La Fiscalía investiga a la cúpula de los colegios de enfermería de España
El Consejo de la profesión ocultó las pesquisas a sus 300.000 colegiados en las recientes elecciones
El Consejo General de Enfermería (CGE) convocó y celebró hace dos semanas unas elecciones a la presidencia sin informar a los casi 300.000 colegiados que la cúpula del organismo está siendo investigada por la Fiscalía por los delitos de malversación, apropiación indebida, estafa y cohecho, según ha podido saber EL PAÍS.
Las investigaciones arrancaron el pasado mes de julio por una denuncia del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia. Fuentes de la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid han confirmado que tres personas ya han declarado ante el ministerio público en las últimas semanas. Se trata del expresidente del Consejo, Máximo González Jurado; su sucesor en el cargo, Florentino Pérez Raya; y la vicepresidenta de la entidad, Pilar Fernández Fernández. Un portavoz del Consejo (ver información adjunta) atribuye la denuncia a "una campaña de falsedades" y niega cualquier irregularidad.
Tras ser llamado a declarar ante la Fiscalía, González Jurado dimitió por sorpresa de la presidencia del Consejo —tras 30 años ocupando el cargo— el pasado día 6 alegando "motivos personales". El organismo convocó entonces un controvertido proceso electoral en el que solo dio una semana —con el puente del 12 de Octubre en medio—, para que los aspirantes al cargo pudieran reunir el aval de 15 colegios provinciales, requisito imperativo para poder presentarse.
Pese a que tres personas anunciaron su intención de presentarse, finalmente, solo logró los apoyos necesarios el candidato oficial, Florentino Pérez Raya, que fue nombrado nuevo presidente del Consejo el pasado 16 de octubre. Pérez Raya ha sido durante las últimas tres décadas uno de los máximos colaboradores de González Jurado en el CGE. El relevo producido repite al que ambos ya protagonizaron en 1989 en el Colegio de Enfermería de Córdoba.
El CGE ocultó las investigaciones en marcha antes, durante y después del proceso electoral. Este silencio adquiere especial relevancia ya que ni siquiera los colegios provinciales tenían conocimiento de las pesquisas a la hora de decidir si avalaban a uno u otro candidato.
La denuncia, de 33 páginas, abarca prácticamente toda la gestión llevada a cabo por la cúpula del Consejo en los últimos años. Uno de los puntos más destacados es la constitución de "entramado societario" de empresas y fundaciones que ha causado "pérdidas millonarias" al Consejo con actividades ajenas a los fines de sus estatutos, como las inmobiliarias. Entre ellas, las más relevantes son la compra de un hotel en Benalmádena (Málaga), de unos terrenos en Getafe (Madrid) y el proyecto de un complejo sociosanitario en Salobreña (Granada).
Las cuentas del Consejo se nutren en su práctica totalidad de las cuotas colegiales obligatorias de los enfermeros que ejercen en España, unos fondos que ascendieron a 18,9 millones en 2015 y que según varias sentencias del Tribunal Supremo tienen la consideración de "públicos". El organismo debe dedicar estos fondos a los fines recogidos en sus estatutos, como son "la ordenación del ejercicio de la profesión de enfermería" y la "defensa de los intereses profesionales de los colegiados".
La denuncia destaca que estos fines han sido incumplidos reiteradamente y que "de los presupuestos del CGE han salido entre 2006 y 2015 hacia el entramado societario pagos directos finalistas por un total de 15,9 millones de euros".
En otros ámbitos, el texto alerta que los denunciados han despatrimonializado el organismo al poner sus bienes —entre ellos la sede del Consejo— a nombre de una fundación que en realidad no está controlada por el CGE, sino por sus directivos "a título particular". La Fundación Salud y Sociedad fue fundada en 1995 con una dotación de 30 millones de pesetas (unos 180.000 euros). De ellos, 25 millones fueron aportados por el CGE y el resto (2,5 millones cada uno) por el entonces presidente del organismo, Máximo González Jurado, y la vicepresidenta, Pilar Fernández Fernández.
Ambos fueron nombrados también presidente y vicepresidenta "vitalicios", respectivamente, y se reservaron la potestad de nombrar a sus sucesores. Esto, alertan los denunciantes, "pone en manos de los directivos la sede y todo el patrimonio pagado con fondos del Consejo". "Incluso en el caso de que perdieran unas elecciones, estos directivos mantendrían el control del patrimonio ya que tienen blindada su posición", añaden.
Investigacion@elpais.es
El Consejo atribuye el caso a una "campaña de falsedades"
El Consejo General de Enfermería (CGE) considera que las investigaciones abiertas por la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid obedecen a una "campaña de falsedades" y a "actuaciones orquestadas" por personas enfrentadas al equipo que dirige el organismo, según recoge una respuesta por escrito a este diario "Cuando termine este procedimiento, todos los que han actuado de mala fe y temerariamente recibirán una contundente respuesta con los procedimientos judiciales de todo orden", añade el Consejo.
El CGE niega que "no se haya informado a los colegios provinciales de la situación". "La existencia de la denuncia era de sobra conocida por el conjunto de la Organización Colegial pues los propios denunciantes se habían encargado de publicitarla en redes sociales", afirma. "Se ha informado de una manera prudente y adecuada, especialmente a aquellos colegios que tras las informaciones publicadas contactaron con el Consejo para pedir información", añade el escrito.
EL PAÍS, sin embargo, ha podido confirmar que cinco colegios provinciales desconocían por completo las investigaciones en marcha de la Fiscalía. "Una cosa es saber que había una denuncia. Y otra que la Fiscalía ya la está investigando y que la cúpula del Consejo ha sido citada a declarar. Esto nunca se ha hecho público por ningún medio", afirma una fuente colegial.
El CGE asegura que "desconoce" el contenido de la denuncia porque esta no les "ha sido facilitada" y añade que "es completamente falso que existan pérdidas millonarias por actividades inmobiliarias".
Las cuentas de las fundaciones y empresas que forman parte del grupo del CGE contradicen, sin embargo, esta afirmación. En solo una operación, la compra de un hotel en Benalmádena, la empresa Cofunsalud ha tenido que reflejar unas pérdidas contables por deterioro del activo de seis millones de euros, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.
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