La Fiscalía pide a los obispos españoles que le informen de todos los casos de pederastia en el clero que conocen

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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La Fiscalía General del Estado está solicitando a las 70 diócesis españolas que le remitan todos los datos sobre pederastia en la Iglesia con “información sobre las denuncias o testimonios recabados (...) en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa”, ya que le “sería de máximo interés y utilidad” para la “eliminación de este lamentable fenómeno”. Fuentes de la Fiscalía han precisado a EL PAÍS que su objetivo es recopilar todos los datos posibles para “dimensionar el problema” y “ver qué iniciativas se pueden impulsar para los casos que ya han prescrito”, como las posibles vías de reconocimiento y resarcimiento de las víctimas. “El problema no está en los casos que han salido a la luz, sino en los que no se conocen”, ha matizado la misma fuente.

La Fiscalía tomó esta decisión al comprobar en junio que la Conferencia Episcopal Española (CEE) le entregaba los dos primeros informes con cientos de casos que había recibido de este periódico, pero, en cambio, no informaba de todos los que los propios obispos conocen. La Fiscalía, “en relación a la colaboración demostrada al entregar dichos informes”, pidió a finales de este verano a la CEE los casos que les estaban llegando a las oficinas diocesanas, pero la organización de los obispos replicó que “no tenía poder para hacerlo” e indicó al ministerio público que contactara con cada diócesis individualmente. No obstante, la CEE ya está centralizando toda la información de las diócesis sobre los casos de pederastia. Ha pasado de declararse durante años impotente para exigir a cada obispo la información de los casos, y negar cualquier conocimiento de cifras del fenómeno, a reclamarla en exclusiva y coordinar una respuesta común. La CEE encargó en febrero una auditoría externa al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, y en este caso las diócesis sí le están enviando información de sus archivos. En cuanto al tercer informe de abusos entregado por EL PAÍS la semana pasada, esta vez la CEE no ha acudido de momento a presentarlo a la Fiscalía. Tampoco quiere aclarar si lo va a hacer.

Colaboración restrictiva

La Fiscalía, finalmente, se dirigió por primera vez hace un mes a las 70 diócesis españolas, una por una. No obstante, la Iglesia se resiste a colaborar plenamente y a revelar todo lo que sabe. La reacción del nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, ha sido enviar una circular interna a los obispos españoles el pasado viernes, a la que ha tenido acceso este periódico. En ella, aconseja colaborar con el ministerio público de forma restrictiva. Por un lado, recomienda que solo se remitan a las fiscalías provinciales los casos de víctimas que sigan siendo menores de edad —aunque a esto ya les obliga la ley desde 2015—, y a la Fiscalía General, únicamente las referencias y fechas de estas comunicaciones. Y por otro, establece que se entregue la relación de casos —de nuevo solo las referencias y fechas— donde las víctimas sean mayores en la actualidad “que ya han sido comunicados hasta el momento”. Se refiere a las denuncias que los obispos comenzaron a enviar a la Fiscalía a partir de 2019. Que no son todos los que conocen, sino los que cada obispo considera “relevantes”, según explicó en junio el ex secretario general de la CEE, actual arzobispo de Valladolid, Luis Argüello. Es decir, la Iglesia no está enviando a los fiscales aquellos casos que se han recibido o juzgado internamente durante décadas y que no han presentado ante las autoridades civiles, aunque es cierto que no tienen la obligación legal de hacerlo.

A algunos miembros de la judicatura eclesiástica no les han gustado las recomendaciones del nuevo secretario general de la CEE. “Lo grave no es que nos digan lo que tenemos que decir, sino la negativa a transmitir información que hemos recibido sobre víctimas que ahora son mayores de edad, aunque sufrieron los abusos siendo menores. Es una vergüenza, no ha cambiado nada”, explica un juez eclesiástico que prefiere guardar su anonimato. Para este canonista, es alarmante que la Conferencia Episcopal siga negándose a sacar a relucir los casos del pasado, donde hay obispos acusados de encubrimiento. “También es indignante que quieran controlar lo que hace cada diócesis, cuando hace tan solo un par de años justificaban que no tenían poder sobre ellas”, subraya.

Esta resistencia a dar datos choca con las primeras declaraciones de García Magán en su primera rueda de prensa, tras su nombramiento como secretario general el pasado noviembre, sobre la política que la Iglesia iba a mantener con los abusos: “Hay un compromiso muy serio y sin fisuras por una transparencia”. Con la entrega hace una semana del tercer informe de EL PAÍS, con 50 casos inéditos, a la CEE y al Defensor del Pueblo, los clérigos acusados en los últimos 12 meses ascienden a 500. En total, todos los casos conocidos son 906 y al menos 1.713 víctimas, según la contabilidad que lleva este diario y que está recogida en su base de datos.

