El Gobierno de Biden reacciona a la ley de Texas al prometer seguridad para las clínicas abortistas

La Administración de Joe Biden ha reaccionado este lunes a la legislación aprobada por Texas, que prácticamente impide a las mujeres de ese Estado ejercer su derecho constitucional al aborto. El fiscal general de Estados Unidos ―responsable del Departamento de Justicia―, Merrick Garland, ha asegurado que el Gobierno federal protegerá a las clínicas abortistas en caso de que sufran ataques.

Garland ha explicado que Justicia estudia de forma urgente todas las opciones para objetar a la ley texana con el objetivo último de “proteger los derechos constitucionales de las mujeres y otras personas, incluido el aborto”, según un comunicado. Para ello, la Administración demócrata recurre a una norma de 1994 (la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas a Clínicas o FACE, por sus siglas en inglés) que prohíbe cualquier forma de violencia contra el ejercicio del derecho al aborto.

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Esta ley fue firmada por el presidente demócrata Bill Clinton (1993-2001) y prohíbe el uso o la amenaza de la fuerza para interferir o intimidar a las personas que acuden a una clínica en la que se practican interrupciones del embarazo. El fiscal general también informó de que ya se han iniciado contactos con fiscales y con las oficinas del FBI situadas en Texas. “No toleraremos ningún tipo de violencia, impedimento físico o daño material contra las personas que buscan o brindan servicios anticonceptivos”, finaliza el comunicado.

Tras la entrada en vigor en Texas, el miércoles pasado, de la polémica norma, Biden dio la orden de movilizar todos los recursos de que dispone su Gobierno para proteger el derecho al aborto en el Estado sureño. El mandatario criticó la legislación de los republicanos, y calificó la norma como contraria a la Constitución de Estados Unidos. La Casa Blanca criticó también el espíritu de persecución del texto, ya que limita el papel de las autoridades en la vigilancia pero, en cambio, permite a “cualquier persona” demandar a mujeres, médicos o a quien auxilie en la interrupción de un embarazo (y premiarla con 10.000 dólares, unos 8.400 euros). “De forma atroz, delega a los ciudadanos la responsabilidad de denunciar a quienes crean que han auxiliado a otra persona a abortar, lo que puede incluir familiares, trabajadores de salud, secretarias o empleados en las clínicas o extraños sin relación al individuo”, decía el comunicado.

“La ley de Texas perjudicará significativamente el acceso de las mujeres a la salud, particularmente en las comunidades de color y pobres”, expresó Biden la semana pasada. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, se ha comprometido a convocar una votación a finales de este mes de septiembre sobre una legislación que consagraría el derecho de la mujer al aborto en la ley federal. La norma de Texas prohíbe el aborto a partir del momento en que se detectan los latidos del corazón del embrión, alrededor de las seis semanas de gestación, cuando la mayoría de las mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. Se trata del mayor revés al derecho al aborto en cerca de 50 años.

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