Un año de eutanasia en España: 172 casos y una gran desigualdad entre las comunidades autónomas

Cataluña ha realizado 60 prestaciones, mientras que Andalucía, con un millón de habitantes más, solo 11

Manifestantes se concentraban a favor de la aprobación de la ley de eutanasia en la Puerta del Sol en Madrid, en marzo de 2021.
Manifestantes se concentraban a favor de la aprobación de la ley de eutanasia en la Puerta del Sol en Madrid, en marzo de 2021.Andrea Comas

En el primer aniversario de la ley de eutanasia, que entró en vigor el 25 de junio de 2021, al menos 172 personas han terminado su vida por este procedimiento en España. Es la cifra que ha recabado EL PAÍS de todas las comunidades autónomas, excepto Asturias y La Rioja, que no han facilitado el dato. Es un primer año de rodaje desigual, en el que la implicación de los Gobiernos regionales ha sido decisiva para facilitar o dificultar el avance de este nuevo derecho y en el que todavía quedan procesos por mejorar. Sin embargo, con sus baches, la prestación está funcionando de forma correcta, en términos generales, según un amplio abanico de fuentes sanitarias consultadas, que incluyen las institucionales, del mundo de la medicina, la enfermería, los pacientes y la bioética.

Las diferencias en la implantación saltan a la vista con solo ver las cifras. Cataluña, una de las comunidades que los expertos señalan como de las más avanzadas en la implantación de la eutanasia, ha realizado en el primer año 60 prestaciones, el triple que Madrid (19) con solo un 13% más de población, y casi seis veces más que Andalucía (11), que tiene un millón de habitantes más. Estas dos comunidades han practicado menos eutanasias que el País Vasco (25), otra de las señaladas como referencia.

Porque, aunque la ley entró en vigor hace ahora un año, no todas las comunidades empezaron a realizar eutanasias el pasado verano. Para prestar el servicio era indispensable formar un comité de garantías, un órgano interdisciplinar que tiene que dar el visto bueno final a cada proceso, y que en algunas regiones, como las mencionadas Madrid y Andalucía, no se constituyó hasta meses después de la entrada en vigor de la ley.

Las facilidades para acceder al derecho de morir cuando el enfermo lo desea también son mayores o menores en función de las administraciones. No se trata solo de cumplir la ley, sino de cómo lo hacen: qué información prestan a la ciudadanía y a los sanitarios, qué garantía y formación dan a los médicos y enfermeras o cuáles son las trabas burocráticas.

Javier Velasco, presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), reconoce que hay “algunas comunidades donde está yendo muy bien y en otras bastante mal”, pero prefiere poner el acento en los avances y no hacer valoraciones comparativas hasta que no haya datos oficiales, que tendrá que publicar el Ministerio de Sanidad. “Nos fijamos en aquellos lugares donde funciona bien, como Cataluña y País Vasco, que son ejemplos desde el principio. Tienen en común que ambas hicieron los deberes con tiempo, pusieron en marcha con prontitud el comité de garantías, lo hicieron público, tienen una página web con información muy detallada. Las dos han divulgado la ley entre la ciudadanía, han hecho bastante formación a los profesionales y, otra cosa que coinciden, es que en ambas, aunque no son las únicas, han nombrado referentes, ya sean médicos o enfermeras en cada área de salud a los que otros colegas pueden acudir cuando tienen dudas”, explica Velasco.

Lo que sucede en algunas ocasiones es que un paciente le pide a su médico la eutanasia y este no sabe ni lo que tiene que hacer. Lo más frecuente para quienes quieren acceder a este derecho es acudir al médico de familia, que es el que suele tener más trato con los enfermos, pero pueden solicitarlo a cualquier otro. Aunque en España no hay datos de las enfermedades más frecuentes de las personas que pidieron eutanasia, Tayra Velasco, presidenta de la Comisión Deontológica del Colegio de Enfermería de Madrid, asegura que a diferencia de otros países, donde el cáncer es la más frecuente, aquí la mayoría de las peticiones son de quienes sufren enfermedades neurodegenerativas, por lo que hay pacientes que también acuden a su neurólogo, o a cualquier facultativo con el que tengan confianza. Por lo demás, dice Velasco, las características de los pacientes de los que han recabado datos son similares a las de otros países con sistemas de eutanasia más implantados: un perfil mayoritario de hombres septuagenarios que reciben la eutanasia en su domicilio.

