Las repeticiones caen a mínimos históricos durante la pandemia

La repetición es uno de los grandes problemas estructurales del sistema educativo en España: un 29% de alumnos ha repetido curso al menos una vez a los 15 años, cuando la media en los países desarrollados se sitúa en el 11%. Y la última semana, una parte de los artículos de materia educativa publicados en EL PAÍS han girado en torno a los cambios que se están produciendo en este terreno. La ley Celaá, ha introducido cambios para reducir el uso de esta controvertida herramienta pedagógica, de modo que pase a ser realmente excepcional.

 El curso pasado constituyó un punto de inflexión histórico en este terreno. Los centros educativos permanecieron cerrados tres meses ante la gran ola de contagios. Para compensarlo las autoridades educativas aprobaron cambios urgentes en la normativa para facilitar que los estudiantes pasaran de curso. Los resultados reflejan que el porcentaje de aprobados se disparó hasta 10 puntos en algunos cursos de los centros públicos (en los privados también aumentaron, pero ya tenían antes de la crisis sanitaria niveles de repetición muy bajos). La comunidad educativa considera, en general, que la decisión fue acertada, aunque reclaman más refuerzo para el alumnado con dificultades. El aumento de los aprobados alcanzó a las comunidades gobernadas por el PP que se opusieron a flexibilizar los criterios de evaluación (los populares llegaron a recurrir, sin éxito, los cambios normativos ante la Audiencia Nacional).

El presidente del Consejo Escolar del Estado, Enrique Roca, que será relevado previsiblemente este martes por Encarna Cuenca, aseguró en una entrevista esta semana que en los países de éxito educativo “los alumnos no repiten cursos, sino aprendizajes”, tal y como refleja el análisis comparativo que el organismo asesor del Gobierno en materia educativa ha realizado durante su mandato.

El Ministerio de Educación prepara, en paralelo, una reforma integral de la Formación Profesional que será impulsada con una inversión de 1.900 millones de euros en los próximos años gracias a los fondos europeos para la recuperación que recibirá España. El plan detallado por el Gobierno a Bruselas incluye, además, 827 millones para la creación de casi 240.000 aulas digitales interactivas, 290 millones para formar a unos 725.000 docentes, una dotación de 150 millones para entregar 250.000 dispositivos móviles con objeto de reducir la brecha digital, así como medidas destinadas a reducir la desigualdad apoyando a los alumnos de entornos desfavorecidos. Las autonomías han empezado a adaptar sus normativas a la ley Celaá, incluida Andalucía, gobernada por el PP (un partido que llamó a minimizar su aplicación) y Ciudadanos, según hemos conocido también esta semana.

En el ámbito universitario, las elecciones a rector en la Universidad Rey Juan Carlos, que se celebrarán el 3 de marzo, atraen a algunos de los protagonistas del caso Cifuentes, que quedó el viernes visto para sentencia en la Audiencia de Madrid. Piensan optar al cargo el químico Rafael van Grieken, que fue el consejero de Educación en el Ejecutivo madrileño de Cristina Cifuentes,y el actual rector, Javier Ramos, que le acusa de haberle presionado “con reiteradas llamadas” para elaborar un acta falsa del trabajo de fin de máster de la expresidenta autonómica. Salvador Perelló, el catedrático que denunció el escándalo, también sopesa presentarse. El Gobierno, a través de sus ministerios de Trabajo y Universidades, trata de mediar, por otra parte, en el expediente de regulación de empleo (ERE) al 12% de la plantilla (275 empleados, la mayoría de ellos docentes) anunciado por la Universidad Europea, que tiene sedes en Madrid, Valencia y Tenerife. La supervisión del eventual impacto de la medida en la calidad de la docencia y la investigación de la universidad corresponde a las agencias evaluadoras autonómicas.