Las comunidades piden a Sanidad pautas comunes porque temen el caos jurídico tras el estado de alarma

La cuenta atrás para el fin del estado de alarma el próximo domingo, día 9, ha comenzado y la inquietud invade a la mayoría de las comunidades. Sin este paraguas jurídico, aquellas medidas que afectan a derechos fundamentales, como el de la libre circulación o reunión, tendrán que tener, sí o sí, un aval judicial. Y el margen de maniobra, si las autonomías no quieren días de vacío sin restricciones, es muy corto: tienen apenas 72 horas para solicitarlo y lograr el visto bueno de los jueces. El grueso de las autonomías han reclamado este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud pautas comunes para afrontar el fin del estado de alarma y han denunciado el “desamparo” y la falta de herramientas jurídicas para contener la pandemia tras el día 9. Al menos siete comunidades aspiran a mantener algunas de las medidas que amparaba el estado de alarma, como el toque de queda o la limitación de reuniones, pero temen el limbo legal en el que pueden verse sin el marco jurídico de los últimos seis meses. Los epidemiólogos consultados alertan también de que “la pandemia no ha terminado” y los retrasos administrativos en la aplicación de medidas pueden ralentizar el control de la epidemia.

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Sin el estado de alarma, las comunidades se adentran de nuevo, como ya ocurrió en otros momentos de la pandemia, en un escenario más incierto en cuanto a su margen de maniobra para controlar la expansión del virus. Las medidas que restringen derechos tienen que tener el beneplácito de los jueces, y los antecedentes —se produjeron resoluciones judiciales distintas ante medidas similares incluso dentro de la misma autonomía— no son nada halagüeños para la gestión ágil de la pandemia. El Gobierno de Pedro Sánchez ha habilitado un recurso de casación ante el Supremo en caso de que los Tribunales Superiores tumben las medidas que tome cada Ejecutivo autonómico, pero algunas comunidades critican que esto no resuelve el problema. Si bien el Supremo es quien puede crear jurisprudencia y unificar doctrina, comunidades como Galicia denuncian la “judicialización de la pandemia” y avisan de que provocará “incertidumbre”. Según fuentes autonómicas presentes en el Consejo Interterritorial, el Ministerio de Sanidad ha defendido la utilidad del real decreto y se ha abierto a revisar el último semáforo de riesgo aprobado por las autonomías y las actuaciones coordinadas asociadas a este indicador.

Las comunidades han expresado su temor a los problemas jurídicos que puede acarrear tomar medidas tras el estado de alarma y han reclamado “más herramientas” para hacer frente a la pandemia a partir del domingo. Según fuentes autonómicas presentes en la reunión, Andalucía ha propuesto, por ejemplo, modificar la Ley Salud Pública, un extremo que el Gobierno ve inviable y con poco margen porque podría ser inconstitucional. Castilla-La Mancha y Canarias han considerado, sin embargo, que la mejor opción para mantener la protección jurídica hubiese sido una fórmula consensuada en el Consejo Interterritorial que sirviese como marco jurídico común. “El estado de alarma está previsto para situaciones excepcionales, no para que sea sine die. Entendemos que las medidas a disposición de las comunidades conforme a la legislación ordinaria y conforme al decreto ley aprobado ayer son medidas suficientes para atajar el virus”, ha insistido la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Los expertos consultados comparten la preocupación de las autonomías sobre el escenario que se abre tras el fin del estado de alarma. “Todavía tenemos una situación epidemiológica que no es del todo confortable. El problema clave es el tiempo: hay medidas que hay que tomar de forma urgente y cada día cuenta. Que algo se retrase unos días por temas administrativos es difícil de entender desde el punto de vista epidemiológico”, señala Alberto Torres, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. Si bien la incidencia acumulada va de bajada, España todavía registra 205 casos por 100.000 habitantes, muy lejos de los 25 o 50 casos por 100.000 habitantes que estipulan las autoridades sanitarias para mantener a raya la pandemia. “La situación no está controlada hasta que no esté controlada en todo el mundo. Han tenido un año para desarrollar normas para instrumentar las medidas necesarias y no se ha hecho. Hay que entender que esto es una situación de guerra y aquí no hay plazos. Cada día que se retrasa una medida es un problema”, avisa Torres.

