América Latina, entre los carnés de vacunación y la negativa de restricciones ante ómicron
Algunos países de Sudamérica están apostando por medidas que incentiven a la población a inmunizarse mientras que los presidentes de México y Brasil quieren evitar medidas drásticas que consideran que coartan la libertad
La amenaza de ómicron ya es una realidad en América. En la semana en la que se ha confirmado la presencia de la nueva y preocupante variante de coronavirus en la región (ya hay casos confirmados en Brasil, Canadá y Estados Unidos) y mientras los países europeos se plantean la obligatoriedad de la vacuna y el Gobierno de Joe Biden apuesta por multiplicar los esfuerzos de inmunización, América Latina analiza cuál es la mejor manera de continuar combatiendo el virus.
Algunos países de Sudamérica están apostando por medidas que incentiven a la población a inmunizarse, como los carnés de vacunación y pases sanitarios necesarios para acceder a ciertos lugares cerrados o eventos multitudinarios; otros como México continúan descartando tomar medidas drásticas como restricciones de viaje o toques de queda y después está Brasil, en la que los Estados y las agencias oficiales tratan de poner orden frente al enfoque negligente con el que Jair Bolsonaro ha enfrentado la pandemia.
Así está actuando la región frente a la nueva variante:
Sin restricciones en México
México ha mantenido el enfoque heterodoxo que ha caracterizado a su estrategia contra la covid desde el estallido de la pandemia. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha llamado a la calma tras el surgimiento de ómicron y ha descartado cierres de fronteras, restricciones de viaje o medidas drásticas, como toques de queda. “No hay elementos para preocuparnos”, dijo esta semana el presidente. “No hay información sólida de si esta variante es más peligrosa que las otras”, agregó el mandatario, en unas declaraciones que han sido criticadas por parte del país por considerar que minimizan el riesgo de la nueva versión del coronavirus.
La misma flexibilidad se aplica para las vacunas. “Nosotros no vamos nunca a volver obligatoria la vacunación porque nosotros tenemos un pueblo que es mucha pieza”, dijo López Obrador el pasado 23 de noviembre sobre los debates en algunos países europeos acerca de la obligatoriedad de inmunizarse contra la covid.
En los últimos días, el país rebasó la cota de los 65 millones de habitantes con esquemas completos de vacunas, de una población objetivo de 96 millones, según el plan nacional de vacunación. El porcentaje de cobertura cae hasta poco más de la mitad si se considera el total de pobladores: casi 129 millones de personas.
A diferencia de otros países latinoamericanos, México aún no ha iniciado la aplicación de dosis de refuerzo, aunque las autoridades dijeron que lo harán en cuanto se logre cubrir a personas rezagadas y comunidades remotas. La regla general para entrar en restaurantes, gimnasios y actos masivos es el uso de cubrebocas, aunque la presentación de certificados de vacunación es necesaria, por ejemplo, para hacer viajes al extranjero como consecuencia de las medidas que se han adoptado en Estados Unidos y Europa.
La gestión de la crisis ha sido un terreno disputado por dos extremos: un Gobierno que presume de éxitos y una oposición que denuncia una crisis por el elevado número de muertos, pese al subregistro de los datos oficiales. “Enfrentamos el grave problema de la pandemia con eficacia”, defendió López Obrador. “El desastroso y negligente manejo de la pandemia provocó que el número de muertes rebase el medio millón, a pesar de la vacunación, pero lo peor es que ni siquiera se percibe que el Gobierno se prepare para la eventual cuarta ola que ya impacta en Europa”, criticó Marko Cortés, líder del conservador Partido Acción Nacional, unas horas antes de que la actual Administración celebrara un acto masivo por los primeros tres años del mandato, el pasado miércoles.
Carnés de vacunación en Colombia, Perú y Ecuador
Colombia exige desde mediados de noviembre a todos los mayores de 18 años la presentación del carné de vacunación para entrar a lugares de ocio. Una medida que se extendió a todos los mayores de 12 años este martes. Hasta ahora, es suficiente para acceder haber recibido una sola dosis de la vacuna, pero a partir del 14 de diciembre se exigirá haber recibido la inmunización completa. El objetivo, además de proteger, es alentar a la vacunación. En Colombia actualmente el 48,1% de la población ha recibido las dos dosis y un 72,8% al menos una. A mediados de noviembre, un congresista del partido Centro Democrático, del presidente Iván Duque, presentó un proyecto de ley para exigir la vacuna obligatoria, aunque es un debate que todavía no se ha dado.
