“En Ohio los opioides estaban por todas partes y eran de fácil acceso”
Cuando el fentanilo, un narcótico sintético 50 veces más potente que la heroína, llegó a las calles en 2017, las muertes subieron a una docena por fin de semana
La morgue del condado de Summit, al norte de Ohio, es un termómetro de la crisis de los opioides que sacude a Estados Unidos. Cuando el fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína, se infiltró en las calles en 2017, los forenses fueron los primeros en notarlo. Llegaban los cuerpos intoxicados a un ritmo desconocido para el condado de medio millón de habitantes: hasta una docena por fin de semana. Al menos en cinco ocasiones se vieron obligados a solicitar camiones refrigerados para conservar los cadáveres. La tasa de muertes en el Estado es de 39,2 por 100.000 personas, cuando el promedio nacional es de 14,6, según los últimos datos disponibles.
Marie Burger-Rutter, de 39 años, estuvo a un suspiro de formar parte de la estadística. El 23 de agosto de 2018 compró junto a su novio 100 dólares en heroína. Se la inyectó en un pecho, para no dejar rastros en sus brazos, y cayó inconsciente. Los paramédicos reportaron tres respiraciones por minuto. Como a muchos consumidores, el dealer (traficante) no le dio lo que había pedido, sino fentanilo, el responsable del 70% de las sobredosis ese año.
Cuando Marie, que se mantiene sobria desde la sobredosis, comenzó a comprar opioides en 2006, una pastilla de Vicodin costaba un dólar. “Los opioides estaban en todas partes y eran de fácil acceso hasta 2011, cuando se destapó el aumento de prescripciones”, explica en un centro de rehabilitación de Akron, la principal ciudad del condado de Summit, donde trabaja aconsejando a drogadictos mientras realizan su tratamiento. Efectivamente, las farmacéuticas y los distribuidores se encargaron de que los opioides llegaran a todos los rincones del país. Entre 2006 y 2012, las farmacias recibieron 76.000 millones de pastillas de oxicodona e hidrocodona, duplicando la cantidad en seis años, según una investigación revelada en julio por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). El condado de Charleston, en Carolina del Sur, recibió una cantidad suficiente como para que cada habitante contara con 248 pastillas al año.
El escándalo que supuso el incremento de opioides recetados —muchos de los adictos comenzaron a tomarlos para aliviar los síntomas de dolencias físicas—, empujó a los gobiernos locales a demandar a la industria farmacéutica por engañar al comercializar los opioides, minimizando sus riesgos adictivos, y a los distribuidores, por no detectar el peligro, cuando es una de sus responsabilidades. Las cerca de 2.500 demandas piden una compensación económica estimada en 50.000 millones de dólares. Sin embargo, a pesar de las presiones ejercidas durante la última semana por el juez a cargo, demandantes y demandados no han logrado entenderse. En las últimas dos décadas, se han registrado 400.000 fallecidos por esta causa.
El frenazo a las farmacéuticas en 2011 llegó tarde. Jonathan, blanco, de 34 años, es adicto a la oxicodona (60 dólares la pastilla en la calle) y a la metanfetamina. Empezó a consumir opioides en la universidad cuando se convirtió en algo “socialmente aceptado”. Esta epidemia “atravesó los niveles socioeconómicos; ya no era solo la droga golpeando a los afroamericanos pobres, nos golpeó a todos”, reconoce en un centro de rehabilitación, mientras cumple la libertad condicional por posesión ilícita de drogas.
Cuando la oxicodona desapareció del mercado negro, Jonathan, que ya estaba enganchado al nivel de consumir tres pastillas diarias, buscó aliviar sus dolores con la heroína. Purdue Pharma, la fabricante de OxyContin (una marca de oxicodona), se declaró en septiembre en bancarrota para resolver las miles de demandas en su contra. El montante de la compensación ronda los 10.000 millones de dólares (9.025 millones de euros), que se destinarán a la lucha contra la emergencia sanitaria declarada.
Marie llegó a consumir cuatro pastillas al día, a 40 dólares cada una (unos 36 euros). Probó todo y perdió todo. Incluida la custodia de sus cuatro hijos. “La gente está dispuesta a pagar muchísimo dinero por pastillas porque la heroína [que es mucho más barata y está muy mal vista] es la droga de los yonquis sucios de la calle y nadie quiere ser un yonqui”.
