Un juez obliga a Juana Rivas a reingresar en un centro de internamiento y cumplir un programa de derechos de la infancia

El juez de Vigilancia Penitenciaria de Granada ha dictado la vuelta de Juana Rivas al Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos, en la capital granadina. El magistrado revoca así la decisión de Instituciones Penitenciarias de que volviese a casa, vigilada exclusivamente por una pulsera electrónica y que había conseguido el pasado 14 de junio. Rivas, condenada a dos años y medio de prisión por un delito de sustracción de menores, ingresó el 11 de junio en el CIS y consiguió el tercer grado, en el modo de mayor libertad posible, tres días después. Un par de semanas más tarde, el fiscal se opuso a esa clasificación por estimar que se había realizado con mucha premura y con ciertas lagunas en el protocolo seguido y solicitó el segundo grado, lo que supondría el ingreso en prisión. El juez no ha estimado el recurso en su totalidad y mantiene el tercer grado, por lo que puede permanecer en el CIS, un centro bastante más ligero que una prisión y en el que se cumplen penas en régimen abierto.

Juana Rivas ha recibido la orden del juzgado a media mañana de este martes y, según Carlos Arangüez, su abogado, ha ingresado inmediatamente en el CIS. El juez mantiene la clasificación de Juana Rivas en tercer grado, pero le modifica, a peor, el grado de libertad, a lo que denomina modalidad “de vida restringida”. Rivas podrá salir a la calle si demuestra que tiene un trabajo y, como dice expresamente el juez en su escrito, restringe sus salidas del centro los fines de semana a dos al mes. Arangüez ha explicado en un comunicado que harán uso de todas las vías legales a su disposición para corregir una situación que, “con el mayor respeto a los Tribunales de Justicia”, les parece “enormemente injusta”. La resolución que ha llevado a Rivas de vuelta al CIS no es firme y puede ser recurrida en los próximos tres días.

El juez de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Andalucía, con sede en Granada, considera que la rapidez con la que se le concedió el tercer grado a Rivas es inusual, pero “no es contraria a la ley”, y sostiene que “sería deseable que se pudiese producir en todos los supuestos”. De hecho, el magistrado considera que el tercer grado se tomó porque Rivas cumplía los requisitos necesarios y fue una clasificación “ponderada, adecuada y ajustada a derecho”. Sin embargo, continúa el escrito judicial, “deja a juicio de este juzgador algunas lagunas”.

También cree el juez que, aunque Rivas asume la responsabilidad de la decisión de no entregar a sus dos hijos menores a su expareja en julio de 2017, el modo en el que se arrepiente “denota al menos una asunción muy deficitaria” por lo que se cree necesario que se le aplique “un tratamiento tendente a la consecución de la plena reeducación para lograr el fin último de la pena, la reinserción”. Ese programa será, además, “específico y tendente a lograr la plena concienciación de los derechos de la infancia en toda su amplitud y el escrupuloso respeto que debe presidir toda actuación en las relaciones paterno-filiales y el obligado respeto que se debe al cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes”.

El juez, en línea con el fiscal, recuerda también “el fin retributivo de la pena y los fines de prevención general y especial” que conllevan las condenas y que “no olvidemos, que el tercer grado no supone la suspensión, condonación, indulto o cualesquiera otra institución que suponga no cumplimiento de la condena, sino que la misma se cumple en el modo adecuado a las circunstancias del interno, que no es ni más ni menos que la aplicación a los casos concretos del principio de individualización científica en el cumplimiento de las penas”.

Juana Rivas está en este momento pendiente de la resolución de su petición de indulto, que no cuenta con el respaldo del juez que dictó la sentencia original, ni de la Fiscalía. En cualquier caso, ninguno de estos informes son vinculantes para el Gobierno, que será quien tenga la última palabra sobre ese indulto.