El Tribunal Supremo de EE UU bloquea el plan de quiebra de Purdue Pharma a instancias de la Administración de Biden

El Tribunal Supremo de EE UU ha suspendido este jueves el acuerdo con la familia Sackler, propietaria de Purdue Pharma, el fabricante del analgésico al que se atribuye en buena parte la epidemia de opioides que sufre el país, a la espera de una revisión instada por el Gobierno federal. Un tribunal federal de apelaciones había dado su visto bueno al acuerdo de quiebra de Purdue, que protegería a los miembros de la acaudalada familia Sackler de las demandas de miles de víctimas de adicción a los opioides a cambio de una compensación de 6.000 millones de dólares. El bloqueo temporal del acuerdo es el último capítulo de una larga batalla legal, sobre el telón de fondo de la peor crisis de salud pública en EE UU entre la del sida en los años ochenta y la pandemia, en 2020.

Purdue Pharma fabricó, publicitó y convirtió su producto estrella, el analgésico OxyContin, en la primera opción de decenas de miles de médicos para el tratamiento de dolores crónicos no oncológicos. Pero la droga pronto enganchó a decenas de miles de estadounidenses, una adicción que ha causado más de 500.000 muertes en dos décadas. Para otros muchos adictos, el consumo de OxyContin fue la puerta de entrada al fentanilo, una droga sintética 50 veces más potente que la morfina.

Asediada por miles de denuncias de entidades y particulares, la farmacéutica se declaró en bancarrota en 2019 con la intención de esquivar la acción de la justicia. Pero el Supremo ha dejado en suspenso los procedimientos de quiebra de Purdue Pharma y sus filiales, hasta que en diciembre se resuelva la impugnación por parte de la Administración de Biden de una sentencia de un tribunal inferior que confirmaba el acuerdo.

De este modo, el tribunal se pone del lado del Departamento de Justicia. El Gobierno ha argumentado que la familia Sackler no puede aprovecharse de las protecciones legales destinadas a los deudores en situación de “dificultad financiera”, como establece la ley de quiebras. Además de ofrecer un escudo, aun temporal, a los Sackler, la orden del Tribunal, que no ha explicado las razones del bloqueo, añade incógnitas al plan de compensaciones para los Estados, gobiernos locales, tribus y particulares perjudicados por la crisis de los opioides,

La orden especifica que los jueces escucharán los argumentos del caso en diciembre. La batalla legal se prolonga desde hace años, y versa sobre la responsabilidad del fabricante del OxyContin pero también, sobre todo, sobre la compensación a las víctimas de esta crisis de adicciones y sobredosis provocada por un medicamento con receta.

Durante el largo proceso judicial ha quedado probada la responsabilidad del sistema, desde la presión de los lobistas de Purdue Pharma en el Congreso a la facilidad con que algunos funcionarios que fueron blanco de sus campañas pasaran fácilmente la puerta giratoria de la Administración para acabar trabajando en la farmacéutica. El sistema de incentivos a los vendedores o visitadores médicos también desempeñó un papel fundamental por la agresiva política de mercadotecnia de la compañía, incluidos los pagos a médicos para que privilegiaran la prescripción del producto. Otro factor clave que explica la dimensión de la crisis es la política engañosa de difusión y comercialización del OxyContin, al sostener la farmacéutica y la familia hasta última hora que no provocaba adicción.

Purdue se acogió al Capítulo 11 de bancarrota en 2019 para hacer frente a sus deudas, derivadas de miles de demandas. El acuerdo de quiebra fue aprobado en 2021, con la previsión de aportar en principio 10.000 millones de dólares a sus acreedores, entre los que se encuentran estados y municipios, centros de tratamiento y recuperación de adicciones, hospitales, supervivientes y familiares de los fallecidos, entre otros afectados. Pero la Administración de Biden y ocho Estados impugnaron el acuerdo. Estos últimos accedieron a retirarse tras la promesa de los Sacklers de contribuir con más dinero al fondo de compensación.

En mayo, el 2º Circuito confirmó el acuerdo, al considerar que la ley federal de bancarrota permite protecciones legales para las partes no declaradas en quiebra -como los Sackler- en circunstancias extraordinarias. Ese tribunal dictaminó que las reclamaciones legales contra Purdue estaban inextricablemente vinculadas a las reclamaciones contra sus propietarios, y que permitir demandas contra los Sacklers socavaría los esfuerzos de Purdue para llegar a un acuerdo definitivo.

Los miembros de la familia Sackler, que en todo momento han negado haber actuado mal o a sabiendas de la peligrosidad de su fármaco estrella pese a las evidencias científicas, han lamentado que el OxyContin “se haya convertido inesperadamente en parte de una crisis de opioides”. En mayo la familia reiteró su convencimiento de que el acuerdo de quiebra proporcionaría “importantes recursos para las personas y comunidades necesitadas”. Hasta que la Administración demócrata, por medio de la Oficina del Fideicomisario -el organismo del Departamento de Justicia encargado de supervisar las quiebras- lo impugnó por considerarlo un agravio para los deudores que se hallan “en dificultades financieras”. Algo que no puede decirse de la familia Sackler, que retiró, según la Administración, 11.000 millones de dólares de Purdue Pharma antes de aceptar contribuir con 6.000 millones al fondo de reparación.

Un grupo que representa a más de 60.000 demandantes apoya la resolución del acuerdo en sus términos actuales, incluida la inmunidad legal para la familia, al considerar que los miles de millones de dólares en fondos de compensación dependen de la confirmación y ratificación del plan ahora en suspenso.

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