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El ‘rey de la mina’ se libra de la cárcel tras declararse insolvente

El mayor empresario del carbón, Victorino Alonso, fue condenado a dos años de prisión y a pagar 25,5 millones por destruir un yacimiento neolítico en Huesca

Victorino Alonso, en una manifestación en 2012 por las ayudas al carbón.
Victorino Alonso, en una manifestación en 2012 por las ayudas al carbón.

El polémico empresario minero Victorino Alonso se libra de la cárcel. El juzgado de lo penal número 1 de Huesca ha suspendido la ejecución de la pena de dos años de cárcel a la que fue condenado en firme en enero pasado por destruir uno de los yacimientos prehistóricos más relevantes, la Cueva de Chaves, para construir abrevaderos de cabras en su finca de caza. Alonso fue condenado a dos años de cárcel y a pagar una multa de 25,5 millones de euros. No entrará en prisión porque se ha declarado insolvente y porque sus antecedentes penales son posteriores al momento en que cometió los hechos.

La Audiencia de Huesca confirmó en enero que el magnate minero cometió un delito contra el patrimonio histórico cuando dio la orden de arrasar con una retroexcavadora la Cueva de Chaves, un yacimiento neolítico aún poco estudiado situado en un paraje de Casbas (Huesca) para instalar comederos y abrevaderos de cabras en su coto de caza. "Nunca sabremos lo que se ha perdido en Chaves", aseguró durante el juicio Juan Luis Arsuaga, codirector del yacimiento de Atapuerca y premio Príncipe de Asturias. La cuantía de la indemnización, 25,5 millones de euros, fue histórica para la defensa del patrimonio.

Inicialmente Alonso había sido condenado a dos años y medio, pero la Audiencia restó seis meses por dilaciones indebidas. Desde que empezó a investigarse el caso, tras una denuncia de la asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio (APUDEPA)y de Ecologistas en Acción, hasta el juicio transcurrieron siete años. Ahora esa rebaja en la pena ha resultado determinante para que el empresario no entre en prisión. En su caso, según el auto del juzgado, al que tuvo acceso EL PAÍS, se dan las tres condiciones necesarias para suspender la pena. La primera, que esta no supere los dos años.

El segundo requisito es que el condenado carezca de antecedentes penales. Alonso sí los tiene, pero son posteriores al momento en el que se cometieron los hechos (octubre de 2007), por lo que no se tienen en cuenta. El que fuera el mayor empresario del carbón en España tiene un largo historial de problemas con la justicia. En 2010 el Tribunal Supremo condenó por fraude en la calidad del mineral a varias de sus sociedades. En 2016 la Audiencia Provincial de Oviedo confirmó que Unión Minera del Norte (UMINSA) y Coto Minero Cantábrico (CMC), del grupo del empresario leonés, debían pagar a Hunosa más de 46 millones de euros por la desaparición de 577.924 toneladas de carbón

El tercer requisito consiste en que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles originadas, es decir, que ya se haya pagado la indemnización a la que fue condenado. Esto no ha ocurrido, pero el Código Penal establece una salvedad: que el penado no pueda hacer frente a la muta. Alonso se declaró insolvente por decreto el pasado 27 de septiembre. No es la primera vez. En los años noventa, durante un pleito con su exmujer para no pagarle la pensión, también se declaró insolvente.

En conversación con este diario, su abogado, César Garnelo, declaró hace unos meses en relación con el pago de la indemnización: "Mi cliente es jubilado y pensionista y ya fue declarado insolvente hace años". EL PAÍS ha intentado contactar con él este martes, sin éxito. Alonso tiene embargada su pensión de jubilación y cada mes realiza "pagos parciales" de la indemnización, algo que también ha tenido en cuenta el juez de Huesca a la hora de considerar que está haciendo frente a los pagos en la medida de sus posibilidades. El empresario ha tenido cargos en medio centenar de empresas durante las últimas décadas, aunque apenas tiene patrimonio a su nombre.

La empresa Fimbas, que fue condenada como responsable civil subsidiaria, ha ofrecido en dación en pago la finca de caza donde estaba el yacimiento neolítico, de la que es propietaria aunque en el juicio quedó demostrado que era Alonso quien daba todas las órdenes. El Gobierno de Aragón ha manifestado que va a aceptar la finca como pago parcial de la deuda. Según una tasación de la empresa, el valor de los terrenos es de casi 12,7 millones de euros. Como tanto Alonso como la mercantil "están haciendo frente al pago", señala el auto, "no cabe negar el acceso al beneficio de la suspensión de la pena al condenado por el hecho de no haberse pagado la responsabilidad civil en su totalidad". Los abogados de Apudepa decidirán mañana miércoles si recurren el auto.

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