El debilitamiento de los escudos sociales

¿Cómo puede ser que cuando tenemos una de las mejores situaciones de empleo en mucho tiempo, con más ocupación y mayor estabilidad laboral, tantas familias se encuentren atrapadas en la telaraña de la pobreza sin poder salir? Porque tener trabajo ya no es el escudo protector que cabría esperar. Y no lo es por dos factores que en esta coyuntura se han aliado para asfixiar a los más vulnerables con la fuerza de una boa constrictor: la devaluación de los salarios y el encarecimiento de los recursos imprescindibles para vivir como tener un techo, comer o poder calentarse. Así lo refleja el último informe de Cáritas Ingresos y gastos: una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida, en el que se confirma el aumento de la desigualdad.

Sabemos que la inflación castiga más a los que menos tienen. Pero en España la subida de los precios está teniendo un impacto social mayor que en otros países porque los servicios básicos del hogar como el alquiler, la luz o el gas son proporcionalmente mucho más caros. Desde 2008 los salarios han subido una media del 12%, pero los gastos de vivienda, comida y servicios se han incrementado un 30%. En dos años el aceite ha subido un 64%, la leche un 43% y la fruta fresca un 27% pero los salarios apenas se han movido y eso lleva a mucha más gente a tener que elegir entre calentarse o comer, o entre comer y pagar el alquiler. Tres millones de hogares (el 16,8% del total) quedan por debajo del umbral de la pobreza severa después de pagar la vivienda y los recibos de gastos fijos como el agua, el gas o la electricidad. En 2018 eran 1,8 millones de hogares, el 9,9%. También está creciendo de forma alarmante la inseguridad residencial: 4,2 millones de familias (el 23,2% del total) han de compartir vivienda o están en precario en la que tienen. Vivir de alquiler, con la actual normativa y la actual escalada de precios, se ha convertido en un factor de vulnerabilidad y de estrés permanente.

Estos datos demuestran que las políticas públicas van muy por detrás de las necesidades. Que ni la bonanza económica es garantía de prosperidad para todos, ni las políticas de redistribución a través de ayudas sociales son suficientes. El escudo social se está debilitando tanto que las medidas aprobadas en la legislatura pasada, como el aumento sin precedentes del salario mínimo interprofesional o la reforma laboral que ha permitido dar seguridad en el empleo a millones de trabajadores, no han logrado frenar el aumento de las desigualdades. Imaginemos qué hubiera ocurrido si en lugar de esas políticas claramente redistributivas se hubieran aplicado las contrarias, como ocurrió en la crisis de 2008.

El último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza constata que tener trabajo ya no es garantía frente a la pobreza. Y tampoco lo es ya tener estudios superiores. De hecho, uno de cada tres pobres tiene trabajo, incluso más de uno, y uno de cada seis posee un título de grado superior. Que 1,4 millones de españoles con estudios superiores estén en riesgo de pobreza es un síntoma alarmante. Son el doble que en 2008 y la mayoría de ellos son jóvenes. Un sistema político que es incapaz de proteger a las nuevas generaciones como protegió a las que ahora se jubilan, y que no ofrece un horizonte de futuro ni expectativas de mejora a quienes se encuentran en precario, acabará teniendo un grave problema de legitimación social. El malestar que eso genera golpea primero a quienes lo sufren, en forma de angustia, depresión y trastornos mentales, pero al final, puede volverse contra el propio sistema democrático. La desesperanza y el miedo al futuro son el caldo de cultivo que están esperando las extremas derechas para hacer avanzar su modelo totalitario.