Adiós a los papanicolau obligatorios a las funcionarias de São Paulo por orden de un juez

Las empleadas públicas que hayan obtenido una plaza de funcionarias en el Estado brasileño de São Paulo ya no tendrán que someterse a una citología o papanicolau y, si tienen más de 40 años, a una mamografía antes de asumir sus funciones. Un juez acaba de suspender de manera cautelar esa exigencia al entender que es discriminatorio hacia las candidatas respecto a los candidatos, por lo que da la razón por el momento al área de la Defensoría Pública que vela por los derechos de las mujeres, que demandó al Gobierno estatal. Las pruebas se piden con la intención de detectar candidatos enfermos o que puedan enfermar y evitar así el potencial daño a las arcas públicas.

Paula Machado, la coordinadora del Núcleo de Promoción y Defensa de los Derechos de la Mujer, explica en una entrevista telefónica que, además de discriminatorias, esas dos pruebas “son muy desproporcionadas, hieren la dignidad de la mujer y no existe ningún cargo público para el que la salud reproductiva y sexual sea relevante”. Confía en que el juez convierta la suspensión cautelar en definitiva.

São Paulo es, con 46 millones de habitantes, el Estado más poblado y el que más aporta a la economía brasileña. Tiene cientos de miles de empleados público: maestros, jueces, policías, barrenderos, biólogos y un larguísimo etcétera. Una vez superada la oposición, todos los candidatos deben demostrar que gozan de buena salud mediante una serie de pruebas médicas para poder asumir el empleo público. Así lo establece el estatuto que lo rige. Y ahí empieza el problema.

Las mujeres tienen que someterse a una o dos pruebas más que sus colegas varones, en función de su edad. Ellas deben presentar los resultados de una citología y, las mayores de 40 años, también una mamografía además de análisis de sangre, un electrocardiograma y unos rayos X torácicos exigidos también a los hombres.

Las pruebas médicas —costeadas por el funcionario si no quiere ir a la red pública— persiguen evitar el gasto que supondría para el Estado de São Paulo que el futuro empleado público enfermara. Literalmente, según cita la demanda, para “identificar quién tiene o quién tiene pronóstico de desarrollar futuras neoplasias [tumores] malignas, con el fin de impedir que accedan a cargos públicos, partiendo del supuesto de que dichas personas, que puedan desarrollar futuras enfermedades, pueden causar perjuicio a la Administración Pública”.

Machado afirma que “el Estado elige las enfermedades que quiere analizar y discrimina por razón de género”. Y pone como ejemplo que, para detectar el cáncer de próstata, a los funcionarios les basta con un análisis de sangre.

La Defensoría también argumentó que ese criterio de buena salud debería estar directamente vinculado con el trabajo que el funcionario va a desempeñar. Porque no es lo mismo conducir un autobús de línea que dar clase.

Pero las pruebas acarrean otras supuestas discriminaciones y vulneraciones de derechos, según detalla la coordinadora del área de derechos de la mujer de la Defensoría. Requiere convencer a un médico que las recete en la red pública —que solo recomienda la mamografía a partir de los 50 años— o si no hay que pagarlas en la red privada, con lo que “acabas creando una vía transversal que puede impedirle [a una candidata] tomar posesión del cargo”.

Y por si fuera poco, añade, violan la intimidad de la funcionaria, son invasivas e innecesarias. Tanto la citología, un examen uterino llamado papanicolau por el científico que lo inventó, como la mamografía, una radiografía que requiere aplastar los pechos hasta el límite tolerable, son incómodas y, en ocasiones, dolorosas. Y en el primer caso la detección del papilomavirus humano, recalca Machado, ni siquiera significa que va a enfermar y el cáncer de cuello de útero es curable.

Brasil tiene el sistema de salud pública más grande del mundo, llamado SUS, pero también un potente sistema de seguros privados al que recurre el tercio de la población más privilegiado.

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