Las comunidades rurales en América Latina se enfrentan al avance del coronavirus

El coronavirus en América Latina comenzó en las ciudades y poco a poco se ha acercado a las comunidades rurales. En mayor o menor medida la relación del binomio ciudad-campo ha condicionado el avance de la pandemia en la región que al día de hoy es considerada el epicentro de la pandemia por la Organización Mundial de Salud (OMS). Tras casi tres meses del cierre de actividades, algunos países latinoamericanos han comenzado gradualmente a abrir algunas de sus actividades económicas bajo la latente amenaza de rebrotes y la expansión de la epidemia a regiones alejadas.

La Organización Panamericana de Salud (OPS) ha advertido esta semana de que la pandemia se encuentra en uno de los momentos más críticos para el continente Americano y que la reapertura debe hacerse con cautela. “Debemos ser cuidadosos. No abran demasiado rápido, o corren el riesgo de un resurgimiento de covid-19 que podría borrar la ventaja obtenida en los últimos meses. Consideren un enfoque geográfico para el bloqueo y apertura basado en la transmisión en entornos locales específicos”, dijo Carisa Etienne, directora de la organización.

Más de la mitad de los casos de coronavirus a nivel mundial –un 55%– registrados en la última semana se encuentran en América. Latinoamérica concentra 1,2 millones de contagiados de la covid-19 y 57.800 muertos por la enfermedad, la mayoría en Brasil, México, Perú, Ecuador, Chile y Colombia. La OPS señala que en los últimos días el aumento del número de nuevos contagios en Latinoamérica ha representado más de un tercio del total mundial. “Es una preocupación seria que debería servir como una llamada de atención para redoblar nuestros esfuerzos”, dijo Etienne.

La región es diversa pero las características de sus zonas rurales convergen, principalmente, en sus carencias. Las comunidades que suelen estar alejadas de los centros urbanos padecen la escasez de servicios básicos, como agua potable, que contribuyen a aminorar la expansión de la enfermedad. Además, los servicios sanitarios no llegan a toda la población y, en muchos casos, los habitantes de las zonas rurales tienen que hacer largos viajes a las ciudades para acceder a la sanidad pública. Cada país latinoamericano ha abordado con un enfoque distinto la protección a las comunidades rurales, donde además habitan algunos pueblos indígenas. Así se vive la pandemia en los sectores rurales de América Latina:

Perú: autoaislamiento para protegerse del virus

Un porcentaje importante de la población rural en Perú son trabajadores temporales en Lima y en ciudades intermedias. Entre enero y marzo, debido a la cuarentena y anulación de las actividades económicas no esenciales, perdieron sus empleos. El Gobierno calculó hasta inicios de mayo que más de 200.000 personas se registraron en padrones para el retorno coordinado con sus regiones, pero solo fue posible gestionar el traslado de 18.000 de ellos. La gran mayoría volvió al campo caminando, tanto a comunidades andinas como amazónicas.

El economista José de Echave comentó a EL PAÍS que tras la declaratoria de la emergencia, muchas comunidades de las provincias altas de Cusco, como Chumbivilcas y Espinar; Grau en Apurímac; la región Puno; y comunidades ubicadas en el Gobierno Autónomo Wampís, en la Amazonía norte, cerraron sus territorios para protegerse. “El Estado no tuvo ninguna iniciativa para evitar el avance de la pandemia en pueblos indígenas, las poblaciones rurales con experiencia en control territorial aún juegan un papel importante en la contención del contagio”, dijo. “Lo único que unía a estas poblaciones con las ciudades era la economía, y en condiciones como estas, las ciudades se vuelven más agresivas”.

La presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), Melania Canales, cuestiona que la respuesta gubernamental a la pandemia no se haya adecuado a los pueblos originarios. “En la comunidad, no puedes ‘quedarte en casa’, como pide el Gobierno. Tienes que seguir yendo a la chacra y seguir con la crianza de los animales. No involucraron a las comunidades en la estrategia”, criticó en una entrevista en el diario La República. Agricultores que no han recibido subsidios en Carapongo, en la zona agrícola de Lima, señalaron en una radio noticiosa que no pueden registrarse para solicitarlo porque la plataforma digital pide el código de suministro de electricidad. “Muchos no tenemos ni electricidad ni móvil inteligente”, advirtió una ciudadana.

Brasil: Una sanidad frágil y distancias inmensas en la Amazonia

El coronavirus se extiende hacia el interior de los estados brasileños en cuyas capitales anidó primero y hacia los estados menos afectados, los del sur. Una de las ciudades más remotas donde ha causado estragos es São Gabriel da Cachoeira, ubicada a orillas del río Negro, en el corazón de la Amazonia. “La escuela cerró el 20 de marzo y hace tiempo que solo llega la balsa que trae alimentos”, explica Odete por teléfono desde esta ciudad que queda a 800 kilómetros de la Unidad de Cuidados Intensivos más cercana. “La gente no obedece mucho [la orden de quedarse en casa], se lo digas en su lengua o en portugués”, añade esta vecina de la ciudad más indígena de Brasil.

