La arquidiócesis de Santa Fe pagará 121 millones de dólares en compensaciones a víctimas de abuso sexual

La Arquidiócesis de Santa Fe, una de las más antiguas de Estados Unidos, llegó a un acuerdo con cientos de víctimas de abusos sexuales. La Iglesia católica de Nuevo México enfrenta desde hace años cientos de acusaciones “creíbles” de que 74 de sus sacerdotes cometieron delitos de pederastia en parroquias o escuelas a cargo de la diócesis. El cúmulo de denuncias orillaba a la organización católica a la bancarrota. Para evitarla, los religiosos han prometido el pago de 121.5 millones de dólares para compensar a 375 denunciantes de delitos ocurridos hace más de 25 años. Este es uno de los mayores convenios judiciales alcanzados en el país recientemente.

“Ningún monto puede deshacer el dolor ni el trauma de nuestros clientes ni de las familias. Esperamos que este acuerdo pueda cerrar las heridas de algunos de los sobrevivientes de abuso”, ha afirmado Dan Fasey, el abogado que ha representado desde 2018 algunas de las familias que acudieron a los tribunales a destapar el escándalo. Desde entonces, la diócesis ha gastado 52 millones de dólares en convenios con las víctimas para evitar que los casos lleguen a un juicio.

La diócesis ha calificado de “noticias muy positivas” el convenio, que le permite esquivar el Chapter 11, el procedimiento de reestructuración financiera. “La Iglesia se toma muy seriamente la responsabilidad de asegurarse de que las víctimas de abuso sexual sean compensadas justamente”, dijo John Wester, el arzobispo de Santa Fe, el martes, día en que fue revelado el acuerdo. Este aún debe recibir el sí de las víctimas.

La compensación a las personas afectadas saldrá del dinero de la arquidiócesis, los presupuestos de las parroquias, otras entidades católicas y las compañías aseguradoras de la Iglesia. Aunque el pago representa un sacrificio financiero para algunas de las parroquias, la contribución es un sacrificio que las blinda de futuras demandas, ha asegurado la organización. El arzobispo ha explicado que el dinero llegará de forma íntegra a las víctimas de abuso y que ningún dólar será utilizado en el pago de abogados o para el proceso de bancarrota. Estos serán cubiertos de otra manera.

La negociación entre las partes fue coordinada por un comité de acreedores que se formó en 2018, cuando la arquidiócesis inició los trámites de reestructuración financiera. Charles Paez, el presidente del comité, ha informado que el acuerdo también contempla una parte no monetaria. Esta obliga a la Iglesia católica a crear un archivo público con documentos que cuenten la historia de abusos de los más de 70 religiosos implicados en el escándalo. También habrá servicios religiosos y reuniones con los sobrevivientes. “La arquidiócesis espera que estos pasos positivos puedan ayudar a curar a las víctimas de abuso y a la comunidad”, indica el comunicado firmado en Albuquerque.

La arquidiócesis tiene sus orígenes en 1850, cuando el papa Pío IX originó un vicariato en la región. 25 años después se elevó a arquidiócesis. Es una de las más extensas del oeste americano, cubriendo 158.000 kilómetros cuadrados en 19 condados de Nuevo México. Durante varias décadas, sus responsables encubrieron cientos de abusos cometidos por los sacerdotes a cargo de las parroquias e iglesias. En junio de 2019, cuando se cerró la ventana para demandar a la iglesia por casos de pederastia, los tribunales se inundaron con casi 400 querellas en una entidad con solo dos millones de habitantes.

“El número de denuncias recibidas habla de la intensidad de la crisis que vivió Nuevo México”, dijo entonces Levi Monagle, uno de los abogados de las víctimas. “Esta diócesis se saturó con sacerdotes abusivos en las últimas cuatro o cinco décadas”, indicó. La organización publicó hace algunos años una lista con los nombres de los sacerdotes señalados, varios de ellos muertos, y los lugares donde habían oficiado.

La arquidiócesis dice tener una política de cero tolerancia a los abusos desde hace 25 años. Este protocolo para proteger a los niños y jóvenes exige una revisión de los antecedentes de todos los empleados de la organización católica y la obligación de tomar cursos sobre entornos seguros para las juventudes católicas. Las iglesias de Portland (Oregón), San Diego (California) o Milwaukee (Wisconsin) también han sufrido demandas colectivas como la de Santa Fe. En 2007, los católicos de Los Ángeles firmó un pacto para pagar casi 500 millones de dólares para compensar a medio millar de víctimas de abusos.

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