Perú también empezará a solicitar el carné de vacunación a la población para acceder a centros comerciales y otros lugares de ocio. En principio estaba previsto que entrara en vigor el día 15, pero el ministro de Salud informó este miércoles de que se adelantaba al día 10 por la alerta ante la expansión de la variante ómicron. La obligatoriedad de presentar el carné también incluye a los transportes terrestres o en avión, pero no al transporte público urbano. El 55% de los peruanos ya han recibido las dos dosis.
En Ecuador, el presidente anunció el lunes que sería obligatorio presentar el carné de vacunación para acceder a instituciones públicas, una medida que no afectará al sector privado como locales comerciales o restaurantes. En el país, las voces de los antivacunas no se escuchan demasiado. Actualmente el 64% de la población tiene la pauta completa.
En Venezuela, que actualmente atraviesa un momento de pocos contagios y pocas muertes por covid, la realidad es que no se exige ningún tipo de acreditación para acceder a los locales de ocio. Aunque el presidente sí anunció a finales de octubre que, con el fin de la restricciones, habría que demostrar la pauta completa de vacunación, nadie exige por ahora el documento para entrar en los restaurantes. En Venezuela el 35% de la población ha recibido las dos dosis y el 58%, al menos una.
Brasil combate las negligencias de Bolsonaro
El Gobierno Jair Bolsonaro sigue siendo negligente y omiso ante la pandemia. Después de boicotear la compra de vacunas y la propia campaña de inmunización, Brasil no da señales de que adoptará algún tipo de certificado de vacunación a nivel nacional o protocolos estrictos para asegurar la entrada solo de extranjeros y brasileños inmunizados en Brasil, por ejemplo. El presidente se niega a vacunarse y ha declarado numerosas veces que su gestión no respaldará cualquier tipo de obligatoriedad que, según argumenta, afectaría la libertad ciudadana.
Aun así, la campaña de inmunización contra la covid-19 es considerada un éxito: más del 74% de la población tiene al menos la primera dosis y casi el 63% ha completado el esquema de vacunación. En el Estado de São Paulo (46 millones de habitantes), el 75% de la población ya se ha vacunado por completo. Además, el 95% de los brasileños quieren vacunarse, según las últimas encuestas. Esas cifras, según los expertos, se deben a que la sanidad pública brasileña ha desarrollado a lo largo de las últimas tres décadas exitosas campañas de inmunización que ya forman parte del cotidiano y de la cultura nacional.
Ante la omisión del Gobierno Bolsonaro, los Estados y municipios han creado asimismo sus propias normas locales para asegurarse de que los ciudadanos se inmunicen. En Río de Janeiro, por ejemplo, es obligatorio presentar un pasaporte de vacunación para acceder a lugares públicos como cines, teatros, museos o estadios. São Paulo a su vez exige el certificado en eventos con más de 500 personas, como conciertos, congresos o partidos de fútbol.
Bolsonaro ha intentado boicotear esas medidas de gobernadores y alcaldes –tal y como ha hecho con las restricciones a la circulación impuestas desde el principio de la crisis sanitaria–. “Está de moda por parte de algunos alcaldes el pasaporte de inmunización. Es una forma de discriminar y apartar a las personas, debemos asegurar la libertad de quienes quieren y de quienes no quieren vacunarse”, afirmó el presidente en septiembre en una entrevista a CNN Brasil. El pasado noviembre, la Secretaría Especial de Cultura del Gobierno de Bolsonaro decretó que los eventos culturales con patrocinio gubernamental no podrán exigir ningún tipo de pasaporte o certificado. En ciudades donde el comprobante es obligatorio, los eventos financiados por el Gobierno federal solo podrán ser virtuales.
