“El aborto legal es un derecho. La influencia religiosa pone vidas en riesgo”

En 1989, cuando la alcaldía de São Paulo montó el primer programa público de aborto legal en el país, en el Hospital de Jabaquara, el ginecólogo obstetra Cristião Rosas fue uno de los pocos profesionales que aceptó participar de la capacitación para dar atención de emergencia a las víctimas de violencia sexual y realizar la interrupción del embarazo prevista por la ley. De formación protestante presbiteriana, el médico inició su trabajo con dudas éticas, pero estas pronto se disiparon con los primeros casos que recibió. Uno de ellos era una niña de 12 años que había quedado embarazada después de ser violada por dos hombres: “Me agarró del brazo y me dijo: ‘Doctor, ¿me saca esa cosa de adentro? Sálveme”. recuerda Rosas, de 65 años, coordinador en Brasil de la Red Médica por el Derecho a Decidir (Global Doctors For Choice, GDC).

El médico siguió a la distancia el caso reciente de la niña de 10 años que pasó por un aborto luego de ser violada por el tío, de 33, en el Estado de Espírito Santo. “En los centros de atención a la interrupción legal del embarazo, las chicas menores de 18 años son el 60% de los casos”, dice Rosas. A pesar de rezar “todos los días y todas las noches”, critica a los grupos fundamentalistas religiosos que presionaron para que la chica no pudiese realizar el procedimiento que la ley le garantiza. “Es necesario decir basta a esta intromisión en la individualidad de las personas. Se está demostrando a la sociedad que la influencia religiosa hace mal a la salud y pone la vida en riesgo”, concluye. Rosas conversó con EL PAÍS sobre los derechos sanitarios de las mujeres y la importancia de que los médicos sean capacitados para atender casos como la niña de Espírto Santo.

Pregunta. ¿Cuál es el panorama del aborto legal en Brasil?

Respuesta. La cuestión de la interrupción legal del embarazo en Brasil es un problema desde hace 80 años. En 1940, el Código Penal ya contaba con dos casos permitidos: riesgo para la vida de la madre y violación. Más recientemente, el Supremo Tribunal Federal agregó los casos de anencefalia. Pero, en los hechos, existen varias barreras al acceso. Inclusive en casos de riesgo de vida materna hay cuestionamientos por parte de la sociedad; si no fuera así, no tendríamos tantas muertes maternas con patologías graves que podrían haber sido detectadas al comienzo del embarazo.

P. Cuando se habla de violación las barreras parecen ser mayores. ¿Por qué?

R. Porque los funcionarios tienen que asumir su responsabilidad y su compromiso con los derechos de las mujeres. Si los secretarios provinciales y municipales de Sanidad no están involucrados en esto, se hace muy complicado que, en cada centro, se realice una atención tan compleja como esta que, en mi opinión, debería estar cubierta por la sanidad pública. Cuando se atiende a una víctima de violación, hay un equipo multidisciplinario que tiene que acoger, entender la historia; es todo un proceso que requiere entrenamiento. Pero las primeras barreras son las administrativas. A pesar de la obligatoriedad, los funcionarios y directores violan la ley. Hasta hoy no entiendo por qué el Ministerio Público no denuncia a esos funcionarios. Nadie está pidiendo un favor. Es un derecho civil y constitucional, y la ley obliga a las unidades de la sanidad pública a realizar esa atención.

P. ¿Usted cree que esa omisión se debe a que tanto la violación como el aborto son tabúes en Brasil?

R. Escuché una vez que “la palabra aborto es pecado, es crimen y sangra”. Y yo agrego: mata. Una palabra con tanta carga negativa, que carga con tamaño estigma social, crea un bloqueo en los responsables de las políticas y de la sanidad pública. Inclusive en nosotros, los médicos, que tenemos el deber ético y profesional de garantizar la atención y el derecho de esas pacientes. ¿Qué sentido tiene una especialidad médica como la ginecología y la obstetricia si no defiende el derecho de las mujeres? Hay un bloqueo arraigado en sociedades religiosas como la brasileña, que hace que ni siquiera se discutan temas de derechos de la mujer, género y aborto. Y ahí, la propia formación médica, desde el punto de vista humanístico, deja mucho que desear, porque no se sabe que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres también son derechos humanos reconocidos por la ONU. La mayoría de los servicios que funcionan hoy en Brasil lo hacen porque sus propios profesionales de la salud están ahí casi como héroes solitarios, pero necesitamos el apoyo de la sociedad.

P. ¿Hay barreras también entre los propios profesionales sanitarios?

R. En la Red Médica por el Derecho a Decidir defendemos el derecho de objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Sin embargo, solo puede hacer objeción de conciencia aquel profesional que, antes de la objeción, informó a la mujer sobre sus derechos, garantizó su acceso al servicio y, si por ventura o por alguna cuestión técnica, no le puede ofrecer esa atención médica inmediata. No es lo que sucede. Los servicios dicen: “Eso acá no se hace, somos objetores” y cierran las puertas. Eso se llama omisión de socorro y no objeción de conciencia.

P. ¿La situación de los centros de atención a las víctimas cambió durante la pandemia de la covid-19?

R. Ahora, durante la pandemia, [la ONG de derechos humanos] Artigo 19, que hace un mapeo de los servicios que realizan la interrupción legal del embarazo en Brasil, indica que, de los 70 centros que hay en el país, 20 dejaron de ofrecer esa atención. Eso, justamente, cuando la violencia contra la mujer aumentó.

