El Defensor del Pueblo solicita por carta a la Iglesia todos los casos de abusos sexuales que conozca desde 1950

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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El Defensor del Pueblo ha solicitado a la Iglesia española los datos sobre todos los casos de pederastia de los que tenga conocimiento desde 1950. Es la primera vez que el organismo público se dirige oficialmente a la jerarquía eclesiástica para pedirle que colabore en la investigación sobre los abusos sexuales a menores que el Congreso de los Diputados le encomendó hace un año. En una carta, dirigida a las 70 diócesis y a varias órdenes religiosas, la institución ha recordado a los jerarcas católicos “la voluntad expresada por la Conferencia Episcopal de colaborar” con el Defensor y les ha pedido “que dicha colaboración se haga explícita” con la entrega de información y de “cuantas consideraciones” estimen importantes. “Tengo la absoluta convicción de que comparte esta voluntad de afrontar con serenidad, con rigor y con eficacia esta tarea en la que por diversos procedimientos en su diócesis también se está trabajando”, añade el titular del organismo, Ángel Gabilondo, en la carta fechada el 24 de febrero y a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Gabilondo, además, ha solicitado a la Iglesia información sobre los “dispositivos de escucha y reparación a víctimas” que las diócesis y órdenes religiosas han puesto en marcha hasta ahora, así como datos sobre su funcionamiento. Y también cuáles son los protocolos de prevención y de intervención cuando tienen noticia de un posible caso de abuso sexual.

El defensor ya informó este lunes de que estaba solicitando “la colaboración de distintos estamentos de la Iglesia católica” y que esperaba “poder contar con ella en breve”, pero no había matizado qué había pedido exactamente. Lo único que destacó fue que solo habían contestado unos “pocos” y que en el informe final detallará si ha habido algún obispo reacio a colaborar. “La información que tengamos la daremos y la que no tengamos también. Diremos también quién no nos ha dado información. Si de las 70 diócesis nos contestan 32, diremos: ‘Estas 32 nos han respondido y estas 38 no”, precisó Gabilondo, en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, tras entregar el informe anual de la institución. En la comparecencia, Gabilondo también informó de que ha requerido datos a “distintos estamentos de la Iglesia”, como las asociaciones de colegios católicos o el decano del Tribunal de la Rota.

La colaboración de la Iglesia sigue siendo uno de los grandes interrogantes. ¿Compartirán las órdenes y diócesis la información de los casos que solo ellas conocen, que han juzgado internamente en sus tribunales eclesiásticos y que, en algunas ocasiones, han dictado indemnizaciones o han silenciado lo ocurrido? Hasta el momento, la Iglesia parece resistirse a decir públicamente lo que sabe. El pasado verano ya advirtió de que, a pesar de que colaborará con Gabilondo, limitará la información que le entregará: “Nosotros no estamos dispuestos a una apertura generalizada de los archivos, porque [eso] no lo haría ninguna institución. Pero sí ante una noticia referida sobre una persona en concreto donde aparecen acusaciones”, dijo el entonces secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello. Es decir, que únicamente facilitarán información de casos puntuales.

Tampoco ha entregado información a la Fiscalía General del Estado, que a finales de año solicitó a los obispos españoles que le remitiesen todas las “denuncias o testimonios recabados” dentro de la Iglesia. A la petición solo han respondido la mitad de los obispados, y la mayoría con evasivas, “afirmando no tener abiertos casos en procesos canónicos”, anunció hace unas semanas el fiscal general, Álvaro García Ortiz.

Tampoco la propia auditoría encargada por la Conferencia Episcopal Española (CEE) al despacho Cremades & Calvo-Sotelo está pisando los archivos diocesanos para revisar indicios de los posibles casos que se encubrieron en el pasado, al contrario de lo ocurrido en las comisiones puestas en marcha por otras conferencias episcopales europeas, como las de Portugal y Alemania.

Hasta ahora, la CEE, que ha negado durante años que conociera casos en España, solo ha admitido 220 denuncias en 2021 y 506 en 2022. La contabilidad que lleva este periódico sobre todos los abusos conocidos en la Iglesia a través de los medios y sentencias judiciales, la única existente en España en una base de datos abierta, señala en este momento 929 acusados y 1770 víctimas.

445 testimonios en nueve meses

El defensor matizó en la rueda de prensa de este lunes que su investigación sobre los abusos se alargará más de un año, pero que presentará un documento ante el Congreso de los Diputados antes de que acabe esta legislatura. Desde julio, cuando la comisión inició sus trabajos, ha recogido 445 testimonios de víctimas. “Estamos satisfechos con el ritmo de llegada de los testimonios y con la cantidad de víctimas que se han dirigido a nosotros, pero lo que realmente nos importa y preocupa, más que el número, es escuchar a las víctimas y hacerlo con respeto, con seriedad, con discreción y con confidencialidad”, señala Gabilondo en el informe anual de la institución.

Para atender a las víctimas, el organismo creó una unidad formada por siete especialistas (psicólogos, juristas, criminólogos y trabajadores sociales) y dos administrativos. Este equipo también se está desplazando por España para recoger los relatos en persona y hasta ahora han viajado a Barcelona, Sevilla, Pamplona, Zaragoza, Vigo, Toledo, Mataró y Valencia. Además de escuchar a los afectados, está recopilando datos para el estudio. Por otro lado, la investigación del Defensor también cuenta con una comisión asesora de 20 expertos y un foro de diálogo con las asociaciones de víctimas, donde aportan sus puntos de vista y que ha mantenido dos encuentros.

Los canales de contacto que ofrece el Defensor del Pueblo a las víctimas que quieran colaborar en la investigación con sus testimonios son los siguientes: el correo electrónico atencionvictimas@defensordelpueblo.es y el teléfono gratuito 900 111 025. También dan cita presencialmente en un local que la entidad ha alquilado en Madrid para este cometido —su ubicación no es pública para proteger la intimidad de los supervivientes—. Del mismo modo, se puede escribir a la dirección postal de la institución: calle Zurbano, 42, 28010, Madrid.