Condenado el ‘rey de la mina’ por convertir una joya neolítica en un abrevadero de cabras

La sentencia ya es firme: Victorino Alonso, el polémico empresario minero, tendrá que pagar la multa de 25,5 millones de euros que un juzgado de Huesca le impuso en noviembre de 2016. La Audiencia de Huesca acaba de confirmar que Alonso cometió un delito contra el patrimonio histórico cuando dio la orden de destruir la Cueva de Chaves, un yacimiento neolítico situado en un paraje de Casbas (Huesca) para instalar comederos y abrevaderos de cabras en su finca de caza.

El fallo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, acepta solo uno de los motivos del recurso que presentó la defensa del empresario: que el proceso judicial se dilató de forma indebida. Desde que se inició la instrucción del caso, tras una denuncia de la asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio (APUDEPA) y de Ecologistas en Acción, transcurrieron siete años, con "periodos de inactividad" que a juicio del tribunal permiten estimar la atenuante de dilaciones indebidas. La condena de prisión pasa por tanto de dos años y medio a dos años. 

La Audiencia ha confirmado una sentencia histórica para la protección del patrimonio en España. El fallo no admite recurso, aunque el abogado de Alonso, César Garnelo, señaló a este diario que no descarta presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. "No estamos conformes con la sentencia, aunque no nos queda más remedio que acatarla", dijo en conversación telefónica. El empresario, que ha tenido cargos en medio centenar de empresas aunque apenas tiene patrimonio a su nombre, difícilmente podrá hacer frente al pago de 25,5 millones de euros. "Mi cliente es jubilado y pensionista y ya fue declarado insolvente hace años", dijo su abogado. Fue durante un pleito con su exmujer, porque se negaba a pagarle la pensión.

Un yacimiento conocido y en estudio

La Cueva de Chaves era un yacimento arqueológico situado dentro de una finca de caza propiedad de una de las empresas que controla Alonso, Fimbas. La finca, a su vez, está incluida en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, y por tanto dentro de la Red Natura 2000, es decir, en un entorno protegido por sus valores naturales. Pese a que el yacimiento era conocido, y cada verano la empresa de Alonso autorizaba la entrada a los arqueólogos que lo estudiaban, en 2008 se descubrió que se habían hecho unas obras para nivelar el suelo de la cueva que arrasaron con los restos arqueológicos.

Según ha quedado probado en la sentencia, en octubre de 2007 una retroexcavadora "de gran tonelaje" retiró losas y sedimentos de la cueva, en concreto 2.247 metros cúbicos de restos que se depositaron en un barranco cercano. El suelo de la cueva quedó nivelado para colocar comederos y abrevaderos para la cría de cabras, y se utilizó parte del material para construir un dique de contención de aguas cercano a la cueva. "Tales obras supusieron la práctica destrucción del nivel neolítico del yacimiento", señala el fallo. Más de 1.000 de los metros cúbicos de restos retirados eran sedimentos arqueológicos.

"Como haber destruido Barcelona"

La sentencia recoge las valoraciones que distintos peritos hicieron sobre la Cueva de Chaves durante el juicio. La catedrática de arqueología Pilar Utrilla la calificó como "el segundo yacimiento neolítico más importante de España", el primero con respecto a fauna y poblado. Allí se descubrieron restos decisivos para el estudio de la evolución de especies como el lince ibérico y el ya extinguido bucardo. Utrilla usó esta comparación para ilustrar la importancia del yacimiento: "El haber destruido la cueva de Chaves significa, a nivel neolítico, haber destruido Barcelona".

La defensa de Alonso intentó desacreditar los informes de los expertos que presentaron las acusaciones, entre la que se encuentra el Gobierno de Aragón. Varios de ellos explicaron durante el juicio el interés histórico y científico de la Cueva de Chaves, no solo de las piezas halladas y de las que se perdieron, sino del contexto destruido. "Con lo que el daño ya no es solo material, sino que afecta esencialmente a la investigación y estudio de las piezas y objetos hallados", señala el tribunal en el fallo.

Los expertos "pusieron de manifiesto que el yacimiento era irrepetible e irremplazable, y el daño es irreparable e irrecuperable", escriben los magistrados. En cambio, la defensa se centró en cuestionar el daño y rebajar la importancia de la cueva, pero con unos criterios, asegura el fallo, "que no ofrecen la misma fiabilidad".

Durante el juicio el empresario siempre negó haber tomado las decisiones que acabaron con la destrucción del yacimiento. Sin embargo, los testigos confirmaron que él era "el que mandaba", "el que daba las órdenes a todos". La Audiencia de Huesca confirma que la prueba de cargo es más que suficiente y que, pese a no figurar Alonso como propietario de la finca, ha quedado probado que era "administrador de hecho" y que ejercía efectivamente la administración de la sociedad que controlaba la finca.

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