Walmart, CVS y Walgreens, condenados a pagar 650 millones de dólares por la crisis de los opioides

Un juez federal del Estado de Ohio (norte de EE UU) ha condenado este miércoles a las grandes cadenas de farmacia Walmart, CVS y Walgreens a pagar 650,6 millones de dólares a dos condados de ese Estado como indemnización por su papel en la crisis de los opioides, los derivados sintéticos del opio prescritos como analgésicos que causaron la mayor crisis de salud pública en el país entre la del sida y la pandemia del coronavirus. El juez Dan Polster ha considerado probado que la acción de estas farmacias ayudó a crear un “perjuicio público” al ignorar el consumo abusivo de estos productos por parte de sus clientes en los condados de Lake y Trumbull.

La importante suma permitirá financiar programas de educación y prevención y reembolsar a las agencias y organizaciones implicadas los gastos que originó la gestión de la crisis, si bien supone sólo una tercera parte de lo que necesitan ambos condados para afrontar las consecuencias económicas de la epidemia, según han explicado Polster y el bufete de abogados que representa a los condados. El resto de responsabilidad civil debe recaer en los fabricantes y los distribuidores. Walmart, la mayor cadena minorista del país, ha anunciado su intención de recurrir el fallo por considerar que el proceso ha estado “trufado de errores jurídicos y factuales”. También pretende recurrir Walgreens. Las farmacias, en cualquier caso, subrayan que sus especialistas no hicieron más que seguir el protocolo iniciado por los médicos, que prescriben medicamentos legales aprobados por las autoridades sanitarias. Las tres compañías cotizan en bolsa.

El verano pasado, las cadenas citadas, más Rite Aid, fueron condenadas a pagar 26 millones de dólares a dos condados del Estado de Nueva York. En el caso de Ohio, Rite Aid y otra cadena también demandada llegaron a acuerdos económicos con los condados para evitar ir a juicio. Hace un año, el gigante Johnson & Johnson y tres grandes distribuidores firmaron un acuerdo por valor de 26.000 millones de dólares con varios Estados para zanjar miles de pleitos. En otros Estados, como Oklahoma y California, por el contrario, la consideración del perjuicio público a consecuencia del consumo de opioides no benefició a los demandantes.

Las tres compañías habían sido declaradas culpables en noviembre pasado, por considerar que expidieron estos opioides masivamente en los dos condados. Durante 20 años, entre un mínimo de 500.000 y 850.000 estadounidenses, según las fuentes, murieron por sobredosis de estos medicamentos, altamente adictivos y cuyo consumo derivó en muchos casos en el de estupefacientes o en el de fentanilo, otro opioide sintético mucho más potente que la morfina y con mayor riesgo de dependencia. En cualquier caso, la dependencia exigía al paciente aumentar exponencialmente la dosis o recurrir a remedios más fuertes, en una espiral de destrucción sin fin.

El rosario de muertes que dejó a su paso el consumo de estos analgésicos legales provocó una miríada de denuncias de particulares, colectivos como las tribus nativas americanas, especialmente afectadas, condados y Estados. En el punto de mira de todas ellas estaba el mayor responsable de la crisis, Purdue Pharma, que con su medicamento Oxycontin (marca comercial en EE UU, a base del principio activo de la oxicodona) generalizó el uso y la prescripción de este tipo de analgésicos para tratar el dolor crónico. Purdue Pharma se vanaglorió en su momento de haber ampliado el radio de acción de este analgésico desde la indicación primordial, el tratamiento del dolor en pacientes oncológicos, a cualquier tipo de paciente con dolor crónico, un nicho de mercado en el que Oxycontin hizo fortuna. Una jueza federal desestimó en diciembre pasado el acuerdo de 4.500 millones de dólares que teóricamente zanjaba un contencioso de años contra la familia Sackler, propietaria de Purdue Pharma.

Ni los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en sus siglas inglesas; agencia federal de salud) ni Ayuntamientos como el de Nueva York consideran acabada la crisis. En 2021 las muertes por sobredosis, que se han multiplicado por seis desde 1999, superaron las 100.000, la cifra más alta de la historia, según datos de los CDC. Periódicas campañas públicas alertan del riesgo del consumo y en Nueva York, por ejemplo, no resulta extraño recibir periódicamente información postal del Departamento de Salud sobre cómo afrontar una sobredosis para evitar que sea mortal o los recursos disponibles en la red pública para desengancharse.