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Macrocausa contra las farmacéuticas en EE UU por la epidemia de opiáceos

Los laboratorios y distribuidores negocian ‘in extremis’ un acuerdo de 50.000 millones de dólares para evitar el proceso que arranca el lunes por 400.000 muertes en dos décadas. Hay 2.500 demandas

Manfiestantes protestan contra las farmacéuticas en Stamford, Connecticut.
Manfiestantes protestan contra las farmacéuticas en Stamford, Connecticut. LightRocket via Getty Images

Está todo listo para que arranque en Cleveland (Ohio) una causa sin precedentes contra la industria farmacéutica de EE UU. A partir del lunes y durante los dos meses siguientes, el juez federal Dan Polster y los 12 ciudadanos escogidos como miembros del jurado evaluarán si los principales laboratorios deben pagar el coste económico de la crisis de los opiáceos, que se ha cobrado cerca de 400.000 vidas en Estados Unidos entre 1997 y 2017. Lo único que podría frenar el histórico litigio —el primero federal de una serie de juicios que están por venir— es que Polster consiga que las empresas lleguen a un acuerdo con los demandantes por una suma de unos 50.000 millones de dólares (48.800 millones de euros), según medios locales, que zanjaría todos los procesos judiciales pendientes. Este viernes, los directores ejecutivos de las empresas demandadas viajaron hasta Cleveland para negociar in extremis un acuerdo con los abogados de los afectados, en una reunión organizada por el juez federal que busca evitar este juicio y resolver de golpe las miles de demandas interpuestas en todo el país.

Con las cifras de adictos al alza, los Gobiernos estatales y locales decidieron en 2017 que la que tenía que asumir los costes para frenar la crisis de adicción a los opioides de la población era la industria farmacéutica y no ellos. Desde entonces se han presentado cerca de 2.500 demandas a los principales distribuidores y minoristas de medicamentos, incluidos CVS y Walmart. Los demandantes acusan a fabricantes como Teva de engañar al comercializar opioides con mensajes que minimizaban sus riesgos y a los distribuidores de no detectar ni detener las órdenes sospechosas. Las compañías son las responsables de notificar a la Administración de Control de Drogas si identifican algo fuera de lo común y de retrasar los envíos mientras se verifica la información.

El caso enfrentará a los condados Cuyahoga y Summit (Ohio) con las empresas demandadas. Polster eligió que fuera el proceso que abra la macrocausa por opiáceos del país porque el Estado es uno de los más afectados por las muertes por sobredosis, con 46 por cada 100.000 habitantes. También pretende que sea “la oveja líder del ganado” para el resto de los juicios que componen el conocido como litigio nacional sobre opiáceos por prescripción. Bernie Rochford, vicepresidente de Oriana House, un centro de tratamiento para adictos en Ohio, considera que los condados del norte del Estado son la representación de lo que está pasando en EE UU. “Hace 10 años habría pensado que es una locura si me hubieran dicho las cifras que estamos viendo de muertes y sobredosis”, lamenta. Además, identifica un patrón claro entre sus clientes: empiezan con un medicamento para aliviar el dolor de una lesión y luego “pierden el control” y terminan comprando fentanilo en el mercado negro.

De las seis compañías acusadas en Cleveland, solo una, Teva Pharmaceuticals, es una farmacéutica. El resto —McKesson, Cardinal Health, AmerisourceBergen— son distribuidores de medicamentos o empresas que cumplen la función de una farmacia —Walgreens y Henry Schein Medical—. Uno de los acusados en el juicio del lunes era el conglomerado Johnson & Johnson, que llegó a un acuerdo a comienzos de este mes en el que se comprometió a compensar con 20,4 millones de dólares a los dos condados de Ohio citados. Cuatro farmacéuticas también firmaron pactos extrajudiciales. Purdue Pharma, fabricante del analgésico OxyContin, se declaró en bancarrota en septiembre tras llegar a un acuerdo preliminar valorado en 12.000 millones.

En el juicio, cada una de las partes tendrá 100 horas para defender su posición. Subirán al banquillo representantes de las compañías, pero también abogados, funcionarios de agencias gubernamentales y adictos a los opiáceos.

Con el objetivo de evitar la macrocausa que arranca el lunes, Polster ordenó al Gobierno federal que entregue los datos confidenciales de dónde se distribuyeron los opioides de cada fabricante en EE UU en los últimos tiempos. La propuesta de acuerdo entre las partes, valorada en 50.000 millones de dólares, según fuentes familiarizadas con el caso citadas por The Wall Street Journal, incluiría 18.000 millones durante 18 años provenientes de los tres principales distribuidores: McKesson, Cardinal y AmerisourceBergen y cuatro mil millones más de Johnson & Johnson.

Alexandra Lahav, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Connecticut, especialista en demandas civiles masivas, no se atreve a calificar la compensación de 50.000 millones de dólares como “justa”. “En el caso de la demanda contra la industria del tabaco presentada por los fiscales generales de varios Estados se llegó a un acuerdo por cerca de 150.000 millones y la gente dice que curar el daño provocado por la crisis de los opiáceos superaría los 200.000 millones. Dicho esto, estas compañías no tienen esa cantidad de dinero y nadie quiere que la mayoría de ellas quiebren”, plantea. Ya sea a través de un acuerdo preliminar o la orden del juez, el montante determinará en gran medida cuánto dinero tendrán las ciudades y los condados del país las próximas décadas para combatir los efectos devastadores del abuso de opioides.

El juez se defiende: “No soyparcial, soy humano”

Algunas empresas demandadas intentaron que el juez federal Dan Polster fuera apartado del caso por considerarlo parcial. “Reconocer públicamente este costo humano no sugiere que sea parcial; muestra que soy humano”, respondió el magistrado. Su manera de proceder en las revisiones previas al juicio ha causado sorpresa también entre los fiscales generales. Cuando esta semana se comenzó a filtrar en los medios locales que Polster estaba buscando un acuerdo entre la industria farmacéutica y los cientos de demandantes por un valor de 50.000 millones de dólares saltaron las alarmas. El fiscal general de Ohio, Dave Yost, envió el jueves una carta a los cuatro fiscales que han liderado la ronda de conversaciones sobre el histórico caso (los de Tennessee, Texas, Carolina del Norte y Pensilvania), en la que expresaba su preocupación con la propuesta, según una copia de la carta a la que tuvo acceso The Wall Street Journal.

La misiva advierte de que “la falta de consulta con otros fiscales generales sobre los términos de un posible acuerdo aumenta el riesgo de un resultado similar al que vimos en las negociaciones de Purdue/Sackler, donde la mitad de los Estados no están de acuerdo”. Yost se refiere al acuerdo que está negociando el gigante farmacéutico Purdue Pharma con los demandantes, que incluiría un pago de entre 10.000 y 12.000 millones de dólares (10.800 millones de euros) y que la familia Sackler ceda el control de su compañía, declarada en bancarrota.

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