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El Consejo de Enfermería denuncia a su expresidente por apropiarse de la sede de la entidad

Máximo González Jurado mantiene el control del edificio, valorado en 9,5 millones, a través de una fundación

Consejo de Enfermeria
Máximo González Jurado, expresidente del Consejo General de Enfermería (CGE).

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha denunciado a su expresidente, Máximo González Jurado, por "apropiarse" de la fundación de la entidad, llamada Fundación Iberoamericana de Ciencias Sociales y de la Salud (Ficssalud).

El conflicto abierto entre el organismo y quien fue su máximo dirigente durante 30 años adquiere así un gran calado económico, ya que la Fundación es la propietaria de la sede del Consejo, un edificio tasado en 9,5 millones de euros situado en el barrio de Aravaca de Madrid.

La rocambolesca situación supone que el Consejo ha perdido el control del que es su mayor patrimonio. La Fundación, además, ingresa cerca de 1,5 millones al año en alquileres procedentes del propio Consejo y otras entidades y empresas. Un portavoz del organismo ha explicado que este “ha decidido por ahora dejar de pagar las rentas”.

El Consejo, que agrupa a todos los colegios de España, ha denunciado los hechos ante el Protectorado de Fundaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y responsable de velar para que estas entidades sin ánimo de lucro cumplan la legalidad. La entidad no descarta "llevar los hechos a los tribunales según evolucione el caso", ha explicado su portavoz.

El conflicto por la sede es el último episodio de la convulsa situación que vive desde hace unos años el Consejo, que representa a 300.000 profesionales en España que en su conjunto abonan casi 20 millones de euros en cuotas obligatorias al año. Tras tres décadas manejando con mano de hierro la entidad, González Jurado dimitió del cargo alegando "motivos personales" en octubre de 2017.

La dimisión, sin embargo, coincidió con la apertura por parte de la Fiscalía de una investigación por malversación, apropiación indebida, estafa y cohecho contra la cúpula del Consejo. Las pesquisas hallaron varios indicios de delito, pero consideraron que estos habían prescrito.

González Jurado, sin embargo, ocultó este hecho al dejar el cargo y dio paso a unas elecciones preparadas a medida —las candidaturas solo tuvieron tres días laborables para reunir los avales de 15 colegios provinciales, según denunciaron sus críticos— para que saliera elegido el actual presidente, Florentino Pérez Raya. Ambos dirigentes, estrechos colaboradores durante décadas, están hoy abiertamente enfrentados.

La actual situación es posible por la peculiar gestión de González Jurado al frente del Colegio. La Fundación fue creada en 1995 con el objetivo de "dedicarse a causas sociales y sanitarias", como la formación, según la nota hecha pública hoy por el Consejo. 

Aunque la Fundación se presentó entonces como un brazo del Consejo, que durante estos años ha volcado decenas de millones en ella —una parte de los cuales sirvieron para construir la sede—, documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS muestran que desde el primer momento González Jurado tenía el control real y único sobre la entidad. Así se nombró "presidente a título vitalicio" con "capacidad para nombrar a su sucesor". Para lograrlo, aportó a "título personal" 15.000 euros de los 180.000.

Aunque González Jurado dimitió de la presidencia del Patronato en octubre de 2017 a la vez que lo hacía del Consejo, su control sobre la entidad no decayó al apoyarse en personas de su entera confianza. Esto le permitió, según la nota del Consejo, regresar a la presidencia hace dos meses "cuando Juan Beneit Montesinos [el presidente interino elegido por el propio González Jurado] convoca ilícitamente el patronato para presentar la dimisión y facilitar que el cargo vuelva a estar ocupado por González Jurado". La entidad califica la maniobra de "pantomima perfectamente organizada, pues el propio Beneit decide quedarse en la Fundación como patrono".

Una investigación de EL PAÍS reveló el pasado mes de marzo que el Consejo ha gastado en los últimos años 25 millones de euros y asumido enormes pérdidas económicas en proyectos que han resultado fallidos, como un hotel, un complejo sociosanitario y un campus universitario, entre otros proyectos faraónicos.

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