Terror e impunidad contra los garífunas de Honduras

Miriam Miranda no ceja en su lucha para esclarecer lo ocurrido con cuatro activistas garífunas que hace un año fueron desaparecidos de forma violenta por policías en la comunidad caribeña de Triunfo de la Cruz, en Honduras. Esta activista hondureña, defensora de los derechos de las poblaciones garífunas del país centroamericano, exige al Gobierno que lidera el controvertido Juan Orlando Hernández, que presione a las instituciones del Estado para que se esclarezca lo ocurrido con los jóvenes, cuyo caso ha disparado las alarmas sobre la situación de violencia que sufre el pueblo garífuna hondureño, acechado por el crimen y poderosos grupos económicos interesados en explotar las riquezas de la región donde se asientan estas poblaciones indígenas. “Se trata de desapariciones forzadas y el Estado no muestra voluntad política para investigar lo sucedido. Es más, el Estado niega lo ocurrido”, afirma Miranda.

El hecho sucedió la madrugada del 18 de julio de 2020, cuando hombres fuertemente armados y portando chalecos antibalas, integrantes de la Dirección Policial de Investigaciones, detuvieron en la comunidad de Triunfo de la Cruz a Alberth Snaider Centeno, Suami Aparicio Mejía García, Milton Joel Martínez Álvarez y Gerardo Mizael Roche Calix. Los cuatro participan de forma activa en la defensa de los derechos del pueblo garífuna a través de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), que coordina Miriam Miranda. Los testimonios recogidos por el organismo dan cuenta de un uso excesivo de la fuerza y de la violación de los derechos de los detenidos. Un año después de lo ocurrido, no se sabe nada del paradero de los cuatro muchachos y el Gobierno hondureño no muestra avances en la investigación del caso, denuncia Miranda.

Triunfo de la Cruz forma parte de las cinco comunidades garífunas de la costa Caribe del noroeste de Honduras, una región que cuenta con hermosas costas que atraen a los turistas, pero también la ambición de grupos económicos que quieren explotarlas. Debido a la amenaza que acecha a esta población, la comunidad obtuvo en 2015 una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que condenó al Estado hondureño por diversas violaciones a sus derechos. Snaider Centeno era una voz incómoda para el Gobierno, dado que había exigido activamente el cumplimiento de la sentencia. Tras la desaparición de los cuatro activistas, la Corte Interamericana emitió medidas provisionales a su favor, pero las familias de los jóvenes afirman que no han tenido acceso a la investigación que lleva a cabo el Estado, ni han sido llamadas para testificar en el proceso. “El problema es que el Estado a lo largo del año ha estado presentando informes incoherentes que no dan luces de lo que paso o por qué paso esto. El Estado no quiere aceptar que se trata de desapariciones forzadas y que deben ser investigadas como tal”, explica Miranda.

Honduras es catalogado como uno de los países más violentos del mundo para los defensores de derechos humanos. Miranda denuncia que en cinco años han sido asesinados 50 integrantes de las poblaciones garífunas y la amenaza contra este pueblo es constante, lo que ha hecho que muchos decidan dejar sus poblaciones, migrando a otros países, como México. Uno de los casos más sonados de violencia contra activistas es el de Berta Cáceres, asesinada en 2016 y por cuyo crimen han sido condenadas ocho personas, incluyendo a David Castillo, expresidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA). Cáceres había denunciado públicamente a Castillo por amenazas de muerte. “Ella señaló que si alguien iba a asesinarla esa persona era él”, ha dicho su hija, Berta Zúñiga. La ecologista se había opuesto abiertamente a la construcción de la presa de Agua Zarca, un proyecto hidroeléctrico que afectaría al río Gualcarque, importante fuente de recursos para comunidades indígenas hondureñas.

En el caso de los activistas garífunas desaparecidos, Miranda denuncia que el Estado hondureño se ha negado a que se instale un Comité Internacional de Búsqueda e Investigación de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz (llamado SUNLA, en idioma garífuna) que esté integrado por expertos de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “El Estado es responsable de lo ocurrido. Alberth Snaider Centeno estaba siendo hostigado y presentó una denuncia por el peligro que sentía, porque incluso motorizados lo intimidaban en su casa por el trabajo que estaba desarrollando”, dice Miranda, quien critica, además, que el Gobierno ha lanzado una campaña de desprestigio contra los activistas al insinuar en redes sociales que estaban ligados al crimen organizado.

Miriam Miranda también ha recibido amenazas por su trabajo y denuncias, a pesar de tener medidas cautelares emitidas por la CIDH. “He sufrido secuestros de grupos criminales. Temo por mi familia. La organización [OFRANEH] ha sido criminalizada”, detalla. A pesar de este hostigamiento, la activista mantiene su cruzada para esclarecer lo ocurrido con sus compañeros de Triunfo de la Cruz. El martes encabezó una manifestación en Tegucigalpa y este miércoles mantenía la movilización en la peligrosa capital hondureña. “Hay una gran voracidad por los recursos de las zonas en las que vivimos y por eso quieren hacer desaparecer nuestro pueblo. Se trata de un plan genocida contra el pueblo garífuna que responde a los intereses de la clase política y económica del país, que quiere entregar el territorio a los inversionistas extranjeros. El Estado hondureño muestra un gran desprecio hacia la comunidad garífuna”, concluye la activista.

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