Esta enfermera es una de esas referentes que mencionaba el presidente de DMD. Aunque en Madrid, la Comunidad donde trabaja, la Consejería de Sanidad no ha promovido esta figura, algunos profesionales se han coordinado entre ellos para dar ayuda a los colegas. “Es frecuente que los equipos asistenciales no sepan exactamente qué tienen que hacer cuando se les presenta la situación. Primero, es necesario identificar qué demanda el paciente: si es información o la solicitud formal y documentada de ayuda para morir. A partir de ahí tienes que explorar ese deseo, iniciar un proceso deliberativo y explorar el dolor en todas las esferas: el físico, el psicológico, el social, el espiritual...”.

Después hay tres filtros que tienen que dar su visto bueno para que se realice la eutanasia: el primero es el médico responsable, al que ha acudido el paciente (siempre que este no sea objetor). El segundo, otro colega que no conociera al paciente. Y, por último, la comisión de garantías, en las que hay al menos personal médico y jurídico que tienen que dar su visto bueno, pero también pueden formar parte de ellos psicólogos, farmacéuticos, enfermeras o expertos en bioética, entre otros especialistas.

Tayra Velasco cuenta que cuando los médicos o enfermeras se dirigen a ella en busca de ayuda les asesora tanto sobre estos pasos, sobre la burocracia que hay que seguir, como sobre otros asuntos que tienen que ver con el procedimiento de aplicar los medicamentos —”no todas las enfermeras estamos acostumbradas a usarlos”— o relacionados con la donación de órganos. “En estos casos se tiene que realizar en el hospital, pero la Organización Nacional de Trasplantes es muy ágil y se adecuan bien a los casos que hemos tenido”, señala.

Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial, asegura que en este año no han tenido noticia de ningún percance a la hora de cumplir con la ley, ni para manifestar la objeción de conciencia. “Nuestro deber es amparar a los médicos que la realicen y por eso hemos ampliado nuestro código deontológico para no sancionar a quienes realicen prestaciones dentro de la ley, aunque no consideramos la eutanasia un acto médico”, señala.

Trabas al derecho

¿Y cuáles están siendo las trabas en este proceso? Un ejemplo es el de Estrella López, que recibió la eutanasia en Sevilla el 2 de abril. En una carta remitida a este diario denunciaba las trabas que la Junta de Andalucía le puso para poder cumplir con su derecho a una muerte digna. Tuvo que esperar cinco meses para poder iniciar los trámites porque la administración no constituyó la Comisión de Garantías hasta noviembre, incumpliendo los plazos legales establecidos por la ley. Esa fue la primera de las demoras. Un proceso que no debería durar más de 40 días tardó otros cinco meses por la falta de protocolos de la administración. Su médico responsable no sabía a quién enviar la solicitud que se formuló el 22 de noviembre de 2021; hubo demora en la designación del médico consultor, que rechazó la petición. Tras el recurso, la Comisión autorizó la eutanasia por unanimidad el 22 de marzo. Cuando acudieron al hospital Virgen del Rocío, solo les ofrecieron llevarla a cabo los sábados y excluyendo algunos festivos. Finalmente, un lunes les indicaron que o se llevaba a cabo al sábado siguiente o tendrían que esperar un mes, informa Eva Saiz.

Eva Camps, portavoz de DMD en Andalucía, asegura que en esa comunidad “la mayoría de los casos son así”. “Algunos han fallecido durante el proceso por sedación, otros han desistido”, explica. Casi un año después de la aprobación de la ley, Andalucía únicamente ha regulado sobre el Registro de Profesionales Sanitarios Objetores de Conciencia a la prestación de ayuda para morir en Andalucía. Preguntado el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, este mismo miércoles, ha respondido: “En esta comunidad hemos apostado por profundizar y mejorar los cuidados paliativos y cumplir a rajatabla la ley”.

Marisa de la Rica, presidenta de la Asociación Española de Enfermería en Cuidados Paliativos (Aecpal) explica que eutanasia y paliativos no deberían ser dos opciones entre las que haya que elegir. Pero hay que hacer un esfuerzo por mejorar estos cuidados, que les llegan tarde a mucha gente. “Es importante la identificación precoz: minimizar problemas cuando la enfermedad se presenta. Si los pacientes no empiezan a recibir los paliativos hasta el final, no da tiempo a tratarlos, va a ser atender una agonía”, explica.

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Sobre la firma

Pablo Linde

Empezó a escribir sobre el coronavirus prácticamente cuando se descubrió y desde entonces se ha dedicado a cubrir la pandemia. Comenzó a publicar en EL PAÍS en 2007, centrado en asuntos relacionados con la sanidad y la salud, lo que le ha valido ganar varios premios nacionales, como el Prismas de divulgación científica o el Boehringer de medicina.

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