La crisis del coronavirus

Cinco muertos en motines en cárceles argentinas durante la cuarentena por el coronavirus

Organismos que velan por el cumplimiento de los derechos humanos piden que se conceda arresto domiciliario para la población de riesgo

Operativo policial para sofocar un motín en la cárcel de Las Flores, en la provincia argentina de Santa Fe.
Operativo policial para sofocar un motín en la cárcel de Las Flores, en la provincia argentina de Santa Fe.

El miedo al coronavirus se ha propagado con rapidez por las cárceles de Argentina. Cinco presos han muerto en los últimos días en motines en distintas cárceles del país donde los internos exigen excarcelaciones y medidas de prevención que eviten que el Covid-19 cause estragos en las unidades penitenciarias. Los internos denuncian que no reciben jabones, alcohol en gel ni otros elementos de higiene para prevenir el contagio. No pueden cumplir la distancia de seguridad porque están hacinados. La atención médica que reciben es deficiente. Y al temor al coronavirus se le suma el hambre por haber dejado de recibir los alimentos que sus familiares les hacían llegar en las visitas, suspendidas por la cuarentena obligatoria decretada para todo el país por el presidente, Alberto Fernández.

“La autoridad no está cumpliendo con la cuarentena. Se hacen cambios de guardia por semana con 2.150 efectivos aproximadamente que ingresan a la unidad y no están tomando precaución con los enfermeros ni con los maestros”, denuncia en un vídeo un recluso de la cárcel de Coronda, escenario de uno de los motines, en el que murió un preso el pasado lunes. “No nos dejan pasar alimentos y la comida de acá es incomible”, continúa el mismo preso, que oculta su rostro tras un pañuelo y una gorra.

Organismos responsables de velar por el cumplimiento de los derechos humanos en las cárceles argentinas coinciden con la vulnerabilidad de los reclusos ante la pandemia global. “La situación de las cárceles ya era muy compleja y grave por las condiciones de hacinamiento y sobrepoblación”, advierte Sandra Raggio, directora general de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM). “Hay que tomar medidas urgentes para bajar la población carcelaria y que se concedan prisiones domiciliarias para población de riesgo, como mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con patologías graves”, agrega Raggio.

Abogados como Gustavo Feldman solicitan que ante esta situación excepcional, los presos que cumplen prisión preventiva sean excarcelados a la espera de juicio. Como medida alternativa propone que sean privados de libertad en sus domicilios por considerar que el cierre de fronteras decretado por el Gobierno y la vigilancia policial en las calles para garantizar la cuarentena obligatoria disminuyen el riesgo de fuga.

A pedido de la Justicia, el servicio penitenciario trabaja en un listado de presos que podrían optar por el arresto domiciliario, pero hasta el momento las medidas preventivas van en dirección contraria. Los presos que gozaban de salidas transitorias han perdido temporalmente ese beneficio para reducir el riesgo de propagación del coronavirus.

“Hay miedo e incertidumbre”, asegura Andrea Triolo, directora general de la Dirección de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que supervisa las cárceles federales de Argentina. Triolo destaca que reciben numerosas llamadas de presos al teléfono de guardia en el que denuncian la falta de elementos de higiene, de comunicación y de comida. “La alimentación de las personas presas en gran parte está solventada por lo que los familiares ingresan durante las visitas o dejan en los depósitos. Los presos entienden la suspensión de las visitas pero esa medida se tiene que complementar con otras como reforzar la alimentación, la entrega de elementos de higiene y la comunicación”, subraya.

Triolo detalla que hasta el momento no se ha confirmado ningún caso de coronavirus en una cárcel federal argentina, pero sí hay varios presos aislados de forma preventiva que por ahora no presentan síntomas.

Las autoridades penitenciarias argentinas investigan si los motines en las cárceles de Coronda y Las Flores —donde se produjeron cuatro muertes— estuvieron coordinados para aumentar las posibilidades de fuga y creen que hubo un intento de aprovechar la situación excepcional que vive el país por la pandemia. Los presos advierten que las protestas continuarán si no se atienden sus demandas para evitar contagiarse. Raggio admite que desde el inicio de la cuarentena ha aumentado la conflictividad en las cárceles y solicita “actuar preventivamente” para evitar nuevos estallidos de violencia.

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