Conscientes de su vulnerabilidad, las autoridades locales crearon pronto un comité de emergencia. Pero las primeras medidas para aislar la ciudad seguidas, en abril, por una clausura total no impidieron la llegada de la covid-19. El virus ha matado a 23 de los 45.000 vecinos y contagiado a más de 1.800 mientras se propaga veloz por la descomunal selva tropical. Los mapas oficiales están repletos de puntitos rojos que indican municipios con contagios.

São Gabriel da Cachoeira tuvo una fuerte crisis sanitaria que superó con la llegada de médicos intensivistas de refuerzo. Ahora dispone camas de semi UCI con respiradores, explica Vitoria Ramos, de Médicos Sin Fronteras, ONG que está a punto empezar a trabajar en la zona para reforzar la red sanitaria pública. Añade que ahora están haciendo muchos test. “Nuestra preocupación son las ciudades próximas y las aldeas indígenas. Las distancias son gigantescas, eso dificulta mucho el acceso a la salud y además son poblaciones descuidadas por las políticas públicas sanitarias”, añade esta especialista en asuntos humanitarios. Incluso la información sobre casos sospechosos tarda llegar a las estadísticas oficiales. La ONU está preocupada por el creciente impacto en los indígenas, especialmente vulnerables. De los 7.000 fallecidos en la Amazonia brasileña, 54 eran indígenas.

El Gobierno estatal ha duplicado sus UCIs aéreas. Seis aeronaves trasladan a los pacientes más graves a Manaos, donde la situación ya no es tan mala como cuando en mayo colapsaron la red sanitaria y la funeraria. “Ahora no hay una pelea por las camas, pero, si hay una segunda ola de contagios, va a ser un problema”, advierte Ramos desde Manaos. La fragilidad del sistema unida a la reciente apertura del comercio preocupan.

Colombia: el abasto de alimentos para las ciudades contagia al campo

Los mayores brotes en Colombia han ocurrido en grandes ciudades como Bogotá, Cali y Cartagena. Después de una cuarentena nacional que se extendió por más de dos meses, esta semana el país entró en una nueva fase de aislamiento con numerosas excepciones que permitieron a millones de personas regresar a las calles. Sin embargo, en esas tres populosas urbes duramente golpeadas por la covid-19 se mantiene una cuarentena estricta al menos hasta mediados de junio. Entre las medidas ordenadas por el Gobierno nacional está “intensificar las acciones de vigilancia en salud pública” en las principales plazas de mercado y centros de abasto. Los contagios en esos lugares, que son un puente entre los productores rurales y las habitantes urbanos, se han convertido en una de las mayores preocupaciones de las autoridades sanitarias, que han detectado que desde ahí se propaga el virus a las ciudades.

Con al menos 74 casos, Corabastos, la mayor central de abastos del país, ha sido una preocupación constante para la Alcaldía de Bogotá y un ejemplo ilustrativo. Cerca de 1.000 camiones de distintas regiones del país ingresan cada día con aproximadamente 10.000 toneladas de alimentos. Allí confluyen productores campesinos, transportadores, compradores y revendedores no solo de la capital, una urbe de más de siete millones de habitantes, sino también de Cundinamarca, el departamento que la rodea. “Por lo menos 20 municipios de Cundinamarca tienen casos de covid-19 cortesía de Corabastos, pues muchos campesinos vienen a descargar el producto y ahí se contagian. Esta central es responsabilidad de todos”, ha señalado la alcaldesa Claudia López. Además, Corabastos se ubica en el occidente de Bogotá, en la localidad de Kennedy, que está bajo un confinamiento excepcionalmente estricto por su alta concentración de casos. La alcaldesa ha descartado de plano la posibilidad de cerrar completamente la central, pues eso generaría desabastecimiento de alimentos, pero ha planteado que opere al 35 por ciento de su capacidad y solo atienda a vendedores mayoristas para evitar aglomeraciones. Las medidas –que incluyen el cierre preventivo de algunas bodegas– han provocado protestas de comerciantes.

