Victoria Rosell, una magistrada experta para combatir la violencia machista

Tal vez fue una señal. El pasado 7 de enero, en la sesión de investidura, la magistrada y diputada de Unidas Podemos Victoria Rosell lució dos mariposas moradas contra la violencia de género. Son las que teje Itziar Prats, la madre que perdió a sus dos hijas, asesinadas por su exmarido y padre de las niñas después de que ella denunciara que estaban en peligro. Las hace y las regala para concienciar sobre la violencia machista. Dos llegaron a Rosell. Ella misma lo contaba en su cuenta de Twitter: “Mientras la ultraderecha niega la violencia machista en el Congreso, muchas traemos la dignidad colectiva del feminismo y la verdad. Orgullosa de llevar hoy las mariposas que teje Itziar Prats por sus hijas Nerea y Martina”. Rosell será la próxima delegada del Gobierno para la Violencia de Género.

El nuevo puesto de esta política y juez feminista, nacida en Murcia en 1968, depende directamente del Ministerio de Igualdad que va a encabezar Irene Montero. Su currículo de la web del Congreso recoge su amplia trayectoria judicial y que es madre de dos hijas. Empezó como juez en 1997 y es magistrada desde 2000. Se licenció en Derecho por la Universidad de Valladolid. 

Ha desarrollado la mayoría de su carrera judicial en Canarias. Como juez de instrucción fue la responsable del Centro de Internamiento de Extranjeros de la comunidad autónoma. Le interesan mucho los aspectos relacionados con la trata de seres humanos.

Es socia de Jueces y Juezas para la Democracia y de la Asociación de Mujeres Juezas de España. "El nombramiento de Vicky va a ser un beneficio no solo para las mujeres sino para toda la sociedad", valora al teléfono su amiga y fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España, Lucía Avilés. "Es una magistrada con una trayectoria profesional intachable, una luchadora incansable por los derechos de las mujeres", añade Avilés, que destaca su cualificación para el nuevo puesto: "Va a suponer un paso adelante en el feminismo de Estado".  

Como diputada en el Congreso, ha ocupado los puestos de secretaria segunda de la Mesa de la Comisión Constitucional, portavoz de la comisión de Justicia y coportavoz de la comisión mixta del Defensor del Pueblo. Pero una maniobra que acabó con condena judicial la obligó a apartarse durante un tiempo de la carrera política en 2016.

El magistrado canario Salvador Alba fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a seis años y medio de prisión por prevaricación, cohecho y falsedad documental tras orquestar un ataque contra Rosell y favorecer al exministro del PP José Manuel Soria. Alba, magistrado de la Audiencia de Las Palmas, solicitó documentos de manera ilegal a un empresario con los que cuestionar la imparcialidad de Rosell.

La actuación del magistrado logró que se abriera una querella que Soria había interpuesto contra Rosell, lo que la obligó a dejar la Diputación Permanente del Congreso en la XI Legislatura y renunciar a presentarse en las siguientes elecciones. "Vicky lo pasó muy mal con todo esto", señala una compañera de Jueces y Juezas para la Democracia.

Tareas pendientes

Rosell asume el cargo de un área que tiene su plantilla muy mermada. La mitad de las plazas adscritas a la Delegacion del Gobierno para la Violencia de Género (20 de 40) están sin cubrir. En su nueva ocupación, tendrá entre sus responsabilidades impulsar la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017 y cuyas medidas apenas se han implantado. Entre ellas, mejorar y ampliar la formación de los y las jueces. Esta delegación es responsable de la verificación y recuento de los asesinatos machistas de parejas y exparejas, que han supuesto ya la muerte de 1.033 mujeres y 35 menores desde que la estadística oficial arrancó en 2003 y 2013 para el caso de los hijos e hijas, respectivamente.

También debe avanzar en la aplicación del llamado convenio de Estambul, un acuerdo europeo firmado por España en 2014 que implica, entre otros cambios, avanzar en esa estadística. El objetivo, para el que se avanzó en la pasada legislatura pero que no se terminó de concretar, es confeccionar una nueva estadística de violencia machista en paralelo a la existente que incluya a víctimas que no tenían relación de pareja o expareja con sus asesinos, como Laura Luelmo o Diana Quer.