Igualdad anuncia un cambio en la ley para que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno

La reforma aprobada en 2015 por el PP incluyó el articulado que afecta a las menores. Montero comunica el inicio de la modificación para eliminar ese criterio, aún sin fecha

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se prepara para comparecer ante la Comisión de Igualdad del Congreso, este miércoles. En vídeo: Sus declaraciones durante la comparecencia.FOTO: JUAN CARLOS HIDALGO / VÍDEO: ATLAS

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados una bomba política: la derogación de la reforma de 2015 de la ley del aborto. El cambio, para el que aún no hay fecha cerrada, supone eliminar la necesidad del consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años que quieren abortar. Esa modificación, introducida en 2015, fue todo lo lejos que pudo llegar entonces el PP en su intento de acabar con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en España. Un intento frente al que las organizaciones feministas convocaron sonoras protestas hace ya casi una década y que le costó el puesto y el fin de su prometedora carrera al entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que encontró resistencias también en su propio partido.

El cambio introducido por el PP en la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo obliga a las jóvenes de 16 y 17 años a contar con el permiso paterno para abortar. Es decir, que los progenitores pueden obligar a las mujeres de esas edades a tener un hijo no deseado. La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) calculó entonces que la medida dejaría “desprotegidas” a más de 400 menores cada año, aproximadamente una de cada 10 que abortan en esa franja de edad. No disponen de datos nuevos, explica una portavoz, porque es imposible saber cuántas renunciaron con el cambio legal.

La ministra Irene Montero ha anunciado casi de pasada la derogación en la comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, en la que ha comparecido este miércoles por la mañana para informar de los distintos planes de su gabinete para los próximos meses. Ha explicado que el Gobierno ha comenzado los trabajos para hacer efectiva la modificación “con el objetivo de que todas las mujeres tengan el derecho a decidir sobre sus cuerpos”. Montero defiende que es una reforma “más que necesaria” y ha añadido que se incluirán más cambios para que la educación sexual sea una pieza clave, ya que supone una “vacuna” en la lucha contra las violencias machistas. Su modificación, además, incluirá el derecho a las “formas más novedosas” de anticoncepción.

El compromiso de recuperar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres, también de las menores vetadas por el PP, forma parte del acuerdo de Gobierno firmado en diciembre de 2019 entre PSOE y Unidas Podemos. Pero el camino que toca transitar para conseguirlo no es sencillo. En primer lugar, Igualdad tendrá que someterlo a exposición pública y consultar y negociar con otro ministerio que encabeza su socio de Gobierno (Sanidad, en manos del PSOE) la letra pequeña de la modificación. Y después necesita la mayoría absoluta del Parlamento, es decir, 176 votos a favor.

El anuncio de Montero tuvo este miércoles diferentes respuestas entre los partidos de la oposición. El grupo republicano trasladó su apoyo mientras el partido de ultraderecha Vox consideró que Igualdad “ha equivocado la mirada”. El PP no hizo alusiones y el PSOE denunció el acoso que sufren las clínicas que realizan la interrupción voluntaria del embarazo por parte de “grupos ultras”, según las reacciones recogidas por la agencia Efe.

Otros países europeos

La asociación ACAI señala que la necesidad del consentimiento paterno “vino a limitar la única vía legal que tenían las menores en desamparo para acceder a un aborto”, entre 400 y 500 menores de 16 y 17 años, según sus estimaciones. La principal agrupación de las clínicas acreditadas pide a Igualdad que el cambio “supere incluso la anterior normativa”.

La ley de 2010 obligaba ya antes de la reforma a las menores a informar a uno de sus progenitores salvo que alegara “un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas coacciones, malos tratos, o [que] se produzca una situación de desarraigo o desamparo”. Una portavoz de ACAI argumenta que es “difícilmente sostenible” que las jóvenes de 16 y 17 años puedan decidir libremente ser madres, casarse o rechazar tratamientos médicos pero no interrumpir voluntariamente su embarazo. Y pide una legislación en línea con otros países de Europa, como Francia, donde se permite el aborto a partir de los 16 años y sin necesidad de informar a la familia.

Por otra parte, Montero ha anunciado que extenderá la atención integral que reciben las víctimas de violencia de género que son agredidas por sus parejas o exparejas a las víctimas del resto de violencias machistas, como las agresiones sexuales o la explotación sexual. Lo hará a través de un nuevo plan que prevé aumentar la asistencia telefónica y digital y los dispositivos de control telemático a los agresores y construir 50 nuevos centros de atención integral.

Combatir el síndrome de alienación parental

Igualdad quiere acabar con la aplicación del llamado síndrome de alienación parental (SAP). “Tomaremos las medidas necesarias para que el SAP deje de ser utilizado como un criterio”, ha dicho Montero, que recordó que es una “reivindicación histórica” del movimiento feminista. Se trata de una herramienta esgrimida en algunas resoluciones judiciales y que presupone que normalmente las madres manipulan a sus hijos e hijas contra sus progenitores, lo que invalida los testimonios de los menores.

El SAP carece de base científica, es descartado además en numerosas sentencias judiciales, y descalificado por la Organización Mundial de la Salud y el Consejo General del Poder Judicial. Montero ha anunciado que lo trabajará con la vicepresidencia Segunda y Justicia. Según la ministra, las consecuencias de su aplicación resultan “enormemente preocupantes” porque contribuyen a la “impunidad de formas de violencia contra la infancia y son, desde luego, inasumibles para un Gobierno feminista”.



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