Latinoamérica se rebela contra los abusos de la Iglesia

El 18 de enero de 2018, un periodista se acercó al Papa mientras recorría las calles de Iquique, en el norte de Chile, cerca de la frontera con Bolivia, y le preguntó por una cuestión crucial: los abusos sistémicos del cura Fernando Karadima y el obispo que los encubrió, Juan Barros. Francisco, fiel a su naturaleza, contestó de forma impulsiva: “Son calumnias. Tráigame pruebas”. La respuesta fue un cuchillo en el corazón de los supervivientes, que no tardaron en montar en cólera. El lío fue enorme. Incluso el cardenal de Boston, Sean O’Malley, gran autoridad en la lucha contra los abusos, reprendió de forma insólita al Papa. Francisco lo entendió, rectificó. “Ahí me convertí”, subrayó en una entrevista reciente con AP. Fue el punto de inflexión del acercamiento de la Iglesia a la lucha contra los abusos sexuales y abrió todo un proceso de reformas en estos últimos cinco años: desde el gran sínodo hasta un sinfín de nuevas leyes. El cambio, sin embargo, se percibe todavía distinto en muchas áreas geográficas y culturales del mundo. La buena noticia, señalan todas las fuentes consultadas, es que la cultura de la denuncia ha aumentado enormemente en los últimos años en Latinoamérica.

Los casos que llegan a la Congregación para la Doctrina de la Fe desde América del Sur y Centroamérica comenzaron a aumentar a partir de 2019 hasta alcanzar hoy un máximo. Muchos de esos abusadores ya no quedan protegidos por la impunidad que otorgaba el silencio y el miedo. Un síntoma del cambio cultural producido por las nuevas reglas y, también, por una corriente mediática que ha puesto la cuestión sobre la mesa. Pero no todos los países avanzan a la misma velocidad.

En lugares como Chile, Argentina o México, donde han explotado muchos casos, es más frecuente la denuncia. También ha cambiado el panorama en Colombia, especialmente por el empuje de algunos periodistas como Juan Carlos Barrientos, que forzó una sentencia de la corte constitucional por la cual las diócesis debían dar los datos de esos sacerdotes pedófilos. “La presión mediática es fundamental”, señalan las fuentes consultadas. En cambio, añaden, hay zonas en claro atraso como la región andina o en el subcontinente brasileño, especialmente en las zonas más remotas.

Bolivia o Paraguay hace apenas dos años que comienzan a hablar del asunto, recuerda el jesuita alemán Hans Zollner, presidente del Instituto de Antropología para Estudios Interdisciplinares sobre la Dignidad Humana y una de las máximas autoridades en la lucha contra los abusos. Pero es un paso.

“La impresión es que como en toda la Iglesia, en muchos países de América por fin se habla del abuso sexual dentro de la Iglesia. La sensibilidad ha crecido. Además, todas las conferencias episcopales han hecho sus deberes canónicos. O sea, abrir una oficina para la protección y el cuidado de las víctimas y la promulgación de líneas guía para cada conferencia episcopal. Pero en América es muy importante también observar a las congregaciones y órdenes religiosas, que juegan un papel muy relevante. Ahí la situación es muy distinta de una a otra: las órdenes internacionales, a menudo, están más avanzadas que las locales. Y entre hablar y hacer hay mucha diferencia. No todo lo que está escrito se realiza. Así que siempre se debe observar si todo lo que se pretende se ejecuta”, apunta.

Pedagogía de la prevención

La parte positiva, señalan todos los consultados, es que ha crecido también la pedagogía de la prevención. Especialmente de la mano de entidades como Ceprome (Centro de Investigación y Formación Interdisciplinar para la Protección del Menor), que ponen como ejemplo en el Vaticano. Una organización que nació en la Universidad Pontificia de México, pero que se extiende ahora en toda Latinoamérica. “En ese sentido ha habido muchos avances. Incluso se ha fomentado más esa escucha y prevención que en algunos países europeos”. El problema, señalan las mismas fuentes, es que falta personal preparado para gestionar jurídicamente los casos. Es decir, canonistas. Profesionales capaces de afrontar los casos, gestionarlos y darles una respuesta jurídica. Del presente y del pasado.

El esquema no es nunca el mismo. Ni las causas. Tampoco la protección o el material de base con el que se trabaja. El caso del jesuita abusador en Bolivia destapado por EL PAÍS esta semana muestra una práctica perversa, de carácter colonial, que durante años fue costumbre en determinados países como España, como admiten fuentes vaticanas. Cundía entonces la falsa idea, opinan, de que así se haría desaparecer el caso, se evitaría el escándalo y se impediría su reproducción.

Sin internet ni redes, y desterrando al abusador, se consideraba liquidado. “Es algo que se hizo en el pasado. Se creía erróneamente que la pederastia se podía curar. Y en esa creencia, consideraban que ayudaba que esa persona que había cometido delitos en un cierto ambiente estuviera fuera para reinsertarse. Por eso se le enviaba a otro sitio para que comenzase de cero. Ahora hay actitudes que nos parecen una aberración, y antes parecían útiles”, señalan.

Zollner, que hace apenas un mes decidió abandonar la Comisión Vaticana que se ocupa de los abusos alegando “falta de transparencia”, también opina que no se trata de casos aislados. “Hay un avance muy claro de parte de algunas diócesis y congregaciones en América, sobre todo en la prevención. Pero no se puede decir lo mismo del tratamiento de los casos de abuso: sobre todo en los abusos del pasado. Me temo que hay mucho que descubrir. Y eso concierne también a casos como ese jesuita español en Bolivia. Sospecho que también en el futuro veremos muchos de estos casos en los que extranjeros europeos o norteamericanos han sido enviados a diócesis latinoamericanas siendo ya abusadores… Y otros se han convertido en abusadores ahí. Queda mucho por descubrir y será muy duro. También para los países de procedencia y las diócesis que les mandaron. Ciertamente, ha sucedido mucho más de lo que nosotros imaginábamos hace algunos años”.

El problema es que este tipo de casos mina la confianza de las víctimas, muy difícil de recomponer luego. Juan Carlos Cruz, superviviente de los abusos del sacerdote Karadima y hoy miembro de la Pontificia Comisión que creó el Papa a su llegada para tratar el tema, cree que en Chile todavía no se ha cerrado la herida pese a la limpieza que Francisco realizó de la cúpula eclesial. Y en el resto de países, subraya, queda muchísimo por hacer: “Hay todavía muchísimos casos y que no se les pone solución. Además, la diferencia en muchos países de Latinoamérica respecto a otros países europeos o Estados Unidos es esa brecha entre ricos y pobres. Las congregaciones millonarias tienen a su disposición gente poderosa que puede hacer daño a quien denuncia y, aunque hayan aumentado, muchas víctimas siguen sin atreverse a hacerlo”.

Cruz está, de algún modo, a un lado y otro del problema. Es víctima y también forma parte del grupo del Vaticano que diseña y supervisa las nuevas normas. El Papa quiso integrarlo y acercarse a él después del incidente en Chile en 2018. Sin embargo, insiste en que los organismos de la Santa Sede deben trabajar de otro modo. “No puede ser, por ejemplo, que supervivientes de Latinoamérica y de otras partes no sepan que hay un agujero negro en el Vaticano donde está su caso. Hay que acelerarlo porque los tiempos que emplea la Congregación para la Doctrina de la Fe para dar respuestas son innecesariamente largos y desespera a las víctimas. No puede ser que en lugares como Chile, modelo de este horror, siga habiendo víctimas que tengan que mendigar justicia. Nadie en el mundo debería hacerlo. Es inaceptable”.