Los epidemiólogos advierten también del riesgo que hay de que, sin el estado de alarma, la población baje la guardia. “La circulación del virus sigue y cabe la posibilidad de que se interprete erróneamente que podemos volver a la normalidad. La población tiene que ser consciente de que el virus sigue ahí”, señala Magda Campins, jefa de Medicina Preventiva del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. La epidemióloga teme que la reapertura del ocio nocturno o la flexibilización de aforos y horarios en la restauración aumente la interacción social y, con ella, los contagios.

Medidas en marcha

Con la vista puesta en el día 9, algunas comunidades ya han empezado el periplo burocrático para mantener las restricciones más duras tras el fin del estado de alarma. Lo habitual es que el aval judicial se dé antes de que se ejecute la orden autonómica, aunque los juristas consultados señalan que hay casos excepcionales —que deben justificarse y quedan a la interpretación de los jueces—, en los que pueden ratificarse una vez emitida la directriz. Y esto es lo que prevé hacer Navarra, que firmará una orden cuando decaiga el estado de alarma en la que, si bien levanta el confinamiento autonómico, contempla prorrogar el toque de queda y las reuniones en los domicilios a un máximo de seis personas de dos unidades convivenciales hasta el 20 de mayo. “Este paquete de medidas tienen como objeto afrontar la ola. La tendencia es buena, pero los niveles [epidemiológicos] son muy altos”, ha explicado la consejera de Salud navarra, Santos Induráin. La incidencia acumulada en esta comunidad está en 313 casos por 100.000 habitantes.

Por su parte, Baleares había pedido a su Tribunal Superior de Justicia que resolviese sobre la petición de prorrogar el toque de queda, limitar las reuniones en espacios privados, mantener los controles a pasajeros y regular los aforos de lugares de culto. El tribunal ha rechazado, sin embargo, examinar las medidas sanitarias porque no están aprobadas todavía. El Gobierno regional ha decidido no esperar más y ha convocado un consejo de gobierno extraordinario para aprobar las medidas que decaen con el estado de alarma y remitirlas al Superior de Baleares para que se pronuncie sobre el fondo de las mismas y su aplicación en las islas.

Cataluña también tanteó sin éxito al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre futuras restricciones tras el estado de alarma, pero les contestaron que no podían anticipar decisiones sobre nuevas normas. En cualquier caso, el Govern, que por ahora ha renunciado a prolongar el toque de queda, sí ha enviado al tribunal la resolución para aplicar a partir del día 9, y que contempla limitar las reuniones privadas a seis personas y restringir los aforos en actividades de culto. En la Comunidad Valenciana, la Generalitat confía en que su Superior de Justicia, que ya antes del estado de alarma aprobó las restricciones horarias adoptadas por el Gobierno autonómico, vuelva a avalar estas medidas.

Castilla-La Mancha, Canarias y el País Vasco también se han mostrado favorables a mantener las restricciones que amparaba el estado de alarma, pero todavía buscan el encaje jurídico. Otras autonomías consultadas, como Cantabria, Galicia o Castilla y León dan por hecho que el día 9 decaerán todas las restricciones que limitan derechos fundamentales. Con todo, estas tres, Madrid y La Rioja todavía no han concretado sus planes a aplicar a partir del domingo. Extremadura tampoco contempla las medidas más severas, aunque mantendrá el control sobre los aforos de la restauración y los comercios. Andalucía, por su parte, prepara un plan de actuación que contempla el confinamiento de municipios con una incidencia acumulada superior a 500 o 1000 casos, siempre previa autorización judicial.

Los epidemiólogos temen que la ausencia del estado de alarma intensifique las desigualdades entre comunidades a la hora de tomar medidas y reclaman, en cualquier caso, que los gobiernos autonómicos mantengan “la reducción de aforos, sobre todo en los interiores”. “Corremos el riesgo psicológico de que, como no hay estado de alarma y la vacunación va bien, se piense que ya hemos salido de la pandemia. Y no es así”, insiste Torres.

Con información de Eva Saiz, Guillermo Vega, Lucía Bohórquez, Ferran Bono, Bernat Coll y Juan Navarro.