El Gobierno se incauta de 600.000 mascarillas en una nave del polémico ‘rey del carbón’

Victorino Alonso, el empresario leonés de la minería conocido como el rey del carbón que lleva décadas envuelto en polémicas y casos judiciales, también está involucrado en una enorme incautación de mascarillas con motivo del estado de alarma decretado por el Gobierno ante la pandemia del nuevo coronavirus. Alrededor de 600.000 mascarillas han sido retiradas por la Policía Nacional de una nave en Ponferrada (León) propiedad de una empresa de Alonso, según informa la Delegación del Gobierno central en Castilla y León. De ellas, 158.000 han sido entregadas ya a la Junta de Castilla y León y el resto están a disposición del Ministerio de Sanidad, según las mismas fuentes.

El domingo pasado, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció que su Gobierno estaba estudiando abrir acciones legales contra el empresario que “guardaba indebidamente” este material. Y no descartó una denuncia por la vía penal. Fernández Mañueco sostuvo que la Junta ya había recibido 158.000 mascarillas, que serán repartidas entre el personal sanitario de la comunidad.

La empresa en la que estaban las mascarillas se llama Herramientas del Bierzo SL y sus gestores, a través de un comunicado adelantado por Leonoticias, argumentan que era material de protección contra el polvo para los trabajadores de las minas y canteras. Además, sostienen que las administraciones eran conocedoras de su existencia porque unas 400.000 mascarillas figuran como garantía ante la Seguridad Social en uno de los múltiples pleitos que el grupo del empresario tiene abiertos. La Delegación del Gobierno asegura que en el almacén se localizaron 600.000, de las que efectivamente 400.000 estaban embargadas. Y que la policía llegó hasta ellas a través de un “chivatazo”.

Los agentes acudieron a la nave para requisar las mascarillas el 19 de marzo. Y el viernes 20 la Abogacía del Estado solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que se levantara el embargo para “que el Estado pueda disponer de las mismas a la mayor brevedad para coadyuvar a la protección del personal sanitario del Sistema Nacional de Salud”. El TSJCL, ese mismo viernes, levantó el embargo sobre las mascarillas, que ya están a disposición del Ministerio de Sanidad.

Alonso lleva décadas enredado en pleitos, demandas y expedientes administrativos, cuyas peores consecuencias esquiva a base de declararse insolvente, a pesar de haber recibido durante décadas millonarias subvenciones por la minería del carbón. Pero hace un par de años las cosas empezaron a ponerse feas para Alonso. A principios de 2018, fue condenado a dos años de cárcel y a una multa de 25 millones por destrozar un yacimiento prehistórico de Huesca, la Cueva de Chaves, para construir abrevaderos de cabras en una finca de su propiedad. Alonso se volvió a declarar insolvente y logró no hacer frente a la multa; tampoco ingresó en prisión al no superar los dos años la condena.

En septiembre de 2019 la Audiencia Provincial de León le condenó a la pena de dos años y seis meses de prisión por explotar ilegalmente durante 13 años una mina a cielo abierto en El Feixolín, en Villablino (León), un paraje protegido. La sentencia está recurrida ante el Tribunal Supremo por la Fiscalía, que reclama una pena mayor para este empresario que se ha visto ahora envuelto en esa enorme confiscación de mascarillas.

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