Aragón suma su segunda condena por no proporcionar EPI a sus sanitarios
Un juez de Huesca falla contra el Gobierno regional por no proteger a los médicos y enfermeros durante la crisis del coronavirus
La justicia ha vuelto a fallar contra el Gobierno de Aragón, del socialista Javier Lambán, por no proteger a su personal sanitario durante la pandemia. El Juzgado de lo Social de Huesca ha condenado este jueves al Servicio Aragonés de Salud, al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y al Gobierno autonómico por no proporcionar a los médicos y enfermeros suficientes equipos de protección individual (EPI) para prevenir los contagios entre el personal. Esta sentencia se suma a la dictada en Teruel el pasado 4 de junio en el Juzgado de lo Social, la primera de este tipo conocida en España. Fuentes del Ejecutivo han confirmado que recurrirán la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad.
El fallo de este jueves, de 36 folios, es muy similar al de hace unas semanas. De hecho, también ha concluido que el Gobierno aragonés vulneró el derecho a la salud y a la integridad física de los trabajadores sanitarios por no proporcionar suficiente material de protección. Al igual que la sentencia en Teruel, en este fallo se especifica que, en el momento en que las administraciones dispongan de los EPI, estos deberán proporcionarse a todos los centros sanitarios, unidades sanitarias, centros socio-sanitarios o sociales, públicos, concertados y privados intervenidos, dirigidos o coordinados de la zona. La decisión cae en un momento complicado en la provincia, en el que las comarcas de Cinca Medio, Bajo Cinca y La Litera han tenido que volver a la fase 2 del desconfinamiento, tras registrarse varios rebrotes en explotaciones hortofrutícolas. La Consejería de Sanidad ha confirmado 49 nuevos contagios en las últimas 24 horas.
La defensa había argumentado, como ya lo hizo en Teruel, un conflicto de competencias al ser el Ministerio de Sanidad el encargado de la adquisición de EPI en la pandemia. Sin embargo, el juzgado ha estimado que el empleador directo de los sanitarios es la propia comunidad autónoma. Por lo que son ellos, y no el Gobierno central, los que deben velar por la salud de los trabajadores. Un hecho que, según la sentencia, no se cumplió a cabalidad.
Esta es una nueva victoria judicial del gremio médico. La demanda fue presentada por la Federación Aragonesa de Sindicatos y Asociaciones de Médicos Titulares y de Atención Primaria (Fasamet) el pasado 30 de abril. Esta misma organización demandó a la Administración en el juzgado de Teruel. Aún queda pendiente la resolución en Zaragoza. El presidente del sindicato, Leandro Catalán, ha celebrado la decisión de este jueves y ha añadido que “servirá como ejemplo para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro”. El juzgado de Huesca ha justificado su argumentación en un documento de la Organización Mundial de Salud del 25 de enero en donde delinea, entre otras cosas, la importancia de la utilización de EPI en el personal sanitario para evitar contagios.
En Aragón, los médicos y enfermeros se vieron en la necesidad de improvisar EPI ante la falta de material de protección, y expusieron esta situación en las redes sociales. Las quejas se acrecentaron cuando la entonces consejera de Sanidad, Pilar Ventura, declaró en las Cortes autonómicas que el hecho de que el personal improvisara sus propios EPI era un “estímulo”. Ventura terminó por dimitir el pasado 12 de mayo tras la polémica.
De acuerdo con el fallo del magistrado Eduardo Bernués, era “absolutamente necesario” adoptar medidas preventivas y reconoce que “es un hecho notorio” que ha existido una situación de desabastecimiento de equipos y medios de protección para el personal sanitario en febrero y marzo. El Gobierno de Aragón argumentó que la pandemia de la covid-19 suponía un “supuesto de fuerza mayor imprevisible e inevitable”. Algo que ha desestimado el magistrado al considerar que “desde finales de enero se puso de manifiesto que nos encontrábamos en un contexto de emergencia sanitaria internacional”.
El Gobierno autonómico recurrirá la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, según han confirmado fuentes del Ejecutivo regional. De acuerdo con estas mismas fuentes, la protesta se basa en tres puntos: que el desabastecimiento de EPI era algo que se dio en todo el mundo ante la gravedad de la pandemia; que el sistema sanitario aragonés adquirió todo lo que estuvo a su alcance en ese contexto; y que el reparto del material se hizo en función de los riesgos y con el propósito de racionarlo en la medida de lo posible.
Aprovisionamiento ante los rebrotes
Los rebrotes en tres comarcas oscenses ha generado preocupación en los sindicatos, que temen que una situación como la de las primeras semanas de la pandemia se repita. El pasado miércoles, la Fasamet remitió a la consejera de Sanidad, Sira Repolles, una carta en la que pide que se cuente con un stock necesario ante los nuevos casos que se han registrado en la provincia. José Manuel Aspas, responsable jurídico de Fasamet, ha señalado que “la sentencia debe servir para que los sanitarios cuenten con los elementos suficientes para contener los brotes”.
En el sindicato ven con “expectación” la promesa de la Consejería de Sanidad de que habrá material suficiente, anunciada en una reunión del pasado 3 de junio. Sin embargo, Leandro Catalán, dirigente de Fasamet, ha denunciado que ya hay falta de guantes en algunas regiones de Aragón.
La preocupación ante una posible falta de aprovisionamiento también ha sido compartida en la sentencia. El magistrado ha advertido: “Se deduce del informe aportado de fecha 22 de mayo” que “en la actualidad aún existen problemas de aprovisionamiento en algunos equipos”.
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