A más de mil kilómetros se encuentra otro gran foco de contagios y preocupación: Leticia y el selvático departamento de Amazonas, en el extremo sur del país, que con apenas 79.000 habitantes ya reporta cerca de 2.000 casos detectados y 65 muertos. Es la mayor cantidad de positivos por millón de habitantes en Colombia. Ese vasto territorio, que comparte una borrosa triplefrontera con Perú y Brasil, tiene una población dispersa y mayoritariamente indígena que carece de una adecuada red hospitalaria. Cuando un paciente presenta complicaciones se suele remitir en avión hasta Bogotá, una operación que se dificulta en momentos en que el espacio aéreo está cerrado por la crisis sanitaria. Amazonas es un reflejo de la vulnerabilidad de las comunidades indígenas, algunas de las cuales han optado por aislarse en sus resguardos, lejos de las ciudades, ante el temor de contagiarse.

México: de los municipios de la esperanza a la normalidad

En las regiones rurales de México la vida continuó a pesar del cierre en las grandes ciudades. El Gobierno mexicano designó en mayo a 323 municipios del país como “municipios de la esperanza”, dado que allí no se registraron casos de la covid-19, sin embargo el país norteamericano ha sido cuestionado sobre esta decisión debido a que en algunos de ellos ni siquiera se hicieron pruebas a la población. Estos municipios son principalmente rurales, alejados de los centros urbanos y con población mayormente indígena. Estados como Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Chihuahua y Guerrero concentraron algunos de estos municipios que hasta hace unas semanas se han conservado ajenos a la pandemia.

“No preocupan las zonas rurales, los patrones de distribución de la epidemia muestran que esta está relativamente concentrada en zonas urbanas En algún momento, esta barrera se va a perder y va a afectar con mayor intensidad a las personas que menos tienen”, explicó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell en una de sus conferencias de prensa. Algunas de estas localidades han implementado el bloqueo de entrada a los forasteros, aprovechando estructuras de vigilancia y seguridad comunitarias que han organizado en los últimos años ante el aumento de la violencia.

La mayoría de estas comunidades se encuentran enclavadas en zonas montañosas y de difícil acceso. La atención sanitaria es escasa y los hospitales dedicados a atender a los enfermos de la covid-19 se encuentran, generalmente, en centros urbanos. Aunque el riesgo de que los contagios se trasladen a las zonas rurales, el Gobierno ha comenzado ya el regreso escalonado a las actividades económicas en algunas ciudades. En una paradoja, las autoridades sanitarias reconocen que todo el país está en un nivel alto de contagio y han delegado la responsabilidad sobre la apertura a los gobiernos de los Estados.

Argentina: escasos casos en las provincias y salvoconductos

La covid-19 se ha ensañado con las grandes ciudades argentinas y ha dejado casi indemne a las zonas rurales, donde solo vive el 8% de la población. En el epicentro están Buenos Aires y su extrarradio, con casi 13 millones de personas, equivalentes al 32% de todos los habitantes de Argentina. En ese conglomerado se han registrado hasta el viernes 16.400 casos positivos, contra 2.876 infectados repartidos en 2,8 millones de kilómetros cuadrados de territorio casi deshabitado. En el último parte del jueves, 16 de las 23 provincias argentinas registraron un caso o ninguno. El resto, salvo Buenos Aires, menos de diez.

Las autoridades no esperan que la covid-19 sea alguna vez un problema en el interior de Argentina, que hoy concentra apenas el 15% de todos los infectados nacionales. Hay provincias que no registran casos positivos, como Formosa (norte), o Catamarca (centro-oeste). En otros distritos como La Pampa, Salta, San Juan, San Luis, Chubut o Jujuy, el virus apenas ha afectado a menos de 20 personas en cada una. Aunque es pronto para balances, porque Argentina no ha ingresado aún al pico de la pandemia, los sanitarios aseguran que el confinamiento que rige desde el 20 de marzo en todo el país ha impedido la propagación del virus en las áreas poco pobladas. Hoy, más del 90% de los nuevos casos se producen en la región metropolitana de Buenos Aires.

La cuarentena ya es menos estricta en el interior, pero las provincias mantienen aún duras restricciones de circulación hacia otras regiones. Ha habido incluso casos extremos de aislamiento, con terraplenes que cortan las carreteras en las fronteras internas. El celo aislacionista creó en algunos casos situaciones dramáticas, como la muerte de un hombre de 42 años aplastado por su auto cuando intentaba llevar alimentos a sus hijos entre dos pueblos separados por la frontera entre Córdoba y San Luis. El conductor murió cuando intentaba desatascar su vehículo de un gran montículo de tierra colocado sobre el asfalto desde el lado de San Luis. Los vecinos de ambos lados, enfurecidos, chocaron con la policía y derribaron el muro. Desde San Luis se comprometieron entonces a realizar un censo de la población que tiene familias a ambos lados de la frontera, que en tiempos normales no es más que un cartel indicador en la carretera, sin mayores controles. Todos necesitarán, ahora, un salvoconducto para ir de un lado al otro de esa línea imaginaria.