El Gobierno de Bolsonaro tampoco exige un pasaporte de inmunización para extranjeros o brasileños que llegan al país. Para entrar a Brasil, hace falta un examen RT-PCR negativo para la covid-19 hecho 72 horas antes del embarque o una prueba de antígenos negativa hecha 24 horas antes. Los viajeros también tienen que hacer una declaración de salud informando si tienen alguna sospecha de covid-19. El pasado 27 de noviembre, ante la alarma mundial por la variante ómicron, el Gobierno decidió prohibir la entrada de viajeros de Sudáfrica, Botsuana, Essuatíni, Lesoto, Namibia y Zimbábue.
Brasil ha registrado desde hace un mes menos de 300 muertes diarias por covid-19, una cifra suficiente para que gobernadores y alcaldes eliminen todas las restricciones a la circulación de personas. Las autoridades locales también buscan eliminar la obligatoriedad del uso de mascarillas en las calles y otros espacios abiertos, como lo hizo Río de Janeiro en octubre. El debate ahora es si el país está preparado para las fiestas de fin de año y para el carnaval de febrero.
Pase sanitario y de movilidad en Argentina y Chile
La primera reacción en Argentina a ómicron fue el cierre de fronteras a los pasajeros llegados desde países de África. Los vuelos directos desde ese continente siguen suspendidos (nunca se reanudaron desde la cuarentena iniciada en marzo de 2020) y aquellas personas que hayan partido desde África y arriben tras hacer escalas en terceros países deben cumplir con dos semanas de cuarentena. Con el paso de los días, la cepa activó además un debate que estaba dormido en Argentina. Las autoridades sanitarias anunciaron esta semana que estudian la creación de un “pase sanitario” que será otorgado a todos aquellos que hayan recibido dos dosis de la vacuna contra la covid-19. Tras algunos cortocircuitos con las provincias, se acordó que el pase solo será necesario para participar de grandes eventos, ya sea cerrados o al aire libre, y no será exigencia para viajar, por ejemplo, en transporte público o ir a la oficina.
La intención del pase es fomentar la vacunación en el 20% de la población que aún no ha recibido dosis alguna, no por falta de viales sino por cuestiones ideológicas. El movimiento antivacunas no es visible en Argentina, pero las dificultades que encuentran las autoridades para superar la barrera del 80% de inmunizados con al menos una dosis ha puesto en evidencia que sí hay reticencias, aunque soterradas.
Las discusiones políticas acerca de la mejor estrategia para enfrentar la covid-19 se han reducido tras el fin de la campaña para las elecciones de medio término, celebradas el 14 de noviembre. El debate giró siempre en torno a una mayor o menor apertura de la economía y, sobre todo, la presencialidad en las escuelas. Mientras el Gobierno defendía los cierres para evitar el colapso sanitario, la oposición se puso del lado de aquellos que querían recuperar cuanto antes una vida normal. La cepa ómicron, ahora, encuentra a la Casa Rosada del lado de los aperturistas. La gravedad de la crisis económica y la derrota electoral en las legislativas han dejado al oficialismo con poco margen para exigir esfuerzos extraordinarios a la población.
El pase sanitario, de hecho, se ha presentado con mucho cuidado, limitado solo a actividades masivas. A diferencia de Chile, que ya cuenta con un pase de movilidad desde hace meses sin resistencia alguna entre la población. Los chilenos que tengan aplicadas las dos dosis cuentan con un permiso digital que es condición para entrar a sitios cerrados como restaurantes o cines. Con la llegada de ómicron, el Gobierno chileno también decidió endurecer su política de fronteras: prohibió el ingreso de pasajeros llegados desde África y suspendió la apertura programada de pasos terrestres que había acordado con Argentina, Chile y Bolivia.
Chile es el país de la región con mayor proporción de vacunados con dos dosis (más del 80%, contra el 66% de Argentina, por ejemplo). Las autoridades sanitarias anunciaron ahora que desde el 1 de enero será obligatorio tener una tercera aplicación de refuerzo para renovar el pase de movilidad. Cualquier extranjero que ingresa está obligado a sacar ese pase, previa validación de las vacunas que haya recibido en su país de origen. En lo único que los chilenos parecen estar todos de acuerdo es en la necesidad de aplicar restricciones ante la pandemia. No es poca cosa. El país se encuentra inmerso en una campaña electoral polarizada entre la extrema derecha y la izquierda para elegir nuevo presidente el 19 de diciembre. Las discusiones entre los candidatos van al hueso del modelo de país, sin que la estrategia sanitaria forme parte de la pelea.
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