Cataluña aparca el toque de queda pero mantendrá el límite de seis personas en las reuniones

El próximo domingo decae el estado de alarma en todo el Estado español y con él, el sustento legal del toque de queda. De momento, Cataluña no se plantea mantener esa restricción y por tanto, ha explicado este martes el president en funciones, Pere Aragonès, no es necesario aprobar la reforma legislativa con la que se había especulado en los últimos días. El Ejecutivo catalán cree que las buenas cifras epidemiológicas y el avance en la vacunación permiten poner fin al veto a la movilidad entre las 10 de la noche y 6 de la mañana, aunque no descartan volver a él si la curva de contagios cambia. La portavoz del Govern, Meritxell Budó, sí ha explicado que se mantendrá el límite de seis personas para las reuniones, una restricción que necesita el aval judicial para seguir vigente.

“A día de hoy no necesitamos ninguna medida adicional urgente [para controlar la transmisión de la pandemia], si llega el caso, se abordará”, ha dicho Aragonès, quien ha acompañado a Budó en la rueda de prensa de los martes del Govern. El president en funciones ha aprovechado además para cargar contra el Gobierno central por no comunicarles antes el plan con el que piensan blindar la posibilidad de que las Comunidades Autónomas tomen medidas restrictivas de derechos fundamentales. “Nos hemos enterado por los medios de comunicación. La cogobernanza no funciona así”, ha dicho.

La Moncloa ha aprobado que se habilite un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en caso de que los Tribunales Superiores tumben las medidas que tome cada Ejecutivo autonómico. La creación de jurisprudencia evitaría malentendidos. Aragonès ha explicado que no podía valorar esa fórmula porque no conocía el detalle, pero ha añadido que es una razón más para aparcar una reforma de las normas catalanas, de cara a fijar las restricciones, y esperar al escudo estatal. La ley de Salud Pública de Cataluña da cobijo, por ejemplo, a los confinamientos más específicos, pero con el pronunciamiento del juez. “Vamos a esperar, no queremos añadir más ruido”, ha sentenciado el también vicepresidente.

Cada vez que una medida vulnera derechos fundamentales, la justicia tiene que dar su aval con anterioridad. Budó ha explicado que esto se seguirá haciendo, por ejemplo, con el límite de seis personas en reuniones, y el nuevo texto para que esta restricción siga funcionando a partir del domingo será llevado mañana o pasado al TSJC. Los dos miembros del Govern han hecho un llamamiento a la responsabilidad individual para evitar un repunte de los contagios.

La Generalitat, de hecho, ya había contactado con el TSJC respecto a cómo abordar las limitaciones sin el estado de alarma en vigencia. A petición propia, tres representantes de la Generalitat se reunieron el pasado jueves, durante unos minutos, con el presidente de la sala contencioso-administrativa del TSJC, Javier Aguayo, para evaluar el escenario legal. Aguayo respondió que en ningún caso podía avanzar el posicionamiento del tribunal ante unas medidas que ni siquiera se habían aprobado.

Los letrados y un responsable del Departamento de Salud solicitaron verse con Aguayo aprovechando que, ese día, la sala notificó al Govern la orden de vacunar “sin dilaciones” a policías y guardias civiles que trabajan en Cataluña. En la conversación estuvo presente también, como testigo, el letrado de presidencia del TSJC, pero no el presidente de la institución, Jesús Barrientos, que ni siquiera tenía conocimiento de la cita.

Los representantes del Govern quisieron sondear al TSJC ante el fin del estado de alarma. Los abogados querían explorar hasta qué punto ciertas medidas legales —que por ahora no han sido aprobadas— obtendrían o no la luz verde de la justicia. La estrategia no funcionó. Aguayo les contestó que no podía anticipar respuesta alguna sobre futuras normas o leyes. Entre otras cosas, porque antes debe examinar el contenido concreto del decreto en cuestión y porque la respuesta depende no de uno sino de diversos magistrados, cada uno con su criterio. Aguayo es presidente de la sala pero solo en términos gubernativos, no jurisdiccionales.