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Los obispos entregan seis tomos al Defensor del Pueblo con información sobre casos de pederastia y sus protocolos de prevención

El órgano dirigido por Ángel Gabilondo solicitó este febrero por carta a las diócesis y órdenes religiosas españolas todos los casos de abusos sexuales que conociesen desde 1950

Abusos Iglesia Pederastia
El cardenal arzobispo Juan José Omella, durante una misa este marzo en la Sagrada Familia de Barcelona.Kike Rincón (Europa Press)
Julio Núñez

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha entregado en la tarde de este miércoles seis tomos al Defensor del Pueblo con información sobre los casos de pederastia que recabados por las diócesis y las congregaciones religiosas, así como los protocolos de prevención que supuestamente están siguiendo los obispos y superiores, según ha confirmado un portavoz del Defensor. El órgano público, dirigido por Ángel Gabilondo, solicitó este febrero por carta a las 70 diócesis y órdenes españolas todos los casos de abusos sexuales que conociesen desde 1950, los “dispositivos de escucha y reparación a víctimas” que la Iglesia católica ha puesto en marcha hasta ahora, así como datos sobre su funcionamiento.

“Hemos entregado al Defensor del Pueblo todos los datos de los casos que hemos recabado las diócesis y las congregaciones. Nos hemos adelantado, queremos demostrar que apostamos por la colaboración y la transparencia”, ha dicho el presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella, en un corro de periodistas, según ha adelantado Vida Nueva. Omella ha matizado que en los seis tomos no hay “ni nombres ni apellidos”, por lo que difiere de la información que Gabilondo le solicitó hace dos un mes.

En dicha misiva, fechada el 24 de febrero y adelantada por EL PAÍS, el órgano público recordaba a los jerarcas católicos “la voluntad expresada por la Conferencia Episcopal de colaborar” con el Defensor y les pedía “que dicha colaboración se haga explícita” con la entrega de información y de “cuantas consideraciones” estimen importantes. Cuando se hizo pública la solicitud, a mediados de este mes, Gabilondo destacaba que habían sido “pocos” los obispos que habían contestado a su carta.

Era la primera vez que el organismo público se dirigía oficialmente a la jerarquía eclesiástica para pedirle que colaborase con la investigación sobre los abusos sexuales a menores que el Congreso de los Diputados le encomendó hace un año. Fuentes del Defensor han afirmado a este diario que la comisión encargada de llevar a cabo estos trabajos estudiará la información recibida y que no pueden adelantar el número de casos que han aportado, si los datos están completos y si se ajusta a lo que han solicitado. De momento, han comprobado que parte de la documentación corresponde a protocolos de prevención y actuación. “De cualquier forma, seguimos esperando a que las diferentes entidades religiosas a las que le solicitamos información nos contesten”, ha añadido un portavoz.

El pasado verano, la Iglesia española advirtió de que, a pesar de que colaborará con Gabilondo, limitará la información que le entregará: “Nosotros no estamos dispuestos a una apertura generalizada de los archivos, porque [eso] no lo haría ninguna institución. Pero sí ante una noticia referida sobre una persona en concreto donde aparecen acusaciones”, dijo el entonces secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello. Es decir, que únicamente facilitarán información de casos puntuales.

La reunión se ha producido de forma apresurada. Omella ha descolgado el teléfono esta mañana para concertar una cita con Gabilondo. Desde este martes, Omella se encontraba en Madrid, reunido con los obispos que integran la Comisión Permanente de la cúpula eclesial. Finalmente, Gabilondo se ha desplazado a la sede de la Conferencia para reunirse con Omella y con el secretario general, César García Magán, para recibir los seis volúmenes, según fuentes del Defensor.

La gran pregunta sobre el escándalo de los abusos en la Iglesia española es si los obispos y los superiores de las órdenes religiosas harán pública la información de todos los casos que solo ellas conocen, que han juzgado internamente en sus tribunales eclesiásticos y que, en algunas ocasiones, han dictado indemnizaciones o han silenciado lo ocurrido. Los pasos que los obispos han dado hasta el momento se dirigen más bien hacia la opacidad. La mayoría de ellos no ha entregado a la Fiscalía General del Estado los datos que esta pidió que le remitiesen a comienzos de año: todas las “denuncias o testimonios recabados” dentro de la Iglesia. Solo respondieron la mitad de los obispados, y la mayoría con evasivas, “afirmando no tener abiertos casos en procesos canónicos”, anunció el fiscal general, Álvaro García Ortiz.

Incluso dentro de la propia institución hay barreras para acceder a la verdad. Tampoco la propia auditoría encargada por la CEE al despacho Cremades & Calvo-Sotelo está pisando los archivos diocesanos para revisar indicios de los posibles casos que se encubrieron en el pasado, al contrario de lo ocurrido en las comisiones puestas en marcha por otras conferencias episcopales europeas, como las de Portugal y Alemania.

Públicamente, en sus ruedas de prensa, los obispos han negado durante años que conociera casos. Tras la presión de los medios, admitió solo 220 denuncias en 2021 y 506 en 2022. Cabe de esperar que adelanten algún dato sobre las denuncias recogidas este año en sus oficinas, pero existe la duda de si harán como de costumbre, y no matizarán las fechas, los lugares donde sucedieron estos delitos, los nombres de los obispos encubridores o cuántos son inéditos y no forman parte de los más de 500 que este diario les ha entregado en el último año en sus informes.

La contabilidad que lleva este periódico sobre todos los abusos conocidos en la Iglesia a través de los medios y sentencias judiciales, la única existente en España en una base de datos abierta, señala en este momento 953 acusados y 1.802 víctimas.

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