expertos. Donde persisten las diferencias es entre los dos partidos del Gobierno, ya que Unidas Podemos, con el respaldo de ERC y EH Bildu, insiste en reservar un papel al Congreso de los Diputados, pese a que los socialistas se resisten.

La propuesta conjunta de PSOE y PNV saldrá adelante casi con toda seguridad cuando se vote en la Cámara, el próximo jueves, una vez que el PP ha deslizado que no se opondrá, aun a falta de decidir el sentido final de su posición. Ciudadanos y PDeCAT han anticipado su voto favorable, por el que también se inclinan Más País y Compromís. Lo que falta por saber es cuál será la posición definitiva de los grupos de izquierda que habían abierto el debate el pasado enero al presentar una solicitud para crear una comisión de investigación parlamentaria. Esta iniciativa ha quedado definitivamente enterrada este martes, tras bloquearla el PSOE y la derecha en la Mesa del Congreso.

Los socialistas defendieron desde el principio que el Parlamento no debería ser el lugar para llevar a cabo la investigación por el temor a convertirla en un “espectáculo”. Ante la falta de acuerdo con su socio de Gobierno, el PSOE pactó con el PNV la propuesta de encargarla al Defensor del Pueblo y a un comité de expertos, defendida este martes por ambas fuerzas ante el pleno de la Cámara. En un último intento de no dejar al Congreso fuera de la indagación, UP, ERC y EH Bildu han presentado enmiendas para que, en paralelo a los trabajos del Defensor, se cree una subcomisión parlamentaria que recoja también testimonios de las víctimas. La negociación sobre estas propuestas continúa abierta hasta el jueves entre el PSOE y sus aliados, aunque fuentes socialistas se inclinan por rechazarlas, al igual que el PNV.

“Queremos sacar este asunto de la guerra política de esta Cámara”, ha argumentado la diputada nacionalista vasca Josune Gorospe, tras resaltar además que la indagación de los abusos no debe convertirse en una “causa general” contra la Iglesia. La socialista Carmen Calvo ha reclamado el apoyo de todos los grupos y se ha mostrado dispuesta a seguir negociando una fórmula que “ponga a las víctimas por encima absolutamente de todo”.

La gran novedad ha sido el giro en el discurso del PP, muy beligerante hasta hace unos días contra cualquier tipo de investigación oficial sobre la pederastia en la Iglesia. Los populares también han registrado una enmienda en la que piden ampliar la indagación a todos los casos de abusos a menores con independencia del ámbito donde se hayan producido. La diputada Macarena Montesinos ha insistido en acusar a los gobiernos de izquierda de la Comunidad Valenciana y Baleares de impedir que se esclarezcan las responsabilidades políticas por los abusos a menores tuteladas en ambas comunidades. Pero el PP ha reconocido por primera vez que una comisión dirigida por el Defensor del Pueblo puede ser “un instrumento útil” para abordar los casos cometidos por eclesiásticos. Los populares no tomarán una decisión definitiva hasta saber si el PSOE llega a algún acuerdo con UP y los independentistas, aunque fuentes del grupo han descartado un voto negativo. El único rechazo expreso es el de Vox, que defiende que el asunto solo se puede dirimir en los tribunales.

La iniciativa de UP, ERC y EH Bildu planteaba una comisión parlamentaria como paso previo a la composición de una “comisión de la verdad”, con entidad jurídica propia y poderes —dotados por el Congreso— para reclamar documentación y citar a declarar a obispos y cardenales. Un punto que la Conferencia Episcopal Española no ve con buenos ojos y llevó a su secretario general, el prelado Luis Argüello, a tildar esa investigación de “trampa saducea”. Las tres formaciones se conformarían ahora con crear un grupo dentro de la Comisión de Justicia del Congreso que trabajaría al mismo tiempo que el Defensor del Pueblo. Sin esa intervención del Parlamento, la investigación quedaría “descafeinada”, según Carolina Telechea, de ERC, o incluso en un simple “parche impotente”, en palabras de Jaume Asens, de Unidas Podemos.

Asens ha llegado a pedir perdón a las víctimas por el “espectáculo lamentable” que han ofrecido las fuerzas políticas en las últimas semanas al no ponerse de acuerdo sobre la fórmula para investigar. Bel Pozueta, de EH Bildu, ha destacado que, si bien hay víctimas que prefieren ofrecer su testimonio en privado, otras reclaman hacerlo públicamente y el marco para eso, según la diputada, debería ser el Congreso.

Las víctimas se posicionan

La principal asociación de víctimas que se ha manifestado claramente a favor de la propuesta socialista es Infancia Robada, uno de cuyos miembros más destacados es Juan Cuatrecasas, diputado del PSOE. Otras han hecho notar su disconformidad por el rechazo a la comisión parlamentaria. El presidente de la asociación Mans Petites, Manuel Barbero, considera que los socialistas “han vendido a las víctimas por crear una comisión paripé vía Defensor del Pueblo, sin capacidad para investigar. Les importan tres bledos las víctimas, su dolor, su pesar y su opinión. Esto no convence a nadie”. La misma decepción que ha mostrado en Twitter el escritor y víctima de abusos Alejandro Palomas: “¿De verdad era tanto pedir?”. Otra víctima, Miguel Hurtado, especialista en investigaciones internacionales, abunda en las críticas: “No han escuchado otra propuesta que no sea la suya. Asumirán plena responsabilidad por los pobres resultados. Conmigo que no cuenten”, indica Hurtado, que ha conseguido reunir 79.000 firmas a favor de la investigación de la pederastia en Change.org.

Ante la ausencia de datos oficiales o de la Iglesia, EL PAÍS ha documentado hasta ahora 611 casos de pederastia clerical, con 1.246 víctimas. España es uno de los pocos países de su entorno que aún no ha emprendido una investigación sobre la magnitud de este problema. Durante el debate parlamentario, Asens y Telechea han elogiado el trabajo de este diario para sacar a la luz episodios ocultos durante años.