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El Congreso reconoce el derecho a votar de 100.000 discapacitados intelectuales

El Parlamento aprueba por unanimidad la modificación de la ley electoral

Nerea Cuerbo, con síndrome de insuficiencia madurativa, activista de la iniciativa de la reforma.
Nerea Cuerbo, con síndrome de insuficiencia madurativa, activista de la iniciativa de la reforma.

El Congreso ha aprobado este jueves por unanimidad una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) impulsada por el PSOE que permitirá votar a 100.000 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo. La intención es que, tras su aprobación en el Parlamento, se tramite con la rapidez suficiente en el Senado para que los beneficiados por el cambio en la legislación puedan ejercer el derecho de sufragio ya en las elecciones andaluzas convocadas para el 2 de diciembre.

Los jueces y tribunales ya no tendrán la capacidad de decidir si una persona reúne las aptitudes para poder ejercer su derecho al voto. La modificación de la LOREG suprime los apartados que en su artículo tercero hasta ahora establecían que carecen del derecho al voto “los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme” así como “los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial durante el período que dure su internamiento”. “Toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera”, establece además una enmienda del PP que saldrá adelante.

Advertencias de Estrasburgo

La comisaria europea de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, recordó en julio a España que no podía privar del derecho al voto a los discapacitados intelectuales. “Nadie debería ser privado de su derecho al voto. Las personas con discapacidades intelectuales y psicosociales no son una excepción”, advirtió. La modificación de la LOREG permitirá que puedan participar en la elección de los representantes políticos. No es el caso de Nerea Cuerbo, con un síndrome de insuficiencia madurativa y una incapacidad reconocida del 66%. Sus padres decidieron no incapacitarla y por tanto puede votar. “Quiero que mis amigos tengan el mismo derecho”, reivindicaba hace un año en este diario.

“En el 40º aniversario de la Constitución, la democracia por fin va a llegar a todas las personas”, celebraba este miércoles por anticipado Luis Cayo Pérez, presidente del Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI), promotor desde hace 15 años de una revisión legal. “Desde 2008, cuando entró en vigor en España la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hemos redoblado la presión política”, explicaba Pérez. El tratado conmina al Estado a garantizar el derecho al voto en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad, entre otras formas de participación política y pública.

La iniciativa legislativa que permitirá votar a las 100.000 personas con discapacidad intelectual que hasta ahora no podían hacerlo surgió hace dos años en la Asamblea de Madrid. Su impulsora fue Mónica Silvana, que además de diputada autonómica es la actual responsable de área de Movimientos Sociales y Diversidad en la dirección del PSOE. “Modificar la LOREG no es nada sencillo y menos desde un Parlamento regional pero persistimos y al final lo hemos logrado”, expone. Para Silvana el problema de fondo estriba en que “las mayorías de familias, por proteger a sus familiares, acaban limitando drásticamente sus derechos políticos cuando optan por incapacitarlas por ejemplo para evitar una posible estafa”.

Tras ser aprobaba con el respaldo de todos los partidos en la Asamblea de Madrid, se elevó al Congreso, que en noviembre del año pasado aprobó por unanimidad su toma en consideración. A falta de los últimos trámites, la Comisión Constitucional del Congreso aprobó la semana pasada por 36 votos a favor y una abstención el dictamen sobre la Proposición de Ley de reforma de la LOREG.

España será el octavo país de la Unión Europea que no aplica restricciones por razón de discapacidad a la hora de votar. Austria, Croacia, Holanda, Italia, Letonia, Suecia y Reino Unido suprimieron antes esta barrera que impedía votar a una parte de sus ciudadanos. “Es un éxito democrático, vamos a hacer historia madurando la democracia española”, valoró a principios de semana la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Ana Isabel Lima.

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