El Consejo de Enfermería ha gastado 25 millones en proyectos fallidos

El Consejo General de Enfermería (CGE), que agrupa a todos los colegios provinciales de España, se ha gastado desde 2002 casi 25 millones de euros en tres proyectos faraónicos que han resultado fallidos. Se trata de un complejo sociosanitario en Salobreña (Granada), un campus universitario en Majadahonda (Madrid) y una gran residencia en la Costa del Sol que a fecha de hoy han quedado en nada.

Esto ha originado en la corporación pérdidas que superan los nueve millones de euros. Otros 15 millones están enterrados en un hotel de más de 200 habitaciones en Benalmádena (Málaga) al que el Consejo no puede dar —ni prevé poder hacerlo en varios años— ningún uso. La factura por estos reveses la asumen, en último término, los enfermeros, 280.000 en ejercicio en España, que pagan anualmente una cuota obligatoria que supera los 200 euros, principal vía de financiación del Consejo.

Florence Nightingale —fundadora de la enfermería moderna— fue el nombre dado al complejo de Salobreña. Allí logró el Consejo una concesión administrativa para levantar un equipamiento sociosanitario que, con 12 millones de presupuesto, tenía que ser “el centro de formación e investigación de salud más moderno de Europa”, según divulgó la corporación en mayo de 2004. Al acto asistió la ministra de Educación Pilar del Castillo (PP).

El plan tuvo poco recorrido por errores de diseño y gestión que “obligaron a hacer modificaciones y nuevos estudios, lo que disparó los costes”, detallan fuentes participantes en la fallida ejecución. Un ejemplo eran las habitaciones, “redondeadas, lo que encarece mucho los muebles, y con las puertas correderas, lo que incumple la normativa”.

Otros problemas fueron de tipo técnico, como la falta de previsión sobre el riesgo sísmico de la zona de Salobreña. Pero la puntilla la dio el Banco Pastor, ya extinto, que se comprometió a financiar el proyecto y había abierto una línea de crédito de cuatro millones —de los que el Consejo había dispuesto de la mitad—, y decidió cerrar el grifo ante las dudas que planeaban sobre el complejo, según fuentes conocedoras de las negociaciones.

El Florence Nightingale se convirtió así en un proyecto inviable, lo que llevó al Consejo a tratar de minimizar pérdidas. En 2008, presentó una reclamación al Ayuntamiento de Salobreña, al que reclamó 1,97 millones de euros por “daños y perjuicios”. El Consejo alega que un estudio propio había descubierto “graves dificultades técnicas que afectaban a la seguridad sísmica” del complejo. El Ayuntamiento replica que “el riesgo sísmico es conocido desde hace décadas”. “Nada justificaba la reclamación”, explica un portavoz municipal. El litigio entre ambas partes no se resolvió hasta 2015, cuando el Consejo cedió y aceptó finiquitar la concesión a pesar de que esto suponía renunciar a toda indemnización y pagar 310.000 euros por los cánones pendientes.

En total, el Florence Nightingale costó tres millones de euros, en una estimación conservadora de fuentes conocedoras del proyecto. El Consejo ha declinado ofrecer una cifra, aunque defiende que “cumplió siempre con la normativa vigente”.

Con los preparativos en Salobreña apenas iniciados, el Consejo se embarcó en otro ambicioso plan: un “campus sociosanitario” en Majadahonda (Madrid) con una residencia de 400 camas y un centro de formación vinculado a la Universidad Rey Juan Carlos. Todo ello, sobre más de 50.000 metros cuadrados de suelo municipal, según el convenio firmado en mayo de 2003.

El plan, sin embargo, duró aún menos que el de Salobreña. Tras otro pomposo anuncio, quedó enterrado con la dimisión del alcalde de la localidad, Guillermo Ortega (PP), en 2005, y sus problemas con el caso Gürtel. El impacto sobre las cuentas del Consejo en este caso fue reducido. “El proyecto se presentó tres semanas antes de las elecciones municipales. Era más electoralista que de base real”, resumen fuentes municipales.

Tras ambos fracasos, el Consejo no retomó sus planes de abrir “una residencia para enfermeros jubilados” —así define ahora al complejo de Salobreña— hasta 2007, cuando compró el hotel Velázquez en Benalmádena. Según los documentos consultados, una sociedad filial del Consejo acordó comprar a la empresa Vograla el hotel por 21,5 millones de euros, 13 a pagar en distintos plazos y 8,5 con la subrogación de una hipoteca.

En los primeros cuatro años tras la compra no hubo cambios visibles. Vograla siguió explotando el hotel y pagaba un alquiler al Consejo que la corporación —que había tenido algún problema con los pagarés emitidos para la compra— utilizaba a su vez para pagar las cuotas de la hipoteca que se había subrogado. La operación ni siquiera salía reflejada en las cuentas de las empresas del Consejo ya que “ambas partes decidieron no elevar a pública la compraventa hasta el fin de todos los pagos”.

Todo cambió el verano de 2011. Vograla y el resto del grupo hotelero al que pertenecía fue vendido a otro holding de empresas con tentáculos en Panamá y cuyas figuras visibles eran Genís Marfà y Pedro de la Rosa, ambos inmersos en procesos judiciales. EL PAÍS ha intentado, sin éxito, recabar su versión.

Aunque muchos detalles del caso están pendientes de resolución judicial, casi todo lo ocurrido a partir de ese momento perjudicó al Consejo. En abril de 2012, la Agencia Tributaria embargó el hotel por una deuda de 4,4 millones de Vograla. La empresa, además, dejó de pagar el alquiler que abonaba por explotar el hotel. Todo ello ha obligado al Consejo a varios litigios. En uno de ellos, en 2015, logró que el juez obligara a la Agencia Tributaria a levantar el embargo al reconocerle como legítimo propietario del hotel.

Pese a ello, el Consejo ha empezado a contabilizar parte de las pérdidas sufridas en las cuentas de su filial Cofunsalud, donde admite “la imposibilidad de un nuevo arrendamiento o enajenación [del hotel] a corto, medio o largo plazo por el complicado entorno jurídico del activo”. Un portavoz del Consejo atribuye los problemas ocurridos a “los continuos incumplimientos contractuales de la parte vendedora”, que le han impedido “incluso la toma de posesión del bien”. Por ello, no descarta nuevas acciones “civiles, contencioso-administrativas y penales”.