El problema, según su propia experiencia, es que cuando ya no queda dinero, se acaba en la heroína, donde se esconde el fentanilo. “El 90% de los adictos a los que acompaño en su fase de desintoxicación, comenzó enganchándose a los opioides con receta médica. Esa es la puerta principal”, advierte en una antigua iglesia transformada en una cafetería, donde aconseja a sus “clientes” y donde tiene su oficina cuyas paredes están empastadas con diplomas de metas cumplidas de sobriedad, los que ha conseguido en los últimos 14 meses, y cursos para ser consejera.
“Los médicos tienen mucho de lo que avergonzarse. No todo es su culpa, pero en algún momento deberían haberse dado cuenta de que los opioides eran adictivos. Las farmacéuticas y los distribuidores decían que no, pero ellos tendrían que haber cambiado sus prácticas”, remarca Bernie Rochford, vicepresidente de Oriana House, una agencia que atiende a 1.000 adictos en el condado de Summit, tres cuartas partes derivados de los tribunales de justicia. Jonathan, que es uno de ellos, cree que los acuerdos económicos son insuficientes. “A mí me arruinaron la vida y no me va a llegar nada. Nadie de mi familia había estado en la cárcel, pero había antecedentes de adicciones. Fui el cóctel perfecto de las farmacéuticas”, lamenta fuera del dormitorio común, igual que el de una prisión. Oriana House se financia con dinero gubernamental, por lo que indirectamente Jonathan sí se ve beneficiado con los pactos.
Ohio ha cambiado desde que tocó fondo en 2017, convertido en el segundo Estado con la tasa más alta de muertes por sobredosis. Una de las primeras medidas que tomó fue aplicar la “ley del buen samaritano”. La gente no se atrevía a llamar al 911 para alertar de una sobredosis por miedo a que lo detuvieran por posesión ilícita de drogas, algo que ya no puede ocurrir. El Estado también se volcó de cabeza para fomentar el uso del Narcan, un espray nasal que se administra en caso de sobredosis para bloquear el efecto de los opiáceos sobre el organismo durante un periodo de entre 30 y 90 minutos, tras los que el afectado debe ser atendido por un médico.
No solo las farmacias decidieron ofrecer Narcan sin receta médica, sino que varios institutos, restaurantes, hoteles y hasta estaciones de servicio disponen de él. Las muertes por sobredosis en el condado de Summit cayeron de 310 en 2016 a 105 en 2018. Los centros de salud pública lo distribuyen de forma gratuita al amparo del Proyecto DAWN. También regalan un detector de fentanilo. “Los adictos vienen a por él porque si mezclan la droga que compran en la calle con agua y usan este test, pueden identificar el opiáceo. Algunos lo quieren evitar, pero otros también es lo que buscan”, explica Angela Kaiser, coordinadora del programa.
El juicio que iba a hacer historia
El pasado lunes el condado de Summit y el de Cuyahoga —dos zonas que prácticamente se perdieron en el mapa cuando dejaron de formar parte del cinturón industrial— captaron la atención del país entero. Las demandas de ambos contra varias farmacéuticas y distribuidores iban a dar lugar al primer juicio por opioides en un tribunal federal en Estados Unidos. Sin embargo, una hora antes de arrancar, cinco de las seis compañías acusadas (la farmacéutica Teva Pharmaceuticals, los distribuidores McKesson, Cardinal Health y AmerisourceBergen y la farmacia Henry Schein Medical) alcanzaron un acuerdo por 260 millones de dólares para compensar a los condados. La única empresa que se abstuvo fue Walgreens, la cadena de farmacias minoristas, que tendrá un juicio en una fecha aún por definir.
A medida que se acercaba la fecha del juicio, varias compañías demandadas pactaron extrajudicialmente con los condados, como el conglomerado Johnson & Johnson, que se comprometió a compensarlos con 20,4 millones de dólares (18,4 millones de euros).
El juez federal Dan Polster, a cargo de la macrocausa, intentó acordar una compensación global que permitiera zanjar las casi 2.500 demandas a nivel nacional de una sola vez. No quería dar paso al primer juicio federal porque sabía que era el principio de una cadena de juicios que seguramente tarden años en resolverse. Hasta ahora solo el juicio de Ohio tenía fecha, por lo que servía como medida de presión. Sin embargo, los 50.000 millones de dólares (más de 45.000 millones de euros) de compensación que buscaba Polster no fueron bien recibidos y el gran acuerdo para resolver todas las demandas, como ocurrió con la industria del tabaco, aún está en discusión.
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