La falta de supervisión favorece la picaresca con las vacunas

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas llevan desde septiembre preparando un plan de vacunación contra el coronavirus, pero la realidad ha desbordado algunas previsiones. Cuando se estableció el protocolo nacional se priorizaron los grupos que debían recibir los primeros pinchazos (residencias, sanitarios y dependientes), pero no cómo se supervisaría que se respetara el orden, si se establecería una sanción a quienes se lo saltaran o qué se haría con las dosis sobrantes. Esto ha generado cierta picaresca, anecdótica, según señalan las autoridades sanitarias, contra las que algunos Gobiernos autonómicos comienzan a improvisar soluciones. Sanitarios jubilados, alcaldes, consejeros, funcionarios, gerentes de hospitales, curas, parientes de trabajadores de residencias y familiares de sanitarios han pasado por delante de los grupos prioritarios establecidos por el Ministerio de Sanidad y ya se han vacunado. Unos por un malentendido, otros para “dar confianza”, también porque “sobraban dosis”.

EL PAÍS ha consultado con las consejerías de Sanidad qué medidas están tomando contra estas irregularidades. La mayoría no ha respondido. Extremadura, Madrid y Navarra aseguran que en sus territorios se está cumpliendo el protocolo. En la Comunidad Valenciana, Rioja, Andalucía y País Vasco explican que se trata de cruzar dos bases de datos: la de los registros de vacunados y las listas de personas que deben vacunarse en esta fase. Todas las que estén en la primera y no en la segunda deberían dar alguna explicación.

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El ministro de Sanidad, Salvador Illa, instó esta semana a hacer “una planificación adecuada” para evitar que se desperdicien inyecciones y señaló, en cualquier caso, que la potestad de sancionar estas malas prácticas corresponde a las comunidades. Por el momento, ninguna autonomía ha respondido a este periódico que tenga articuladas sanciones para aquellos que incumplan.

Una de las primeras en las que aparecieron casos irregulares fue en la Comunidad Valenciana, donde varios alcaldes y sus cónyuges fueron pinchados al sobrar dosis en residencias de mayores. Isaura Navarro, secretaria autonómica de Salud Pública, explica que están cruzando datos para tener un informe. Asegura que el número de personas que se han saltado la cola es “anecdótico”, pero que es importante trasladar el mensaje de que se hace una fiscalización y que se puede saber fácilmente quién se salta las normas. “El problema es que aunque hay pocos, haberlos haylos. Y no solo estamos hablando de alcaldes, también familiares de personal de residencias, por ejemplo. Lo que más nos ha molestado ha sido que en las residencias entre gente ajena al proceso de vacunación para ponerse la vacuna cuando no le toca. ¿Qué hacían esos alcaldes y sus esposas dentro de las residencias? Esta es la pregunta. A ellas no puede entrar nadie ajeno al centro. Los familiares hacen visitas muy controladas, en exterior, con mampara”, explica. La Generalitat Valenciana ha anunciado que no se administrará la segunda dosis a los alcaldes que se saltaron el turno, algo que podría suponer desperdiciar esa primera dosis que se inoculó, como ha advertido este jueves Fernando Simón.

En el País Vasco el departamento de Salud asegura que ha iniciado una investigación que ha tenido como consecuencia una dimisión y un cese (de dos directores de hospitales de Bilbao), pero no ha facilitado detalles de esta investigación. En La Rioja explican que se ha detectado un incidente en 8.335 dosis administradas.

Uno de los problemas que ha surgido es el de las dosis sobrantes. Por un lado, de cada vial pueden salir cinco o seis, según la jeringuilla y la pericia de las enfermeras para aprovechar el contenido íntegro. Esto hace que sea complicado calcular un número exacto de pinchazos cuando se va, por ejemplo, a un centro de mayores, por lo que suelen sobrar. Una vez abiertas y activadas, se tienen que inyectar en cinco o seis horas. Este es el argumento que han usado algunas personas de grupos no prioritarios para justificar su inoculación. Amós García Rojas, presidente de la Sociedad Española de Vacunología, asegura que el protocolo no deja dudas: “Los colectivos que se tienen que vacunar ahora son los más vulnerables y los sanitarios. Si sobran de un vial abierto, tienes que tener gente preparada de esos colectivos para no desperdiciar vacunas, pero no puede ser que se le quiten dosis a personas vulnerables a las que les corresponden”

Pocas comunidades habían preparado un protocolo que indicara a los sanitarios qué hacer con estos restos. Sí lo hizo Aragón, donde los equipos de vacunación tenían órdenes desde un principio de tener una lista de personas vulnerables o mayores de 80 a los que pinchar en caso de que sobren dosis. De hecho, su portal de transparencia recoge el número de personas de otros grupos de riesgo que se han vacunado ya (algo más de 600 de más de 33.000).

En la Comunidad Valenciana han mandado una orden a los sanitarios para que hagan lo mismo: tener listo un plan b. “Hemos dado una instrucción a todos los departamentos y cuando estén vacunando tienen que tener un listado de personas para, si hay más dosis de las calculadas, que tengan preparado un listado de personas que están dentro del grupo que toca en la etapa para llamarles y vacunarles. Normalmente, es gente mayor que está en sus casas y la vacuna dura seis horas. Ese tiempo debería ser suficiente para localizarlas, ir a su domicilio y vacunarlas”, relata Navarro.

Esto es precisamente lo que reclaman algunos profesionales, una guía que no existe en todas las comunidades. “Hay que hacer protocolos más específicos para ir poniendo las cosas que van pasando. Si hay un sobrante sistemático, es que no se ha movilizado al personal adecuado. La base es planificar la población a vacunar y las dosis necesarias. No vamos a desperdiciar vacunas, pero no se las vamos a poner a los influyentes. Puedes movilizar personal del centro de salud más cercano para continuar con la vacunación”, sostiene Daniel López-Acuña, exdirector de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud. Se trata de tirar de sentido común, tercia Fernando Moraga-Llop, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología: “Quizás no se puede protocolizar todo, pero hay que actuar con rapidez y aplicar criterios médicos de prioridad”.

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