El calvario judicial de los menores víctimas de abuso sexual: obligados a declarar hasta cuatro veces

Primero lo sufren. Y luego tienen que contarlo. No solo una vez, sino hasta cuatro. El último informe sobre abusos sexuales a menores de Save The Children, en el que analizan 394 sentencias judiciales con delitos de este tipo entre 2019 y 2020 en España, concluye que durante el procedimiento, niños y niñas se ven obligados a contar de media cuatro veces lo que les ha ocurrido, exponiéndose a revivir el abuso y perjudicar la credibilidad de su testimonio, pues las declaraciones pueden acabar siendo incoherentes o contradictorias.

Se calcula que entre un 10% y un 20% de la población en España ha sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia. El director general de Save the Children, Andrés Conde, ha señalado este jueves en la presentación del análisis de las sentencias que esa estimación supone que “entre 800.000 y 1,6 millones de menores son víctimas de abuso sexual”. Según el Ministerio del Interior, en 2020 algo más de la mitad de denuncias por delitos contra la libertad sexual (50,8%) tenían como víctima a niños, niñas y adolescentes. Y estos últimos son datos que pueden representar solo la punta del iceberg, ya que se considera que solo el 15% de los casos llegan a denunciarse.

Con motivo del Día Mundial de la Infancia, que se celebra el sábado 20 de noviembre, Save the Children alerta en su último trabajo sobre esta dura realidad y el calvario judicial añadido que conlleva. De su análisis se desprende que la edad media en la que los niños y las niñas comienzan a sufrir abusos sexuales es muy temprana, a los 11 años y medio, y que un 44,7% se producen entre los 13 y los 16. También infiere que la mayoría (78,9%) de las víctimas son niñas y chicas adolescentes, y que alrededor del 84% de los abusadores son conocidos. Entre los espacios más comunes destaca el entorno familiar con casi la mitad (49,5%), siendo las figuras del padre y del padrastro las más frecuentes. Además, solo en el 12,5% de los casos el agresor tiene antecedentes.

Alexandra Membrive (Barcelona, 48 años) fue abusada sexualmente por una persona cercana a la familia desde los siete hasta los nueve años. Mucho después, un día hablando con su pareja sobre un regalo, recordó algo que su cerebro había bloqueado: la cocina de la Barriguitas, el obsequio que su abusador le hizo para comprar su silencio. Tenía 33 años, y fue la primera vez que lo contó. Nueve meses más tarde, se lo comunicó a su madre, que la creyó al momento. En la mayoría de los casos, admite Membrive, no es así. “Yo tuve suerte, pero hay niños y niñas que son traicionados tanto por el victimario como por la familia, que en teoría tiene que proteger y cuidar”. Ahora, es presidenta de la asociación El Mundo de los ASI, integrada por personas adultas que han sufrido abusos sexuales en la infancia. “Si dan el paso de denunciar son traicionados otra vez”, lamenta. Membrive señala que la segunda traición viene por un sistema que no los atiende como es debido, pues se inicia un proceso judicial “dolorosísimo” para la víctima.

En tres de cada cuatro casos analizados por Save The Children no se practicó la prueba preconstituida —grabar durante la fase de instrucción el testimonio del niño o de la niña para evitar tener que acudir en persona al juicio—, que ahora es obligatoria para todos los menores de 14 años según la ley orgánica de protección de la infancia y la adolescencia que se aprobó en mayo. Sobre esta normativa, Membrive dice que es “insuficiente”. “Será suficiente cuando no haya prescripción, como ocurre en el Reino Unido”, aclara.

“El dolor de no ser creído”

“Lo peor es el doble dolor que sufren algunos niños. El dolor por ser víctima y el dolor por no ser creído”, lamenta Membrive, que transformó esa aflicción en resiliencia: “Cuando le conté a mi madre lo de los abusos, y me creyó y me apoyó, le dije: ‘No sé qué voy a hacer con mi vida, pero tengo claro que voy a hablar del abuso sexual infantil hasta que me muera’”. Desde su organización, hace especial hincapié en la prevención. “Mi madre se sentía culpable. Lamentaba haberme enseñado a no fiarme de desconocidos, pero no de personas cercanas”, recuerda. “Hay que romper el silencio. Hay veces que en las familias las violencias se van pasando de generación en generación. Mi abuelo era producto de un abuso sexual, y mi padre sufrió abusos por parte de una mujer. Hasta que alguien habla. Para eso, es importantísima la prevención”, concluye.

Según el análisis de Save the Children, la mayoría de los profesionales —jueces, abogados, fiscales, médicos, psicólogos, forenses, cuerpos y fuerzas de seguridad…— que intervienen en el proceso judicial no tienen formación especializada en derechos de infancia y en violencia contra menores. Tampoco hay espacios amigables para que los menores puedan prestar su testimonio de forma respetuosa. Aunque las cámaras Gesell —el testigo habla con un psicólogo en una sala desde donde no puede ver a nadie pero sí ser visto por todos los actores jurídicos— han sido un avance, siguen estando dentro de los juzgados, espacios con connotaciones negativas para ellos. Para la ONG, el modelo Barnahus (Casa de los Niños) es un progreso. Es un espacio en el que están integrados los servicios sociales, sanitarios, educativos, policiales y judiciales, para atender a las víctimas en un mismo lugar.

En cuanto a la duración de los procesos judiciales, el análisis aprecia una mejora respecto a años anteriores: un 63% de los casos estudiados entre 2019 y 2020 no duraron más de dos años, mientras que en el informe previo de Save the Children de 2017, Ojos que no quieren ver, la media de duración era de tres años. Con todo, sigue habiendo procesos que superan los cinco años lo que demuestra que aún queda margen de mejora.

La ONG reclama que se aborde de forma urgente la especialización judicial y fiscal en violencia contra la infancia y la creación de una Fiscalía específica de violencia contra la infancia que participe en todos los procesos donde existan víctimas. La ley de protección de la infancia contempla que, en el primer año tras la entrada en vigor de la ley, el Gobierno debe enviar a las Cortes un proyecto de ley con la especialización de los juzgados.