Dos niños contra un monstruo: el escabroso camino a la justicia de las víctimas de abuso sexual infantil en México

La batalla legal por llevar a un acusado de abuso sexual infantil ante la justicia ha escalado hasta la Suprema Corte de México. El caso: el exdirector de un colegio de Guanajuato contra dos estudiantes que lo han denunciado por abuso sexual. Roberto N. alega que el delito del que se le acusa prescribe a los dos años, como establece el código penal estatal, es decir, que en ese lapso de tiempo la acción deja de ser castigable. Por lo que recientemente el mismo denunciado, prófugo y con dos órdenes de aprehensión, ha solicitado que el asunto sea revisado por el máximo tribunal judicial.

La Primera Sala de la Suprema Corte ha asumido por primera vez un asunto relacionado con la prescripción en abusos sexuales a menores en el país, un oscuro terreno en donde las leyes federales chocan con las legislaciones de algunos Estados. Aunque el código penal nacional y ciertas normativas locales recientemente han eliminado la caducidad y prescripción en este tipo de delitos por ir en contra del interés superior de la niñez, los códigos estatales de la mayor parte de las entidades aún la permiten.

En Guanajuato, una niña y un niño pelean desde hace años contra quien han denunciado como su agresor, el exdirector y propietario del colegio Liceo de León, a quien acusan de abusos sexuales. Respaldados por sus padres y su abogado, los menores se han atrevido a denunciar a la mayor autoridad de su escuela en un Estado en el que el código penal establece que el delito prescribe a los dos años.

Este lapso es contrario a las recientes modificaciones al código penal federal y a la ley general para la protección de niños, niñas y adolescentes, que desde el año pasado establece que “no podrá declararse la caducidad ni la prescripción en perjuicio de niñas, niños y adolescentes”. Así como de tratados internacionales, como la convención de los derechos del niño de la que México es signatario desde hace más de 20 años.

La resolución del Supremo mexicano marcará un precedente histórico en una problemática invisibilizada en el país, donde por muchos años las leyes locales han funcionado como armas de defensa para los acusados, según explica en entrevista con este diario el abogado de los menores, Moisés Castillo “Es muy importante y podría beneficiar a muchas personas que no han denunciado por el tema de la prescripción”, señala.

El monstruo del silencio

En México, el primer país del mundo en abuso sexual de menores, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la cifra negra de denuncias de abusos sexuales supera los 600.000 casos, según cálculos de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC). Por lo que, su presidenta, Laura Martínez, destaca la importancia de visibilizar los casos para que a su vez más personas se atrevan a denunciar. “No es solamente el caso de Guanajuato, hay muchos más que están pasando por la misma dinámica”, señala.

En el Estado de Durango, Monyca Peyro ha roto el silencio, pero aún no ha podido llevar al padre de sus hijas ante la justicia. A pesar de que un informe médico determinó que su hija presentaba lesiones por penetración después de haber regresado de pasar un fin de semana con su padre, el hombre no solo no ha sido procesado por las autoridades de Durango, sino que también sigue peleando por la custodia de las niñas que la madre pudo recuperar gracias al reporte forense del abuso.

“Mi historia comienza con la sustracción de mis hijas, debido a esa sustracción yo descubro la violencia sexual infantil que estaban viviendo mis chiquitas”, expone. “Ha sido muy difícil acceder a la justicia, y si tiene un tiempo de caducidad el acceso de mis hijas a la justicia, pues las van a afectar definitivamente”, comenta.

La madre destaca que a pesar de que las niñas señalaron la violencia sexual, un juez determinó que “los actos que molestaban” a sus hijas “por parte del padre eran actos de cuidado. Es aberrante”, expone. A partir de entonces, ella recurrió a un amparo y ahora sus esperanzas están puestas en un juez federal que analiza el caso, ya que actualmente solo tiene la custodia provisional, por lo que también vive con temor de que en cualquier momento su exesposo le pueda quitar a sus niñas.

Hacia una pena acorde con la gravedad del delito

En el caso que será revisado por los ministros, la lucha legal inició cuando el niño de iniciales R.N.M. denunció al que era el director de su colegio, recapitula Castillo. “Dicha denuncia prosperó en una orden de aprehensión que fue recorriendo su camino y un colegiado en el Estado de Guanajuato, en la ciudad de León, estableció que quedaba firme”, explica.

Tiempo después, la niña, de iniciales A.M.A.R. se armó de valor para también presentar una denuncia contra la misma autoridad escolar. “Ella tardó en verbalizar la agresión. Nos acercamos con su mamá y con ella para preguntarle si estaba en disposición de denunciar junto con R.N.M. y la niña primeramente se negaba”, narra. El abogado destaca que esa reacción es muy común, ya que el abuso sexual infantil provoca “un daño psicoemocional muy fuerte”.

El exdirector del Liceo de León basa su defensa en el tiempo que pasó entre la denuncia y los hechos. No obstante, la dificultad de denunciar es uno de los principales obstáculos con los que se enfrentan las víctimas de abusos sexuales en México, resalta Castillo. “Eso es bastante preocupante porque no se atreven a denunciar no porque no quieren. Muchas veces el menor de edad tarda en procesar y verbalizar”, señala. “Nosotros hemos sostenido que el delito no prescribe porque el tiempo de la denuncia va en favor de la víctima, no del agresor sexual”, destaca.

Más allá de la prescripción, el Código Penal para el Estado de Guanajuato establece una pena de prisión “agravada”, por tratarse de un delito menor, de seis meses a dos años de prisión, indica el abogado. “Una pena que es totalmente absurda tratándose de un delito grave como el que estamos hablando, que lesiona derechos humanos del menor a su normal desarrollo psicoemocional y que lo marca para toda la vida”, advierte.

Además, destaca que la garantía de derechos a los menores por parte del Estado “debe ser palpable” en la realidad. “Puede estar en la Constitución, puede estar en el código, pero si no es aplicable en la realidad es letra muerta”, subraya. “Estamos buscando el apoyo de los legisladores para intentar hacer un cambio en la legislación del Estado de Guanajuato y agravar la pena para que se homologue al nivel federal”, comenta.

“Tenemos que impulsar esos cambios legislativos para que puedan determinar los diputados en Guanajuato una pena que vaya acorde a la gravedad del delito”. El abogado menciona que padres de niños que han sufrido abusos le han manifestado que “si en la mente del niño no prescribe el daño por el abuso que sufrió, ¿por qué va a prescribir para el agresor sexual?”.

Por su parte, indica que ahora la estrategia para llevar al exdirector ante la justicia será a través de los dos asuntos en su contra. “Y una vez que se logre su captura, que enfrente su proceso con todas las garantías legales, y si un juez lo encuentra culpable deberá purgar una pena de prisión sin ninguna garantía para salir”, expone.

Roberto N. tiene dos órdenes de aprehensión en su contra, una ficha roja de Interpol y está prófugo desde hace dos años. Pero aún desde las sombras, se defiende. El último recurso de su defensa está ahora en manos de la Primera Sala de la Suprema Corte. “Hemos combatido sus recursos para que se agoten todos sus recursos legales y exigimos a la Fiscalía que haga su trabajo y aprehenda a Roberto N. y lo presente ante un juez de control para que enfrente un proceso”, insiste el abogado.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país