Igualdad se compromete a eliminar los requisitos médicos para que las personas trans puedan cambiar de sexo en el registro

El Gobierno legislará para eliminar los requisitos médicos para que las personas trans puedan cambiar de sexo en el Registro Civil, según han asegurado este miércoles fuentes del Ministerio de Igualdad. Hasta ahora se exige que lleven al menos dos años hormonándose y un informe médico o psicológico que avale la existencia de disforia de género. En el Ejecutivo de coalición, formado por el PSOE y Unidas Podemos, recientemente se ha filtrado un argumentario interno socialista que muestra discrepancias en este punto. Fuentes del Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero (Unidas Podemos), han asegurado este miércoles que la “autodeterminación de género” y la “despatologización” quedarán recogidas en el paquete legislativo para proteger los derechos del colectivo LGTBI en el que está trabajando el departamento. La afirmación llega en mitad de una tormenta dentro del feminismo, precisamente a raíz del argumentario del PSOE en el que el partido se manifiesta en contra de que “los sentimientos, expresiones y manifestaciones de la voluntad de la persona” tengan “automáticamente efectos jurídicos plenos” y defiende que la “situación de transexualidad” quede debidamente acreditada.

Responsables de Igualdad no se pronuncian al respecto y se limitan a referirse al “compromiso” del Ejecutivo, reflejado en el acuerdo de gobierno alcanzado entre Unidas Podemos y el PSOE, en el que ambos partidos sostienen que sacarán adelante tres leyes durante esta legislatura: la ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación; la ley contra la discriminación de las personas LGTBI, que “prohíba a nivel nacional las llamadas terapias de reversión”; y una ley trans “que trabaje de forma efectiva para erradicar todas las formas de discriminación” hacia el colectivo. Nada se dice sobre el derecho de autodeterminación de la identidad de género en el pacto.

El documento interno del PSOE, firmado por Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria de Igualdad socialista, y por José Luis Ábalos, ministro de Transportes y secretario de Organización del partido, se manifiesta en contra del “derecho a la libre determinación de la identidad sexual”, dado que “carece de racionalidad jurídica”. Se remiten a la ley de 2007 que regula la forma en que debe procederse para cambiar el sexo en el Registro Civil. Es esta la normativa que obliga a aportar un certificado médico o psicológico y a demostrar que la persona lleva al menos dos años sometida a un tratamiento hormonal. La misma ley que el propio PSOE quiso cambiar en 2017 con una proposición no de ley registrada en el Congreso en la que se establecía que la solicitud para modificar el registro no precisaría de más requisitos que la “declaración expresa de la persona del nombre propio y sexo registral”. Un texto que se trabajó en una ponencia con el resto de partidos políticos.

La secretaria de Movimientos Sociales del PSOE, Mónica Silvana, ha afirmado este miércoles que el argumentario se enmarca “dentro de un debate interno” y que considera que “no fue oportuno” el momento en que se conoció, hace unas semanas. Sostiene que en ese documento se refieren a la ley de 2007 porque está actualmente vigente, pero se compromete a volver a registrar en el Congreso un texto para impulsar su modificación, “como recogen los últimos programas electorales”. Sí apunta que en el argumentario se expresa la preocupación por que esto pueda suponer que se desdibuje el significado de ser mujer y con ello pueda atentarse contra sus derechos. Por ejemplo, en el documento se preguntan si, de bastar con que en un momento puntual un hombre diga que se siente mujer, “un maltratador podría señalar que se siente mujer” y por tanto pueda no ser juzgado por este delito o cómo pueda afectar esto a las políticas de paridad.

Fuentes de Igualdad aseguran que “trabajarán para garantizar que se despatologiza la autodeterminación de género, algo que reclama la ONU, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo” y que este es el “compromiso del Gobierno”. Estas fuentes precisan que el derecho de autodeterminación del género quedará recogido en la ley LGTBI y en la ley trans, aunque aún están estudiando en qué normativa de las tres que preparan incluir los cambios para que se haga efectiva la despatologización, como por ejemplo la modificación de la ley de 2007, y por tanto hagan el derecho efectivo. Por ello apuntan que deben “hilar fino” para que no haya “situaciones de ambigüedad”. Afirman que hay que compaginar este derecho con “la seguridad jurídica”. Y prosiguen: “La Organización Mundial de la Salud entiende que la transexualidad no es una patología. La ley española no puede ir por detrás”. Sin embargo, este mismo martes, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz, María Jesús Montero (PSOE), eludió responder si la autodeterminación de género estaría incluida en la ley LGTBI.

“Quiero que sepáis que vuestras vidas importan y que institucionalmente no vamos a retroceder”, ha dicho este miércoles la ministra de Igualdad durante la presentación de la campaña del Orgullo 2020, dirigiéndose al colectivo de personas trans. “Este Gobierno va a hacer todo lo posible para que vuestras vidas sean como las demás, dignas de ser vividas, vidas libres y sobre todo felices”, ha añadido Montero. Junto a ella se encontraba Boti G. Rodrigo, directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, que ha afirmado que el colectivo LGTBI “tiene hambre de derechos” y que “no se pueden dar pasos atrás ni dejar a nadie fuera”.

El argumentario socialista, un documento que se envió a los secretarios y portavoces de Igualdad y fechado el 9 de junio, recoge que el compromiso del partido “con las personas transexuales y la lucha por la consecución de sus derechos es incuestionable”. Se añade que no pretenden “cuestionar si una persona se siente hombre o mujer, independientemente de su sexo biológico o el aspecto físico que quiera manifestar, sino cómo se traslada un sentimiento y su expresión —especialmente cuando no se mantiene estable en el tiempo— al ordenamiento jurídico y qué implicaciones tiene hacerlo”. Por ello, reclaman que el respeto a los derechos individuales de las personas trans se realice “en el marco del principio de seguridad jurídica”. Y añaden que con esto se refieren a la ley de 2007 ya mencionada.

La ministra de Igualdad se había comprometido a que la ley LGTBI fuera aprobada en fase de anteproyecto por el Consejo de Ministros antes del verano, pero la pandemia ha trastocado los planes. Montero, que esta mañana ha presentado la campaña del Orgullo 2020, ha explicado que en los próximos días se abrirá el plazo de consulta previa con colectivos sociales para que hagan sus aportaciones y posteriormente elaborar el anteproyecto que se elevará al Consejo de Ministros, para lo que se apoyarán en un texto ya elaborado por organizaciones del colectivo, según fuentes de su departamento. Esta norma está más avanzada, según estas fuentes, dado que se trabajó en la anterior legislatura en el Congreso, donde se alcanzó “consenso político”. Igual que la ley de igualdad de trato, que “estuvo a punto de aprobarse” en la Cámara baja, pero la convocatoria electoral lo frustró. El texto abordará los delitos de odio y una posible defensoría de la igualdad de trato. La ley trans sí está en fase más inicial. Fuentes de Igualdad sostienen que “se trabajará en las tres normativas en paralelo” y que podrá avanzarse rápido tanto en la ley LGTBI como en la de igualdad de trato.