El protocolo de llevar casos de abusos prescritos a la Fiscalía para no hacer nada: “Nunca han querido investigar ni reparar”

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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La Iglesia católica española ha tenido que adaptar su respuesta a las denuncias de abusos, porque la vigente hasta ahora, negar que existan, ha dejado de ser eficaz ante el número de casos que salen a la luz. Solo con los tres informes presentados por EL PAÍS, el último la semana pasada, son 500 en un año. Lo que están haciendo diócesis, órdenes e instituciones católicas en muchos casos es crear protocolos que, aparentemente, suponen un cambio en la atención a las víctimas y la búsqueda de la verdad, pero en realidad a veces son una forma más sutil de eludir el problema. Uno de los métodos más claros es el que reduce la respuesta a denunciar el caso en la Fiscalía, como prueba de la voluntad de aclararlo, pero sabiendo que al estar prescrito se va a archivar directamente. Se dirige a una vía muerta, aunque depende de cada fiscal querer investigar más o menos para documentar el caso antes de archivarlo. Luego la institución religiosa argumenta que no se ha podido probar y no se puede hacer nada más. Es lo que ha vivido, por ejemplo, Antonio Gracia, que denuncia abusos entre 1989 y 1990 en el colegio católico Montearagón de Zaragoza, de la organización Fomento, vinculada al Opus Dei: “Nunca han tenido la más mínima intención de escuchar, investigar, reconocer el daño y repararlo, me he sentido ninguneado, no me han tomado en serio, ni me han creído”. Un año después de denunciarlo, está peor que al principio.

Gracia, de 40 años, relata que sufrió abusos de su tutor y profesor de primero y segundo de primaria cuando tenía entre seis y siete años. El colegio es de la red de Fomento de Centros de Enseñanza, con 35 escuelas en España, que tiene un “convenio de atención pastoral con el Opus Dei”. El punto 10 de sus principios educativos detalla que “la Prelatura del Opus Dei, a petición de Fomento de Centros de Enseñanza, ayuda a mantener viva la identidad cristiana de los colegios, presente en el fin fundacional de Fomento”. La Obra aclara también que el acusado, Francisco Ramos, seglar, no pertenece ni ha pertenecido al Opus Dei.

Según denuncia Antonio Gracia, y ratificó luego ante la Fiscalía de Zaragoza en marzo, el docente “me tocaba por debajo de la ropa, me daba besos, a veces en la boca, sentía su saliva y su aliento y me daba repugnancia, me besaba por todo el cuerpo, me lamía”. “Me metía la mano en los pantalones, me tocaba los genitales y yo me preguntaba: ‘¿Qué está pasando?’ Lo hacía a veces incluso en clase, te llamaba a la mesa y te metía la mano por debajo. Esto le pasó, que yo sepa seguro, a otro niño, y creo que a más. Nunca se lo dije a nadie, a mis padres se lo he contado hace poco”. El colegio informa de que el docente, que estuvo en el centro casi 40 años, de 1981 a 2020, y ya está jubilado, niega los hechos.

EL PAÍS incluyó este caso en el primer informe de pederastia entregado a la Iglesia en diciembre de 2021. El Opus Dei pidió poder contactar con el denunciante, que accedió. Empezó entonces lo que Antonio Gracia suponía que era un proceso de atención, investigación y reparación del daño. “Tuve una conversación telefónica con el director del colegio, pero a partir de ahí todo fue por correo electrónico. Me dijeron que lo denunciarían a la Fiscalía y me pareció bien. Pedí un encuentro personal y me dijeron que era mejor dejarlo para más adelante, cuando la Fiscalía acabara su trabajo. Pedí que le preguntaran al profesor por la acusación, pero dijeron que no querían interferir en el trabajo de la Fiscalía. Ya vi claro que era una estratagema para no hacer nada y me harté, luego ya no quise verles ni perder más el tiempo”.

