El Tribunal Superior vasco sentencia que la sanidad autonómica arriesgó la salud de sus trabajadores
La Corte sostiene que la falta de equipos de protección durante la pandemia comprometió a los sanitarios de forma "grave e inminente"
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha resuelto que Osakidetza, el sistema vasco de salud, incumplió las normativas referidas a la prevención de riesgos laborales durante la crisis sanitaria que ha provocado el coronavirus. Esta sentencia llega en plena campaña electoral, a apenas nueve días para las elecciones regionales.
El fallo del tribunal se produce tras la demanda del sindicato ESK, que sostiene que la falta de equipos de protección integral (EPI) conllevó “un riesgo laboral grave e inminente” para la salud de los trabajadores. En una nota de prensa publicada este viernes, ESK establece que “en relación a las mascarillas y a las batas, se dieron por Osakidetza instrucciones de uso, reutilización y lavado que nada tienen que ver con las indicaciones sanitarias”. Los trabajadores de la salud han sido uno de los principales castigados por la covid-19 por el elevado número de contagios en el ámbito hospitalario en toda España. En total, la pandemia ha provocado más de 21.000 contagios en el País Vasco y unas 1.500 muertes.
El Alto Tribunal vasco ha destacado que el empresario tiene por obligación certificar una adecuada vigilancia de la salud laboral y que las características del virus implican que el riesgo laboral de enfrentarse a ello merece clasificarse como “grave e inminente”. Así, condena a Osakidetza, a quien declara incumplidora de estas obligaciones, a tomar las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de su personal.
El juicio contra Osakidetza tuvo lugar el pasado 16 de junio tras una denuncia que presentó el propio sindicato en cuanto al presunto incumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales. El colectivo criticaba la ausencia de EPI entre los trabajadores del servicio vasco de salud y que no se siguieran los protocolos de su utilización, además de que no se realizaran test para detectar posibles infectados entre los sanitarios. La Comunidad de Aragón también ha recibido dos fallos judiciales por la desprotección de la comunidad sanitaria durante la crisis.
La plataforma sindical ha reclamado que los directivos del equipo sanitario vasco y la consejera de Salud, Nekane Murga, que pertenece al PNV dentro de su coalición gubernativa con el PSE-EE, “asuman sus responsabilidades” y dimitan por la “nefasta gestión” en unos meses que definen como “tensos” porque han “puesto en peligro la salud tanto del personal de Osakidetza como de la ciudadanía a la que asisten”.
ESK ha indicado que la crisis del virus “ha puesto encima de la mesa las carencias que sufre Osakidetza tras años de continuos recortes” y ha tildado de “negligente” la gestión de sus dirigentes. La sentencia, añaden, “deja a las claras que la Dirección de Osakidetza ha hecho peligrar la salud de toda la plantilla, como ya venía demostrando el alto porcentaje de personal infectado”.
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