El papa Francisco extiende a los líderes laicos las normas antiabusos

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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Francisco ha actualizado las normas contra los abusos en el seno de la Iglesia católica que promulgó en 2019 y ha añadido algunas disposiciones que amplían la cobertura del delito e incluyen a los líderes laicos de asociaciones católicas en las disposiciones relativas a las responsabilidades que hasta ahora se aplicaban a los obispos, superiores religiosos y clérigos encargados de la guía de una Iglesia particular o de una prelatura. A partir de ahora, los laicos que están al frente de estos grupos católicos deberán rendir cuentas de sus actuaciones y están obligados a denunciar los abusos de los que hayan tenido conocimiento. Se trata de una respuesta a los numerosos casos de líderes laicos que han cometido abusos de poder o sexuales contra personas que estaban bajo su cuidado o autoridad espiritual. Entre las entidades religiosas dirigidas por laicos se encuentra el Camino Neocatecumenal, popularmente conocida como los kikos en honor a su fundador, el laico Kiko Argüello.

Esta nueva ley dirigida a la Iglesia universal, que es una nueva versión del motu proprio Vos estis lux mundi (Vosotros sois la luz del mundo), reconoce, además, que los adultos vulnerables también pueden ser víctimas de sacerdotes, y ahora también de laicos depredadores, cuando no pueden dar su consentimiento. Entiende el concepto de adulto vulnerable, como “toda persona que se encuentre en un estado de enfermedad, de deficiencia física o psíquica, o de privación de libertad personal que limite de hecho, aunque sea ocasionalmente, su capacidad de comprensión o de resistencia al hecho delictivo”. La ley anterior consideraba que solo los adultos que “habitualmente” carecen de uso de razón podían ser considerados víctimas junto con los menores. Las nuevas disposiciones, en la práctica, amplían también la protección a las monjas o los seminaristas que dependen de sus obispos o superiores.

La nueva normativa, que entrará en vigor el próximo 30 de abril, trata de precisar, además, algunas vaguedades de la ley anterior. Por ejemplo, se establece que las diócesis deben dotarse de “organismos y oficinas” fácilmente accesibles al público para recibir las denuncias de abusos. El antiguo texto hablaba de manera más genérica de “sistemas estables” para la recepción de las denuncias.

También se amplía con las nuevas disposiciones la protección de los denunciantes y se pretende aportar cierta transparencia. Antes se señalaba que a la persona que presenta un informe de abusos no se le puede imponer alguna obligación de guardar silencio con respecto al contenido del mismo y ahora esta protección abarca también a “la persona que afirma ser ofendida y a los testigos”.

“Los delitos de abusos sexuales ofenden a Nuestro Señor, causan daños físicos, psicológicos y espirituales a sus víctimas, y perjudican a la comunidad de fieles. Para que tales fenómenos, en todas sus formas, dejen de producirse, es necesaria una continua y profunda conversión de los corazones, que se manifieste en acciones concretas y eficaces que impliquen a todos en la Iglesia, para que la santidad personal y el compromiso moral contribuyan a promover la plena credibilidad del anuncio evangélico y la eficacia de la misión de la Iglesia”, escribe el Papa en la norma.

Con las nuevas disposiciones se refuerza la ley anterior, que se aprobó en 2019, en un momento de crisis para el Vaticano y la jerarquía católica, asediada por los escándalos de abusos, y que fue elogiada en su momento porque establecía mecanismos precisos para investigar a los obispos y superiores religiosos cómplices y por incluir el delito de encubrimiento. Aunque su aplicación hasta ahora ha sido desigual dependiendo de las Iglesias locales de los diferentes países y las víctimas de abusos han criticado la continua falta de transparencia sobre los casos.

Actualmente, los escándalos de pederastia también están sacudiendo a la Iglesia española que, tras año negando el escándalo y a iniciar una investigación general de lo sucedido, encargó hace un año una auditoría a un bufete de abogados. Del mismo modo, y salvo algunos pocos obispos, sigue sin informar públicamente de los casos que conoce. Tampoco lo ha hecho la solicitud que le hizo la Fiscalía General del Estado para que le entregase todos los casos que solo ella conoce. La Conferencia Episcopal Española solo ha admitido 220 denuncias en 2021 y 506 en 2022. La contabilidad que lleva este periódico sobre todos los abusos conocidos en la Iglesia a través de los medios y sentencias judiciales, la única existente en España en una base de datos abierta, señala en este momento 929 acusados y 1.770 víctimas.

El pontificado de este Papa ha estado marcado por las reformas para combatir los abusos, pero como él mismo ha reconocido, todavía hay países donde la Iglesia católica es reticente a aplicarlas. Bergoglio, defensor de la tolerancia cero contra los abusos, creó un año después de su elección la Comisión Pontificia para mejorar la protección de los menores dentro de las comunidades católicas de todo el mundo. Asimismo, comenzó a reunirse con víctimas dentro y fuera del Vaticano, también en sus viajes internacionales, para escucharlas, una práctica que a día de hoy sigue manteniendo. La última vez conocida que se reunió con víctimas de abusos fue el pasado miércoles en el Vaticano.

En febrero de 2019 convocó a los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo a una cumbre en Roma para tratar el tema de los abusos y, al acabar el año, promulgó dos leyes canónicas que obligaban a los obispos y jerarcas católicos a abrir procesos contra cualquier denuncia de la que tuvieran conocimiento. Francisco incluso levantó el secreto pontificio para que las diócesis entregasen a las autoridades civiles que lo solicitasen documentación de los procesos canónicos que la Iglesia ha judicializado internamente.