La justicia frena la ampliación del aeropuerto de Heathrow por el cambio climático

Un tribunal de apelación británico ha declarado ilegales los planes que sostienen la construcción de una tercera pista en el aeropuerto londinense de Heathrow. La sentencia marca un importante precedente en la lucha medioambiental, ya que se apoya por primera vez en el Acuerdo de París contra el cambio climático para sostener su decisión. Los jueces han considerado que el Gobierno del Reino Unido no ha renido en cuenta sus compromisos internacionales contra el calentamiento a la hora de elaborar la planificación que permite la ampliación del aeropuerto londinense. "El Gobierno debería haber tenido en cuenta el Acuerdo de París. No se realizó una declaración de planificación nacional como exige la ley", concluyen los magistrados británicos.

Este caso puede sentar un importante precedente internacional para las organizaciones ecologistas que luchan contra proyectos concretos que supongan un alto nivel de emisiones de gases contaminantes. "Las implicaciones de este juicio son globales", valora Margaretha Wewerinke-Singh, profesora de Derecho Público Internacional de la Universidad de Leiden, en Holanda.

Tras conocerse la sentencia, el Gobierno británico ha anunciado que no tiene intención de recurrir el fallo. Por el contrario, sí recurrira la compañía que gestiona el aeropuerto, cuyo principal accionista, con un 25% de las participaciones, es la empresa española Ferrovial.

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Cuando era alcalde de Londres, el primer ministro, Boris Johnson, se puso al frente de las protestas contra la tercera pista por el riesgo de polución y contaminación acústica que suponía el proyecto. Llegó a asegurar que se colocaría "delante de las máquinas excavadoras para evitar que las obras fueran adelante". Sin embargo, la Cámara de los Comunes dio su respaldo hace dos años al proyecto, apoyado por el Gobierno de la ex primera ministra Theresa May, con una mayoría abrumadora. El pronunciamiento parlamentario no era vinculante y se produjo en el inicio de un largo proceso administrativo que aún no ha concluido.

El proyecto de ampliación suponía una inversión de 16.500 millones de euros. Requeriría la adquisición de cerca de cuatro kilómetros cuadrados al noroeste del aeropuerto y el derribo de casi ochocientos edificios y viviendas. Según la empresa que dirige Heathrow, permitiría el tráfico de 756.000 vuelos al año frente a los 473.000 que se realizan en la actualidad. "No puede haber una Global Britain [un Reino Unido Global, en referencia al proyecto de expansión internacional ambicionado por Johnson en la era pos-Brexit] si no se realiza la expansión de Heathrow. Es así de simple. Si no ampliamos nuestro único aeropuerto central, deberemos volar a través de París para acceder a nuestros mercados globales", ha dicho John Holland-Kaye, el director ejecutivo de la gestora de Heathrow.

"La sentencia de hoy es una victoria para los londinenses y para futuras generaciones", ha señalado por su parte el alcalde de la capital, el laborista Sadiq Khan, quien ha sido uno de los mayores detractores del proyecto, y sumó a la ciudad a uno de los cuatro recursos que estudió el tribunal junto a grupos ecologistas como Greenpeace o Plan B. "Nos enfrentamos a una emergencia climática y estoy encantado de que los jueces hayan reconocido que el Gobierno no puede ignorar sus responsabilidades en la lucha contra el cambio climático", ha añadido Khan.

Durante el proceso judicial, el ministro de Transportes del mandato de May, Chris Grayling, compareció ante el tribunal para asegurar que el Acuerdo de París, firmado en 2015, no era "relevante" para influir en los planes del Gobierno. Los jueces no le han dado la razón. Mucho menos cuando en sus últimos meses el Ejecutivo de May se comprometió a adelantar el compromiso de "cero emisiones" para 2050. Downing Street podría ahora cambiar las condiciones medioambientales de la planificación que ampara el proyecto de tal modo que lo hagan viable en la práctica. De hecho, los magistrados han dejado la puerta abierta a que se rehaga teniendo en cuenta el Acuerdo de París. 

Implicaciones internacionales

La decisión no solo se estaba siguiendo con atención dentro el Reino Unido. En otros países, activistas contra el cambio climático, especialistas en derecho e inversores han estado pendientes del fallo de la justicia británica. Porque muchos entienden que el caso del aeropuerto de Heathrow puede abrir un camino similar en otros países. "Los Gobiernos ya no pueden hacer caso omiso a sus propios compromisos en el marco del Acuerdo de París al aprobar grandes proyectos de infraestructuras", ha explicado Natasha Landell-Mills, del grupo de inversión Sarasin & Partners. 

El pacto climático establece una meta global: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para lograr que el aumento de la temperatura respecto a los niveles preindustriales no supere los dos grados centígrados y, en la medida de lo posible, los 1,5. Esa es la meta común y para llegar a ella los países tienen que presentar planes de recorte de sus propias emisiones de efecto invernadero.

Esos planes son voluntarios, cada país decide lo ambicioso que quiere ser. El Gobierno británico, pionero en la legislación contra el calentamiento global y uno de los históricos líderes de esta lucha internacional, decidió situarse entre los más ambiciosos. Y el año pasado se comprometió a eliminar sus emisiones completamente para 2050, lo que indican los científicos que se debe hacer para cumplir con el objetivo de 1,5 grados. El Ejecutivo del Reino Unido actualizó así al alza su anterior compromiso, que era una reducción del 80% en 2050.

La profesora de Derecho Público Internacional Wewerinke-Singh explica que una de las "debilidades" del Acuerdo de París era esa voluntariedad de los planes: "No contiene reducciones de emisiones jurídicamente vinculantes para los Estados". La novedad ahora es que, por primera vez, un tribunal nacional falla que los objetivos que se fijan en ese pacto (esa limitación de entre dos y 1,5 grados) tienen un "efecto vinculante".

"Este litigio puede replicarse en muchos otros países donde las políticas climáticas y energéticas son incompatibles con los objetivos del Acuerdo de París", vaticina Wewerinke-Singh. Esta especialista holandesa sostiene que el caso de Heathrow "es parte de una tendencia mundial de demandas" que persiguen obligar a los Gobiernos a considerar el cambio climático cuando se aprueban grandes proyectos, incluidos los de extracción de combustibles fósiles e infraestructuras. "El Acuerdo de París se cita cada vez más en estos casos", señala Wewerinke-Singh.

Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, apunta a que en España, al igual que en Reino Unido, el Acuerdo de París forma parte ya "del ordenamiento jurídico". Y recuerda que la futura ley de cambio climático parte de ese pacto y establece que en determinadas planificaciones —como la hidrológica— se debe tener en cuenta el calentamiento global.