Purdue Pharma se declara culpable de engaño por vender un opiáceo que fomentó una epidemia de adicciones

La prescripción de un potente opiáceo como analgésico, el OxyContin (nombre comercial en EEUU, Oxycodone en España), contribuyó a agravar la peor crisis de salud pública vivida en EE UU hasta la irrupción de la covid-19: una arrasadora epidemia de adicciones con 64.000 muertes por sobredosis solo en 2016. Este miércoles la compañía farmacéutica que lo fabricaba, Purdue Pharma, se ha declarado culpable de haber producido y distribuido opiáceos en dicha crisis sanitaria mediante un acuerdo civil con el Departamento de Justicia que pone fin teóricamente a más de dos años de litigios, desde que en 2018 la familia Sackler, propietaria de la firma, fuera encausada tras presentarse más de 400 demandas por engaño manifiesto acerca de la dependencia que creaba el fármaco, y en su administración.

Purdue Pharma, que el año pasado se declaró en bancarrota tras recibir un total de 2.600 demandas, en su mayor parte procedentes de administraciones locales, asume ahora su responsabilidad y acepta el pago de un total de 8.300 millones de dólares (unos 7.000 millones de euros) en concepto de multas, daño civil e indemnizaciones, la mayor pena impuesta a una empresa farmacéutica, ha subrayado en un comunicado el Departamento de Justicia. Sin embargo, la declaración de bancarrota de la empresa el año pasado complica la resolución final del caso y el pago de indemnizaciones a las víctimas, que podría recaer subsidiariamente en el gobierno federal.

“El abuso y negligencia en la prescripción de opiáceos ha contribuido a una tragedia nacional de adicción y muertes, que se suma a aquellas causadas por los opiáceos que circulan ilícitamente en las calles”, dijo el subfiscal general, Jeffrey A. Rosen, al anunciar la decisión. Los fiscales federales consideran probado que la farmacéutica ofreció incentivos a los médicos que prescribieran OxyContin a sus pacientes como analgésico, de ahí que uno de los delitos que la firma asume haber cometido es la violación del estatuto federal antisoborno, además de otro por engaño a la agencia estadounidense del medicamento entre 2007 y 2017.

En un acuerdo separado, la familia Sackler, que convirtió a Purdue en un gigante de la industria farmacéutica gracias al lucrativo mercado del OxyContin, aceptó pagar 225 millones en concepto de responsabilidad civil ante el Departamento de Justicia. Sin embargo, este acuerdo civil no exime a ningún ejecutivo o empleado de la compañía de responsabilidad penal futura, dado que continúa abierta una investigación sobre implicados en el gigantesco fraude.

Purdue acabará por tanto pagando únicamente los 225 millones frente a una compensación inicial de 2.000 millones, ya que el Departamento de Justicia renunció al resto si la empresa completa una reorganización, disolviéndose y transfiriendo sus activos a una “empresa de beneficio público” o destinando los recursos a las comunidades demandantes.

Según las fuentes judiciales citadas por la agencia Reuters, la multa penal de 3.540 millones y una multa civil de 2.800 millones no serán satisfechas, ya que compiten con los miles de millones de dólares de otras reclamaciones de comunidades locales y acreedores en el expediente de quiebra de Purdue.

El acuerdo civil anunciado este miércoles no concluye pues el macroproceso contra Purdue Pharma, pero sí representa un significante avance en la batalla legal planteada por condados, ciudades y estados para que el fabricante rindiera cuentas de su responsabilidad al fomentar esta grave crisis de salud pública. El número de muertes por sobredosis debidas al consumo de opiáceos se ha multiplicado por cuatro en el país en las últimas dos décadas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Desde comienzos de siglo, los derivados opiáceos han matado a más de 450.000 personas, a un ritmo de 142 al día, según el cómputo más reciente. En 2015, dos de cada tres sobredosis lo fueron por dichas sustancias, convirtiéndose esta causa de muerte en la más habitual, por encima de los homicidios por arma de fuego y los accidentes de tráfico.