Una ley para ayudar a las personas con discapacidad a ser dueñas de sus decisiones

El Congreso ha aprobado este jueves una norma que elimina las incapacitaciones judiciales como la que afectó a María Pino: “Tenía que pedir permiso para todo”

María Pino, este miércoles en Toledo.
María Pino, este miércoles en Toledo.INMA FLORES

Aquel día María Pino salió llorando del juzgado. Acababa de escuchar al juez decir que su firma a partir de entonces no tendría valor. La habían incapacitado y a ella, “que no hacía más que levantar la mano”, no la dejaron siquiera hablar. Esta mujer de 54 años tiene reconocida una discapacidad intelectual del 70% y mientras vivieron sus padres conservó su capacidad jurídica. Pero, tras su fallecimiento, sus hermanas creyeron que lo mejor para ella era que pasara a estar tutelada. “A ellas las escucharon en el juicio, pero a mí me ignoraron totalmente”, se queja. Hace 16 años de aquello. Dejó de poder votar. Pasó a necesitar una autorización ajena para poder hacer algo tan sencillo como ir de excursión con sus compañeros del centro ocupacional. El Congreso ha aprobado este jueves una ambiciosa reforma legal que prohíbe las incapacitaciones judiciales, es decir, que pasa de un sistema basado en la sustitución en la toma de decisiones, por orden del juez, a otro en que se respete la voluntad de las personas con discapacidad y se les presten los apoyos necesarios. Una ley que habría ahorrado a María sentir que su voz no importaba y tener que acudir al juzgado, hace tres años, para que se reintegrase su capacidad jurídica.

Aunque nació en Villanueva de la Serena (Badajoz), su familia se mudó a Toledo cuando su padre se jubiló. Tras el fallecimiento de sus padres, pasó a vivir con sus hermanas. “Un día me dijeron que íbamos a un juicio, no entendía nada, yo les dije que no había hecho nada malo”, rememora. “El día anterior tuve que ver a un médico forense. Solo me preguntó cuánto costaba una barra de pan, un bote de Coca-Cola y un paquete de tabaco. Yo respondí que depende de dónde lo comprara, que en el estanco es más barato”. Nada más. Con eso bastó al juzgado para decidir que pasaba a estar tutelada por una hermana. Tiempo después, no pudo hacerse cargo y en 2010 la tutela de María la asumió la fundación Futucam, una organización que se encarga de dar apoyos a personas con discapacidad con la capacidad de obrar modificada o revisada. “Tras la incapacitación tenía que pedir permiso para todo, y yo antes no lo hacía”, cuenta.

Se desconoce cuántas incapacitaciones están vigentes en España. Pueden ser desde personas con discapacidad a otras que tengan una enfermedad mental o mayores con deterioro cognitivo. Solo consta el número de procesos que se abren (no todos se resuelven a favor), en los que no solo se instauran tutelas, sino figuras como la curatela, por la que se prestan apoyos en determinadas cuestiones, como las económicas o patrimoniales, por ejemplo. En el primer trimestre de este año, se abrieron 8.934 procesos, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Son más de 316.000 desde 2010. En el plazo máximo de tres años tras la entrada en vigor de la nueva ley, según consta en el texto, deberán revisarse todas las medidas de modificación de capacidad jurídica.

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España ratificó en 2008 la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y desde entonces tenía pendiente esta reforma. Fue aprobada por el Consejo de Ministros en primera lectura en 2018, durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez, y llegó al Congreso el año pasado, donde este jueves se aprueba definitivamente. La nueva ley, que modifica normas de legislación civil y procesal como el Código Civil o la Ley de Notariado, elimina figuras como la tutela para quienes sean mayores de edad, así como la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, que en la exposición de motivos de la ley se definen como “demasiado rígidas y poco adaptadas al sistema de promoción de la autonomía” que ahora se propone.

Se utilizarán, en su lugar, el guardador de hecho —una figura extrajudicial de la persona que normalmente presta los apoyos, como un familiar—, la curatela y el defensor judicial —para momentos puntuales—. Y el juez deberá especificar en qué aspectos necesita asistencia la persona, en ningún caso se podrá incluir la mera prohibición de derechos. “Solo cuando las necesidades de apoyo sean muchas y la persona no pueda expresar su voluntad y preferencias se podrá acudir a la figura de la curatela representativa, que sí prevé una representación de la persona, pero siempre de acuerdo a la mejor interpretación posible de su voluntad, es decir, qué hubiera preferido de haberlo podido decidir”, explica Inés de Araoz, responsable del área Jurídica de Plena Inclusión, que agrupa a 935 asociaciones de familiares de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, entre ellas Futucam.

También se contempla que cualquier persona pueda acudir al notario para establecer quién le prestará apoyos en caso de una futura discapacidad, y se prohíbe que las personas que tengan una curatela representativa y que estén internas por motivos de salud o asistencia dejen su herencia a sus curadores, si estos son titulares o empleados del centro.

Luis Cayo, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (que agrupa a más de 8.000 entidades), destaca que se trata de “la mayor reforma del Código Civil desde que se aprobó” y que a partir de ahora toda persona con discapacidad “deberá representarse a sí misma, y aquella que necesite apoyos tiene el derecho a recibirlos”. Se cambia un modelo de sustitución por uno de promoción y acompañamiento. Una revolución en el ordenamiento jurídico que “necesitará no solo el cambio legal, sino una pedagogía y asunción del nuevo paradigma por todos los operadores jurídicos y todos cuantos intervienen” en estos procesos. Algo en lo que coincide De Araoz: “Este es el cambio legal, pero falta el cultural”.

María cayó en la cuenta de que había otra manera de hacer las cosas hace años. “Yo informo a otras personas con discapacidad intelectual sobre nuestros derechos. Un día una chica me dijo que tenía un curador y le pregunté que había hecho para conseguirlo”, dice. Por entonces vivía en un piso tutelado, junto a otros cinco compañeros, y acudía ya diariamente al centro ocupacional donde trabaja en un taller de talla y restauración de muebles. Pensó que podía intentarlo. “El no ya lo tenía, debía ir a por el sí”. Fue hace tres años.

“Me volvió a entrevistar una médica forense, pero esta vez me preguntó cosas más normales, le fui diciendo quiénes eran los políticos, otras cosas de matemáticas, quiso saber hasta cuánto sabía manejar dinero y le dije que 100 euros, que con más me hago mucho jaleo”, cuenta María. El mismo juez que la incapacitó acabó restituyendo su capacidad jurídica, aunque fijó una curatela, que ostenta Futucam, que la apoya en los asuntos económicos y patrimoniales, justo lo que había pedido ella. “Esa vez sí me escuchó. Yo le conté que había ido a Bruselas a defender en el Parlamento Europeo el derecho al voto de las personas con discapacidad”, explica. “El juez me dijo: ‘Lo has conseguido”. Ese día, María volvió a salir llorando del juzgado. Pero por motivos bien distintos.

Sobre la firma

María Sosa Troya

Redactora de la sección de Sociedad de EL PAÍS. Cubre asuntos relacionados con servicios sociales, dependencia, infancia… Anteriormente trabajó en Internacional y en Última Hora. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y cursó el Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS.

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