Pero Gracia tuvo otra sorpresa cuando recibió la citación de la Fiscalía de Zaragoza. La firmaba el fiscal jefe, Felipe Zazurca, que es miembro del Opus Dei y además antiguo alumno del mismo colegio, donde ha dado charlas. Luego le tomó declaración otro fiscal, que 18 días después archivó el caso por haber prescrito. A Juan Cuatrecasas, presidente de Infancia Robada y cuyo hijo sufrió abusos en el colegio Gaztelueta del Opus Dei en Leioa, Bizkaia, le parece “una vergüenza”: “Que un fiscal jefe adscrito al Opus Dei intervenga en un caso en el que el acusado está vinculado al Opus Dei no le da ningún criterio de credibilidad ni independencia. Esto sigue ocurriendo en este país, y no debería repetirse”. Juan Herminio Duarte, director del centro, ante la perplejidad y desconfianza de Antonio Gracia por este hecho, explica que “más que raro, es casualidad”. “Cualquier colegio de Fomento ante un caso de abusos lo lleva a Fiscalía, independientemente de quién sea el fiscal”, razona. En el caso de Gaztelueta, asegura Cuatrecasas, sucedió algo similar y ya lo declaró entonces a los medios: “La fiscal jefe de la Audiencia de Bizkaia estaba vinculada al Opus Dei, sus hijos iban a ese colegio, había dado charlas en clubes de la Obra. Mi opinión es que el fiscal se comportó en el proceso más como abogado defensor del acusado que como fiscal”. Este juicio terminó en 2020 con una condena firme del Supremo.

El director del colegio, sobre las quejas de Gracia por el trato recibido, explica: “En todo momento le dije que lamentaba el sufrimiento que esto le había causado y le ofrecí mi apoyo y colaboración para lo que quisiera, pero después él ya no quiso tener un encuentro personal”. Cuenta que postergó esa cita, pese a que el denunciante la pedía, “por cumplir el protocolo”, pero luego él “cortó la comunicación”. Lo cierto es que, en todo caso, luego no se han vuelto a poner en contacto con él para informarle del resultado del proceso. Pero es que Duarte admite que no han hecho ninguna investigación y su protocolo no contempla nada más que la denuncia, ningún proceso de reparación. Refiere que, a petición de Gracia, habló con el director de la época, “que se sorprendió absolutamente del tema”. También apunta que “nadie ha dicho nada, ni alumnos ni profesores” y “nunca hubo un expediente contra este profesor”.

Sobre el núcleo central del conflicto, si cree al denunciante y reconoce el daño, explica su punto de vista: “No reconozco el daño. No dudo de Antonio, y lo siento de verdad, pero he escuchado al profesor, que era muy conocido y querido, y tampoco a él lo pongo en duda, y lo que dice la Fiscalía es que está prescrito. Mi protocolo llega hasta aquí y para nosotros esto acaba aquí”. El Papa ha dejado claro que las víctimas tienen derecho a una compensación, pero en numerosos casos es una información que no se les da. “Ni ellos me lo propusieron, ni yo lo dije, porque tampoco quería hacer parecer que solo buscaba dinero ni que me acusaran de eso, encima te crean esa incomodidad”, razona Gracia. Este caso es más complejo porque es un colegio privado católico, que no pertenece formalmente a la estructura de la Iglesia, y el acusado es un laico, ajeno a las reglas canónicas. No obstante, en el caso de Gaztelueta, donde el condenado también es un seglar, el Vaticano incluso ha ordenado al Opus Dei repetir la investigación, ante las quejas de la familia por cómo se llevó a cabo y cómo fue archivada.

En el primer informe entregado por EL PAÍS, hace un año, hay dos casos que afectan a miembros del Opus Dei. Un testimonio acusa a E. A. S., en Murcia, en 1980. El segundo, a M. F. A., en Santa Cruz de Tenerife, en los años setenta. La prelatura, que ha realizado una investigación interna sobre pederastia, no ha querido revelar de cuántos casos tiene constancia. Explica que ha remitido la información al despacho de abogados que en febrero inició una auditoria encargada por la Conferencia Episcopal. Este bufete, Cremades & Calvo Sotelo, está presidido por un miembro del Opus Dei, y por esta razón ha sido acusado de falta de credibilidad por las asociaciones de víctimas de abusos.

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Un año del informe de EL PAÍS que destapó la pederastia en la Iglesia Católica

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