P. ¿Cuál es el perfil de las personas atendidas en los centros de referencia para el aborto legal en el país?

R. Existen muchos mitos en relación con las víctimas. El primero es que la mujer, por la ropa que usa o el lugar donde está, es responsable de la violencia que sufre, y que las violaciones ocurren a las mujeres que salen de noche, que van a una discoteca. En realidad, más de la mitad de las víctimas son niñas de menos de 14 años. Y en los centros de atención a la interrupción legal del embarazo, las chicas menores de 18 años son el 60% de los casos, lo que solo aumenta la urgencia de que se cumpla la ley.

P. ¿Falta más preparación en los cursos de medicina para lidiar con esa realidad?

R. El aborto forma parte de la vida reproductiva de las mujeres, entonces, tiene que formar parte de la vida asistencial de los ginecólogos obstetras.

P. Sin haber tenido esa formación, ¿cómo llegó usted a entender que este era también un servicio esencial?

R. En 1989, la entonces alcaldesa de São Paulo, Luíza Erundina, creó un protocolo municipal para institucionalizar la atención del aborto previsto por la ley. Hicimos capacitaciones y algunos aceptamos realizar esa atención. Mi nombre deriva de “cristiano”, mi formación religiosa es protestante presbiteriana, entonces yo aún me debatía con esta cuestión de la vida... Hasta que un día atendí a una niña de 15 años que tenía un sangrado muy grave e ictericia. La hermana, de 17 años, me dijo que estaba embarazada y se había inyectado formol para abortar. Ya estaba casi ciega, entrando en insuficiencia renal, tuvimos que hacer una histerectomía, pero no resistió. Al saber la noticia, el padre de esa adolescente se desmoronó en el suelo, gritando y llorando desesperado. Yo lloré con él. Una semana después, atendí a una nena de 12 años que estaba embarazada después de haber sido violada por dos hombres cuando estaba sola en casa. Esa nena me dijo: “Doctor, ¿me saca esa cosa de adentro? Sálveme”. En ese momento, mi hija tenía más o menos su edad. La mirada de esa niña, que fue mi mayor profesora en la vida, hizo que se fuera la dificultad que yo tenía para comprender lo que es una violación. ¿Qué haría si fuese mi hija? No tuve más dudas en mi carrera, a pesar de tener mis creencias. Nadie tiene el derecho de decirle a una mujer que no debe abortar. Lo que no puede ser es una histeria colectiva de una sociedad hipócrita, donde las mujeres mueren sin tener información sobre sus derechos.

P. En el caso de la niña de 10 años de Espírito Santo, los servicios de salud de ese Estado alegaron que no pudieron realizar el procedimiento porque ella tenía 22 semanas de embarazo. ¿Hay un límite legal de edad gestacional para la interrupción del embarazo?

R. Puede suceder que algunos equipos no estén capacitados para realizar el procedimiento después de las 12 semanas de gestación, lo que muestra la necesidad de que los funcionarios estén enfocados en eso. Hay que capacitar a los equipos para atender a pacientes con ese perfil. Algunos servicios que ofrecen ese tipo de atención realizan el aborto legal hasta las 12 semanas, otros lo hacen hasta las 22 semanas, pero la ley brasileña no establece límites en ese sentido. La gestación puede ser algo muy doloroso y eso es algo que algunos médicos no entienden. Cuando una mujer llega y te dice: “Doctor, quiero hacer el aborto legal”, “Doctor, estoy con un demonio dentro mío”, “Doctor, sáqueme esa cosa de adentro”, es chocante. Pero es eso, un sufrimiento psicológico atroz.

P. ¿El riesgo que atraviesa una niña de 10 años durante un aborto es el mismo que atraviesa al llevar a término la gestación y pasar por un parto?

R. Ese es otro mito sobre el aborto. Esto surgió debido a la alta mortalidad provocada por el aborto ilegal. Por eso, la ONU considera que la despenalización de ese procedimiento es una de las maneras más eficaces para que los países cumplan con la meta del milenio relacionada a la reducción de la mortalidad materna. Las evidencias científicas más recientes muestran que el aborto es el evento reproductivo más seguro que existe. El riesgo de muerte es de 0,5 para cada 100.000 casos. En un parto con feto vivo, ese riesgo es de siete por cada 100.000 procedimientos. El aborto natural tiene más riesgo de muerte que el inducido, legal y seguro, realizado en una maternidad. Es evidente que esa niña tenía menos riesgo en el procedimiento de interrupción del embarazo que si se dejara eventualmente a ese cuerpito frágil, con una pelvis de 10 años, aún no desarrollada, que pasara por un parto.

P. ¿Qué les diría usted a los grupos fundamentalistas que se dicen “provida” y que ejercieron presión sobre una niña y su familia, llegando incluso a protestar frente a la clínica que la atendía?

R. Que el Estado laico no admite actitudes agresivas de intolerancia con el objetivo de imponer una visión religiosa, sea cual fuere. La ley apenas garantiza el derecho al aborto y no obliga a aquellas que, por fuerza de sus creencias, no quieran someterse a tal procedimiento. Es necesario decir basta a esta intromisión en la individualidad de las personas. Se está demostrando a la sociedad que la influencia religiosa hace mal a la salud y pone la vida en riesgo.