El nivel de sinceridad y colaboración de la Iglesia es una de las claves decisivas para que los casos ocultos de pederastia salgan a la luz, y es lo que se debe aclarar en los próximos meses. También el Defensor de Pueblo, que emprendió una investigación del escándalo el pasado mes de julio, ha adelantado que pedirá datos de casos concretos y acceso a los archivos. La CEE ha respondido que colaborará en esta tarea, pero no ha aclarado hasta qué punto. “Yo voy a pedirles expresamente formas de colaboración, pero muy concretas, no del tipo colaboramos o no colaboramos, sino: sobre estos casos, qué puede decirnos, qué ocurre en estas congregaciones, qué pasa en estos archivos… Sé que el problema fundamental es la apertura de archivos y sé exactamente lo que dice el acuerdo entre Iglesia y Estado sobre ese asunto, pero yo sí voy a llamar”, anunció Ángel Gabilondo en septiembre.

En realidad, la Fiscalía ya intentó tomar cartas en el asunto en febrero de 2019. Dolores Delgado, por entonces fiscal general, pidió a la CEE que le informase de los casos que conocía. Pero los obispos no le contestaron. Ya en 2022, en enero, la Fiscalía ordenó a los 17 fiscales superiores de España que le remitieran en un plazo de 10 días todos los procedimientos penales en tramitación en ese momento (denuncias y querellas) referidos a agresiones y abusos sexuales a menores de edad en congregaciones, colegios o cualquier institución religiosa. El recuento fue de 68 procedimientos abiertos, aunque no diferenciaba cuáles afectaban a la Iglesia católica y cuáles a otras entidades, como los Testigos de Jehová o la Iglesia Evangélica. La cifra resultante es una fotografía de un instante, la de los casos abiertos en 2022, que no representaba la totalidad de estos delitos, ya que no incluía las sentencias condenatorias del pasado ni los casos que solo se instruyen en procesos eclesiásticos.

La misiva de García Magán también va a acompañada de dos modelos de respuesta para enviar a la Fiscalía: uno para aquellas diócesis que no tengan constancia de ninguna acusación o testimonio, y otro para aquellas “cuyas oficinas hayan sido receptoras de las mencionadas denuncias”. El secretario advierte de que “se da por hecho que los casos de menores ya han sido previamente comunicados a la fiscalía provincial correspondiente”, y que en el caso de que estuviera pendiente, el criterio a seguir es que antes se haga a este tribunal provincial, “de forma que no haya ningún caso que se comunique a la Fiscalía General del Estado que no esté previamente comunicado a la fiscalía provincial correspondiente”, puntualiza. Del mismo modo, también ofrece a los prelados que actúen a través de la procuradora que representa a la CEE “para facilitar la coordinación entre todos”. Una prueba más de que la organización episcopal ya está centralizando toda la información.

Las diócesis harán un balance interno en marzo

La llegada de esta carta a las diócesis ha coincidido con otro correo electrónico en el que la dirección de la CEE les solicita los datos que han recopilado en sus oficinas durante el último año. “Necesitamos saber las personas que han acudido a los centros para solicitar información y si esa información ha generado actuaciones en las diócesis o institutos de vida consagrada. Os pedimos el número, no nombres, ni iniciales, ni nada que identifique a las personas, debemos ser respetuosos con la ley de privacidad de datos”, aparece en el mensaje, firmado por Jesús Rodríguez Torrente, juez auditor del Tribunal de la Rota.

La Conferencia requiere todas las denuncias que se han interpuesto tanto en las diócesis como “las que han proseguido su cauce dentro del procedimiento administrativo o judicial”, matizando si se ha acompañado a la víctima psicológicamente y espiritualmente. También pregunta si cuentan ya con un protocolo de actuación —aunque el secretario general informó el pasado noviembre que todos los obispos ya lo estaban aplicando— y si han realizado cursos de formación para prevenir los abusos.

Para responder “de forma clara y rápida”, la Conferencia ha creado dos formularios en línea. “Se trataría de hacer balance de lo actuado y poder ofrecer a todos, la Iglesia, la sociedad y los medios de comunicación lo que se está realizando y trabajando sobre este tema”, añade Rodríguez en el mail. La fecha límite impuesta para enviar la información es el 20 de enero. “Estamos organizando el encuentro próximo, de marzo, para que podáis ir reservando el día 3. Será de formación y de amplio espacio para contraste y preguntas. Nos centraremos en el tema del victimario, la aproximación a la identidad del victimario, presentaremos un modo de trabajo con víctimas y victimarios en reparación y sanación; contaremos con el testimonio de una víctima abusada durante muchos años; y la participación de una asociación de víctimas que presentarán sus necesidades”, concluye el mensaje.

Para el juez eclesiástico citado anteriormente, esta petición refleja “la hipocresía” con la que la Conferencia Episcopal está tratando el tema de los abusos, en el que se niega a hacer público lo que sabe, pero, de puertas para dentro, quiere seguir “controlando” y lavando los trapos sucios. “Es una acción totalmente de maquillaje”, subraya.

Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, escríbanos a abusosamerica@elpais.es.