La jueza declara insolventes a Magrudis y sus dueños, causantes del mayor brote de listeriosis de Europa

Ni Magrudis ni Elaborados Cárnicos Mario —las dos empresas sevillanas donde se originó el mayor brote de listerioris de Europa―, ni sus titulares, José Antonio Marín Ponce, administrador de hecho de la fábrica, sus hijos Sandro y Mario y su mujer Encarnación Rodríguez, tienen bienes suficientes para asegurar la fianza solidaria de 5,17 millones de euros que en noviembre de 2022 les impuso la jueza que investigó el caso en el auto de apertura de juicio oral. Así lo ha dictaminado el Juzgado de Instrucción Número 10 de Sevilla, que ha dictado sendos autos de insolvencia para las cárnicas y para los cuatro imputados por un delito contra la salud pública en concurso con cuatro delitos de homicidio imprudente, siete delitos de lesiones al feto por imprudencia grave con resultado de aborto y 245 delitos de lesiones por imprudencia grave, respectivamente.

Los representantes legales de las víctimas consultados por este diario coinciden en que “era esperable” que ni Magrudis ni sus dueños tuvieran bienes suficientes para disponer o ser embargados en concepto de fianza. Por eso, ahora la posible condena de María José Ojeda, la veterinaria municipal encargada de los controles preceptivos a la fabricante, se antoja todavía más esencial para que las víctimas puedan cobrar la indemnización. Solo un fallo judicial en su contra activaría la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento para poder hacer frente a las peticiones de los afectados.

Ojeda sí ha sido considera solvente por el mismo juzgado al considerar suficiente el escrito de una de las dos compañías aseguradoras de la funcionaria municipal que garantiza el pago de su fianza, fijada en 5.025.648,40 euros. La jueza que instruyó el caso sí decidió imputar a la veterinaria, en contra del criterio de la Fiscalía. Ella fue la que realizó las dos únicas inspecciones sobre la cárnica, en 2016 y 2017, y quien, además, dirigió el proceso de recogida de muestras de carne tras la declaración del brote de listeriosis el 15 de agosto de 2019. La magistrada concluyó que la facultativa “puntúa a la baja y omite algunas puntuaciones y no recoge muestras de productos, ni comprueba superficies, ni verifica muestras del ambiente interior, por lo que no comprueba de forma exacta si la instalación reúne las condiciones, a pesar de estar obligada a evaluar todos los aspectos del sistema de puntuación”. Una negligencia que le llevó a no efectuar más inspecciones ni supervisiones, “lo cual pudo haber evitado lo ocurrido”.

Su imputación fue considerada una victoria por parte de las acusaciones particulares porque allana el camino para el pago de las indemnizaciones por parte del Ayuntamiento. La condena en un proceso penal de un funcionario determina de manera inmediata la responsabilidad subsidiaria del consistorio. Su exclusión hubiera obligado, independientemente de que también se reconociera, como es el caso, esa responsabilidad subsidiaria del consistorio, a abrir la vía contencioso-administrativa para reclamarla, un proceso farragoso y que nunca se iniciaría antes de que se agotara la vía penal, que puede dilatarse durante años si se suceden los recursos.

Fue el 15 de agosto de 2019 cuando la Junta de Andalucía decretó la alerta sanitaria por un brote de listerioris hallado en la carne mechada La Mechá, fabricada por la empresa sevillana Magrudis, cuyos propietarios, sabían, desde diciembre del año anterior que en sus instalaciones había un foco de listeria monocytogenes que ocultaron a las autoridades sanitarias. Fruto de la infección fallecieron cuatro personas, seis parejas sufrieron abortos y hubo más de 240 personas infectadas, la mayoría en Andalucía. Más de tres años y medio después, las víctimas aguardan a que se celebre el juicio de un caso que ha aflorado irregularidades y mala praxis en sus propietarios y en el funcionamiento de los mecanismos de autocontrol por parte de la empresa y de supervisión por parte de la Administración