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Una farmacéutica paga 270 millones en la primera demanda por la crisis de opiáceos en EE UU

Casi 40 Estados y 1.600 municipios persiguen a Purdue Pharma por el potente analgésico, considerado el precursor de la epidemia de sobredosis que sufre el país

El analgésico OxyContin de Purdue Pharma
El analgésico OxyContin de Purdue PharmaGeorge Frey (REUTERS)

Purdue Pharma, la compañía que comercizaliza OxyContin, llega a un pacto extrajudial con el Estado de Oklahoma (centro de EE UU) por el que va a desembolsar 270 millones de dólares (239 millones de euros) para compensarle por la devastación provocada por su controvertido analgésico. La oxicodona se considera un precusor de la epidemia de opiáceos que sufre el gigante norteamericano. Es el primer litigio que se resuelve en una avalancha que se extiende por todo el país. En las últimas semanas se especuló con que la farmacéutica podría declararse en suspensión de pagos por el fardo financiero.

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Más de 47.600 estadounidenses murieron por sobredosis de opiáceos en 2017, según el Centro para el Control de Enfermedades (CDC). De ese total, 14.500 se atribuyen a medicamentos para combatir el dolor. Purdue Pharma es el principal vendedor de analgésicos. El OxyContin, mucho más potente que la morfina, llegó al mercado en 1996 utilizando como reclamo que una dosis era suficiente para vivir 12 horas sin dolor, el doble que con un genérico.

El pacto se anuncia dos meses antes de que comience el primer gran juicio contra Purdue Pharma en Oklahoma, acusada de haber alimentado el abuso de opiáceos con campañas engañosas que exageraban las virtudes del medicamento. El fiscal Mike Hunter reclamaba una compensación de 25 millones de dólares. También demandó a Johnson & Johnson y Teva Pharmaceuticals —que es, además, la mayor empresa de Israel—. La mayor parte del dinero se destinará a programas de investigación, educación, investigación y tratamiento.

Este pacto, en cualquier caso, es solo el primero. Las farmacéuticas hacen frente a un aluvión de demandas por parte de una coalición de 1.600 municipios, desde localidades rurales a grandes ciudades como Nueva York, Chicago o Los Ángeles, y 37 Estados que desde 2017 acusan a la compañía de Stamford (Connecticut, noreste) de estar drenando sus cuentas públicas por el dinero que deben destinar a tratamientos y políticas de prevención de la adicción.

La masa de demandas pendientes es comparable a la guerra contra las tabaqueras. Paul Hanly, uno de los abogados más veteranos en este frente legal, considera “vital” que las compañías farmacéuticas “se responsabilicen del papel que desempeñan en la epidemia”. El dinero que se recaude, explican los litigantes, se destinará a programas para atender a los adictos. El pacto de Purdue podría servir de guía para otras farmacéuticas que tratan de resolver sus litigios.

Un tercio de las ventas

El OxyContin nació por una necesidad financiera. El tratamiento que comercializaba Purdue para combatir el dolor en enfermos de cáncer, el MS Contin, iba a perder la patente. Así que sus ejecutivos, anticipando las pérdidas por la llegada de los genéricos, decidieron invertir en el desarrollo de una segunda píldora pura de oxicodina. Su potencia excedía la de cualquier rival.

Ayudó también que en ese momento, la comunidad médica empezaba a cuestionar los efectos adictivos de los opiáceos. La agencia estadounidense del medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó el OxyContin sin pruebas clínicas y anunció incluso que era más segura que sus rivales. En su tercer año en el mercado, duplicó en ventas al MS Contin y al quinto superó los 1.000 millones. Representa un tercio de las ventas de analgésicos.

Purdue factura actualmente unos 1.800 millones de dólares gracias a este primo de la heroína. La droga le generó más de 35.000 millones en ventas en este tiempo. La llegada al mercado del narcótico, según los expertos, marcó así un antes y un después en la tendencia con la que se recetaban estos opiáceos, al dispararse.

“La táctica de negar los riesgos”, como dice el alcalde neoyorquino Bill de Blasio, “es similar a los productores de tabaco”. Jim Hood, el fiscal general de Mississippi (sureste), atribuye a la campaña de marketing de las farmacéuticas la causa por la que se pusieron en manos de los pacientes “miles de millones de dosis de una poderosa droga sin que supieran del riesgo que corrían de adicción y de muerte”.

Protestas

La American Society of Addiction Medicine señala por su parte que cuatro de cada cinco consumidores de heroína empezaron con analgésicos. Purdue es propiedad de la familia Sackler, una de las mayores fortunas de EE UU. “Construyeron su imperio con la vida de cientos de miles de personas”, denuncia Nan Goldin, fundadora del movimiento Prescription Addiction Intervention Now.

La conocida fotógrafa neoyorquina fue víctima del OxyContin durante tres años. Acaba de liderar un acto de protesta en el Museo Guggenheim de Nueva York, donde los Sackler son grandes mecenas. Los inventores de esta droga también tienen su nombre en el Met, el Smithsonian o el Louvre parisino, que ahora toman distancia. Goldin busca que el dinero lo destinen a programas de rehabilitación y tratamientos.

Purdue reconoce que los pacientes que consumen OxyContin pueden desarrollar dependencia física, aunque señalan que es diferente a la adicción. La compañía, que rehusó atender la llamada de este diario, niega a través de un comunicado las acusaciones. Argumenta que fue la FDA la que aprobó el etiquetado, en el que se alerta de los riesgos de un consumo prolongado o abusivo.

Bancarrota

La farmacéutica ya tuvo que desembolsar 634 millones hace una década para resolver una acción legal de las autoridades federales. Ahora, según Reuters, contempla declararse en suspensión de pagos para evitar el coste financiero de las cientos de demandas contra las prácticas agresivas que utilizó para promocionar el tratamiento. Así podrá negociar un pacto bajo la supervisión de un juez.

El juez Dan Polster del tribunal federal en Ohio (noreste) está tratando de aglutinar cientos de demandas presentadas en varios distritos para llegar a un acuerdo antes del juicio, que comenzará en octubre. Los expertos legales opinan que esta es la vía de solución más probable, aunque explican que llevará meses llegar a un pacto porque las farmacéuticas querrán cerrar la puerta a futuras demandas.

Los litigantes insisten en que su estrategia no pretende hundir a los productores de opiáceos, sino recuperar el dinero que los entes locales gastaron o perdieron como consecuencia de la crisis. Para aplacar las críticas, lanzó hace un año una campaña publicitaria en la que explicaba que está dedicando los recursos y la ciencia a descubrir nuevos tratamientos seguros para combatir el dolor.

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